Obstáculos agrícolas amenazan ahora el despegue de las renovables

Esta es una carrera de obstáculos inacabable. Primero, fue la resistencia de sectores que invocaban la protección del paisaje; luego, la Generalitat aprobó una normativa tan restrictiva que provocó el colapso de los proyectos de las energías renovables durante 10 años, y ahora son sectores del mundo rural y agrícola los que plantan cara al despegue de las energías limpias que se está dando en Catalunya.

El nuevo decreto del Gobierno catalán (noviembre del 2019) destinado a favorecer la implantación de fuentes de energía renovable (fotovoltaica y eólica) ha sido muy bien acogido por parte de los promotores. Desde que se aprobó (fue una de las medidas derivadas de la declaración de emergencia climática), se han presentado propuestas para crear 50 nuevos parques eólicos y 52 instalaciones fotovoltaicas.

Las nuevas condiciones legales han cambiado el marco legal. Y ahora éste es más favorable.

Una reglamentación menos restrictiva que la anterior y la extraordinaria reducción de costes de generación de las energías renovables en los últimos años –que hacen innecesarias ya las primas– explican este despegue.

Las nuevas condiciones han propiciado un boom de parques eólicos y fotovoltaicos

Otro factor que lo favorece es la elevada capacidad de conexión a las redes de transporte de la electricidad que tendrían las nuevas infraestructuras energéticas de Catalunya tras años de escaso aprovechamiento.

Todo esto permite subsanar las carencias de la anterior planificación de la Generalitat (promovida en el año 2009 por el tripartito), y que se saldó con fracaso: prácticamente cero instalaciones nuevas en 10 años.

Una vez abierta la ventanilla , se han presentado propuestas para instalar (en esos 50 nuevos parques eólicos) 424 aerogeneradores, con un total de 2.046 MW de potencia; esta suma, es el doble de lo que hay instalado hasta ahora: 1.270 MW), aunque, lógicamente, no todas estas iniciativas llegarán a buen puerto, pues deben cumplir su tramitación ante la administración.

Además, el Govern ha recibido propuestas para ubicar 52 proyectos de instalaciones fotovoltaicas (que suman 433 MW y ocupan 719 hectáreas).

De estos, ya se han valorado por la ponencia encargada 7 proyectos y se han rechazado 3.

El sindicato se opone a las grandes plantas y a que se pierdan campos de cultivo

Sin embargo, el boom de las renovables en Catalunya está topando con la oposición de sectores agrícolas, encabezados por el sindicato Unió de Pagesos, contrarios a que se sacrifiquen terrenos agrícolas para levantar plantas fotovoltaicas o aerogeneradores (los proyectos son impulsados por empresas que alquilan las fincas rústicas a sus propietarios para producir electricidad y venderla a la red).

La Unió de Pagesos se opone a lo que considera “un modelo de concentración de parques solares y eólicos en suelo no urbanizable promovidos por grandes empresas energéticas y fondos de inversión”.

El sindicato afirma que estas iniciativas comportan “impactos severos” sobre los espacios agrarios (en parcelas, caminos, riegos, muros de piedra...); y arropa su posición con proclamas en favor de un modelo energético “democrático, descentralizado y con participación del territorio”.

Las críticas de la Unió de Pagesos son rebatidas por los promotores eólicos.

Jaume Morron, gerente de la asociación de empresas Eoliccat, destaca que “no existe tal concentración ni masificación de instalaciones, sino que los promotores están optando, en ocasiones, por un mismo emplazamiento, algo lógico puesto que eligen los lugares con los mejores recursos eólicos, pero estas propuestas se irán depurando y decantando a lo largo de toda la tramitación” que debe llevar a cabo la ponencia del Govern encargada de analizar los proyectos.

Carlos Vicente, responsable de organización de UP, invoca la soberanía alimentaria para defender los suelos agrícolas y justifica el veto a los terrenos en los que ha habido inversión de recursos públicos para regadíos.

Los promotores ofrecen a los agricultores complementar su renta agraria

Los promotores de la industria fotovoltaica defienden, además, estas inversiones con el argumento de que los ingresos del arriendo pueden ser un complemento para la renta agraria.

“Estos ingresos contribuyen además a fijar población en el territorio y evitar la desertización en zonas de España”, dice José Donoso, director general de Unef (asociación que agrupa a las empresas del sector).

“Ademas hemos recomendado a los promotores que den empleo preferentemente a la mano de obra local”, añade.

Desde la industria fotovoltaica se censura la injerencia sindical en asuntos particulares del agricultor. “Los dueños de estos terrenos son libres de hacer lo que quieran con ellos No se les obliga a que arrienden sus fincas”, dicen.

Sí tenemos mucho que decir sobre el modelo agrario y sobre la depredación de un territorio que es productivo agrícolamente

Y la réplica de UP. “No tenemos nada que decir sobre las decisiones que adopten los agricultores; pueden hacer lo que quieran con su propiedad; pero, como sindicato, sí tenemos mucho que decir sobre el modelo agrario y sobre la depredación de un territorio que es productivo agrícolamente”, dice Carlos Vicente.

El sindicato agrícola vaticina que la situación creada dará lugar a un fenómeno especulativo, pues la demanda de suelo puede desencadenar un encarecimiento del arrendamiento de fincas y provocar una subida de los precios.

Unió de Pagesos propone como alternativa “avanzar en la implantación mediante un modelo energético planificado” (algo que se intentó sin éxito en la etapa del gobierno tripartido).

Carlos Vicente sostiene que su sindicato defiende un modelo basado en instalaciones de dimensión más pequeña, con un desarrollo relevante del autoconsumo y la generación distributiva, y en el que se dé cabida a la participación ciudadana en los proyectos, mediante la financiación local e inversiones por parte de la ciudadanía.

Sin embargo, Unió de Pagesos no tiene previsto promover directamente estas plantas con sus propios recursos. También dice que debería darse prioridad a la instalación de placas solares en los techos de edificios y zonas urbanizadas.

El sector fotovoltaico estima que se necesitan más instalaciones de tamaño medio para que Catalunya cumpla sus objetivos sobre renovables

Desde el sector fotovoltaico se responde que promover instalaciones para el autoconsumo y pequeñas plantas es algo totalmente insuficiente para poder cumplir los objetivos de fomento de las energías renovables marcados por el Govern, pues se necesita habilitar 600 MW fotovoltaicos y 400 eólicos cada año hasta el 2030 para alcanzar las metas planteadas.

“No solo se requieren plantas de autoconsumo y pequeñas plantas, sino también más proyectos, de mayor dimensión y con mayores inversiones” señala Manuel Romero, delegado de Unef en Catalunya.

Si hay consenso general en que en Catalunya, dadas sus características geográficas, tendría poco sentido levantar grandes parques fotovoltaicos (de 400 MW), pero si se atomizara su distribución y todo se fía a pequeñas instalaciones de solo 1 MW , tampoco se conseguirían las metas, pues “6.000 parques de 1 MW significarían 6.000 tramitaciones, lo que administrativamente no es viable. Tenemos que hacer también parques de tamaño intermedio, de 30 o 40 MW,junto con los más pequeños”, dice Romero.

“Nos encantaría que se promovieran más proyectos de energías renovables con iniciativa popular, como Viure de l’Aire del Cel ; pero no siempre se dan las circunstancias; y, en cualquier caso, necesitamos más proyectos e inversiones”, concluye el delegado de Unef.

Estrictos criterios tumban los proyectos fotovoltaicos

La ponencia de la Generalitat encargada de evaluar las propuestas para ubicar plantas fotovoltaicas está aplicando criterios estrictos. Hasta ahora, casi la mitad de las iniciativas fotovoltaicas evaluadas (3 de 7) han sido rechazadas en un primer examen. Tras un primer examen previo de idoneidad, los proyectos deben pasar luego una larga y exhaustiva tramitación.

El decreto de implantación de las renovables (noviembre del 2019) veta de salida estas instalaciones en “suelos de valor agrológico alto y de interés agrario elevado”.

Posteriormente, el Goven ha dictado unos criterios en los que se pide a los promotores que adopten medidas para proteger la fauna y para proteger el paisaje. Y por su parte el Departament d’Agricultura ha fijado (en un informe de 14 páginas) otros criterios adicionales donde invoca la necesidad de preservar también los suelos de regadío (por ejemplo, en terrenos del Segarra-Garrigues), considerados “singulares”, debido a que sus infraestructuras garantizan el aporte de agua, “el principal factor limitante para la producción agrícola” en el clima mediterráneo.

El informe de Agricultura parece prohibir directamente la implantación de fotovoltaica en ciertos terrenos, sin tener competencias MANUEL ROMERO Delegado de Unef en Catalunya

Manuel Romero, delegado de Unef en Catalunya, sostiene en este punto que la posición de Departament d’Agricultura entra en contradicción con el decreto del Gobierno catalán (noviembre
del 2019) para fomentar las energías renovables. “El decreto ley establece que hay que tener en cuenta los suelos de alto valor agrícola, pero no los de riego. El informe de Agricultura parece prohibir directamente la implantación de fotovoltaica en ciertos terrenos, sin tener competencias. No tiene ninguna base legal para establecer esa prohibición”, dice Romero.

Unef señala que si continúan los obstáculos, Catalunya no podrá alcanzar sus metas (6.000 MW fotovoltaicos antes de 2030). Manuel Torrent, director del Institut Català d’Energia, equipara las leyes de Espais Agraris y Canvi Climàtic; y sostiene que ante este “choque de legitimidades”, la Administración debe actuar “de la mejor manera posible y, sobre todo, con consenso con el territorio”. De lo contrario –afirma–, “por mucho que nos empeñemos, no implantaremos un solo megavatio renovable”.

Si no hacemos los deberes, Catalunya puede continuar siendo una comunidad consumidora pero no productora (de energía) cuando cerremos las nucleares y los ciclos combinados de gas

MANUEL TORRENT Director delInstitut Català d’Energia

Prohibir el uso de suelos agrícolas puede suponer un fuerte contratiempo al desarrollo de la energía fotovoltaica, puesto que no hay una planificación al respecto que fije niveles y categorías admisibles. “A fecha de hoy no sabemos qué hectáreas hay disponibles para las renovables ni cuáles son priorizan para cultivo, pero ya tenemos bastante claros los criterios para definirlo”, reconoce el director del Icaen.

Manuel Torrent admite la necesidad de actuar de forma urgente frente al cambio climático (“las renovables son uno de los mecanismos que tenemos para hacerlo”).

Recuerda que se debe competir con otras zonas del Estado, pues “si no hacemos los deberes, Catalunya puede continuar siendo una comunidad consumidora pero no productora (de energía) cuando cerremos las nucleares y los ciclos combinados de gas”. Admite, pues, que, pese a las discrepancias, “debemos evitar que las energías renovables sean la última prioridad”.

El Departament de Territori i Sostenibilitat (que alberga la ponencia) ya rechazó hace unas semanas la construcción de una planta fotovoltaica de autoconsumo promovida por el empresario Joan Vila en Beuda (Garrotxa), que iba a ser la más grande de Catalunya.

El informe argumenta que el suelo seleccionado está clasificado como terreno no urbanizable agrario protegido (aunque el lugar no está siendo cultivado).

Fuente: La Vanguardia (España)