Marcos Bach
La energía eólica ha crecido de forma sostenida en Argentina desde la implementación del programa RenovAr y la apertura del Mercado a Término de Energías Renovables (MATER), ambos impulsados por la Ley 27.191. Esta normativa estableció como meta que el 20% del consumo eléctrico nacional provenga de fuentes renovables para 2025, objetivo que, al menos en términos de generación, ya se ha alcanzado.
En este contexto, la Patagonia se ha consolidado como un polo estratégico. Nuevas instalaciones con turbinas de hasta 6.2 MW y sistemas de predicción basados en inteligencia artificial han permitido reducir costos operativos y mejorar la eficiencia de los parques. Además, proyectos en desarrollo que combinan generación eólica con almacenamiento energético, marcan una tendencia hacia la hibridación tecnológica.
Pero, señalan en Eco News, este crecimiento no ha sido homogéneo. Mientras algunas regiones avanzan con infraestructura de punta, otras enfrentan limitaciones severas por falta de capacidad de transmisión. Hasta un 22% de la energía generada en parques eólicos permanece ociosa por no poder ser evacuada al sistema interconectado. Esta paradoja —generar energía limpia que no puede ser utilizada— revela una de las principales debilidades del modelo actual.
El sistema de transporte eléctrico argentino, diseñado en gran parte en los años 90, no está preparado para absorber el crecimiento exponencial de las renovables. La reciente Resolución 311/2025 de la Secretaría de Energía reconoce esta situación y establece mecanismos para que privados financien ampliaciones de la red, incluso bajo esquemas de concesión de obra pública. Sin embargo, la ejecución de estas obras requiere plazos largos, coordinación interjurisdiccional y, sobre todo, estabilidad normativa.
El Plan de Transmisión Eléctrica 2025-2030, recientemente anunciado, contempla la construcción de 1.450 km de nuevas líneas de alta tensión y cinco subestaciones inteligentes. Aunque ambicioso, este plan aún depende de la articulación entre el sector público y privado, y de la capacidad del Estado para garantizar reglas claras y sostenibles en el tiempo.
En este escenario, la política energética del gobierno de Javier Milei introduce un nuevo factor de incertidumbre. Desde su asunción, el Ejecutivo ha promovido una fuerte desregulación del sector, con la intención de reducir el peso del Estado y fomentar la inversión privada. El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de diciembre de 2023 y la posterior Ley Ómnibus modificaron más de 300 artículos legales, afectando directamente los subsidios a las tarifas, los incentivos a las renovables y el rol de los entes reguladores.
Además, el gobierno prorrogó la emergencia energética hasta julio de 2025, lo que le permite intervenir en la fijación de tarifas y postergar la aplicación de cuadros tarifarios definitivos. Esta medida, si bien busca garantizar la continuidad del servicio en un contexto de crisis, también retrasa la señal de precios necesaria para atraer inversiones de largo plazo.
La visión del oficialismo parece apostar por un modelo energético centrado en la autosuficiencia del mercado, con mínima intervención estatal. Sin embargo, este enfoque choca con la realidad de las energías renovables, que requieren planificación, incentivos y coordinación para desarrollarse a gran escala. La transición energética no es solo un problema técnico: es, ante todo, un desafío político.
El marco legal argentino para las energías renovables ha sido, históricamente, uno de los más robustos de la región. La Ley 27.191, junto con el Régimen de Fomento a las Energías Renovables, estableció beneficios fiscales, acceso prioritario a la red y mecanismos de financiamiento. No obstante, muchos de estos instrumentos han perdido efectividad en los últimos años por falta de actualización o por cambios en la política macroeconómica.
La reciente reforma del Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), incluida en la Ley Bases, busca reactivar el interés del capital extranjero, ofreciendo exenciones fiscales por diez años a proyectos mayores a 100 MW. Si bien esta medida puede atraer inversiones, también ha sido criticada por su falta de enfoque ambiental y por no priorizar la generación distribuida o comunitaria.
Por otro lado, el MATER sigue siendo una herramienta clave para el desarrollo del sector, pero enfrenta limitaciones por la saturación de nodos de conexión y la falta de capacidad de transporte.
A pesar de los obstáculos, el potencial de la energía eólica en Argentina sigue siendo enorme. El país cuenta con uno de los mejores recursos eólicos del mundo, especialmente en la región patagónica, donde los factores de capacidad superan el 50%. Además, la combinación con tecnologías de almacenamiento y la posibilidad de exportar energía limpia a países vecinos abren nuevas oportunidades estratégicas.
La licitación de 500 MW de almacenamiento energético lanzada en febrero de 2025 marca un punto de inflexión. Con una inversión estimada de 500 millones de dólares, este proyecto busca estabilizar la red y reducir la dependencia de fuentes fósiles en los picos de demanda. La integración de baterías de litio y tecnologías de flujo representa una apuesta por la innovación y la resiliencia del sistema.
Asimismo, la articulación con sectores industriales —como el hidrógeno verde o la minería sustentable— puede generar sinergias virtuosas. La energía eólica no solo es una fuente limpia: también puede ser un motor de desarrollo territorial, empleo calificado y diversificación productiva.
Argentina ha demostrado que puede liderar la transición energética en América Latina. El récord alcanzado en 2025 no es casualidad, sino el resultado de políticas públicas acertadas, inversión privada y un recurso natural privilegiado. Sin embargo, el camino hacia una matriz verdaderamente sostenible aún está lleno de obstáculos.
La falta de infraestructura, la incertidumbre regulatoria y la ambigüedad de la política energética actual amenazan con frenar un proceso que ya ha dado frutos. Es necesario que el Estado recupere un rol estratégico, no para reemplazar al mercado, sino para orientarlo hacia objetivos de largo plazo.
La energía eólica no es solo una cuestión de eficiencia o rentabilidad. Es una oportunidad histórica para redefinir el modelo energético argentino, hacerlo más justo, más limpio y más resiliente. En un mundo que avanza hacia la descarbonización, no podemos darnos el lujo de quedarnos atrás.
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