Reforma de los fondos ATN: una propuesta con enfoque ambiental

La propuesta cuenta con el apoyo de: Amnistía, Aves Argentinas; Patagonia Natural; Confederación Mapuche de Neuquén; Multisectorial Golfo San Matías; Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS); Asociación Argentino-Uruguaya de Economía Ecológica; Fundación Hábitat y Desarrollo; Fundación Biodiversidad Argentina; FIBO Impacto; GIRSAC; Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE); Proyectar ONG y Argentina 1.5.

Con este proyecto buscan establecer una nueva lógica de distribución con enfoque ambiental, federal y territorial, orientada tanto a la prevención como a la respuesta inmediata ante eventos climáticos extremos como incendios, inundaciones, sequías, entre otros.

Actualmente, los fondos ATN —equivalentes al 1% de la masa coparticipable bruta— son un instrumento discrecional del Poder Ejecutivo Nacional que, si bien fue creado para atender emergencias y desequilibrios financieros de las provincias, carece de un criterio transparente, proporcional y automático en su aplicación. En 2024, de los casi $680 mil millones recaudados, más del 93% no fue ejecutado.

Frente a este escenario, las organizaciones proponen que el 1% de los fondos ATN se divida en dos componentes: 

• 40% para obras públicas provinciales de prevención y adaptación climática, a través de una partida presupuestaria específica.
• 60% para la creación de un Fondo Fiduciario de Intervención en Desastres Socioambientales, destinado a dar respuesta inmediata ante inundaciones, incendios, temporales y otras emergencias. Si no se utiliza en un plazo de tres meses, el remanente se distribuye entre las provincias.

Según el primer Informe Bienal de Transparencia, presentado ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en Argentina se proyecta un aumento en la frecuencia e intensidad de lluvias torrenciales, así como en el nivel del mar —con impactos especialmente graves a lo largo de la costa marítima y el Río de la Plata—. Frente a esta situación, la inversión en la construcción de infraestructura resiliente a este tipo de eventos debe ser una prioridad.

Situaciones como la ocurrida en Bahía Blanca en marzo pasado, con víctimas fatales, personas desaparecidas, más de 900 personas evacuadas y más de 5.000 hogares afectados; o como la registrada dos meses después en el norte de la provincia de Buenos Aires —donde fallecieron tres personas, más de 2.900 debieron ser evacuadas y se reportaron daños estructurales de gran magnitud—, reflejan el costo humano y económico de no contar con políticas de prevención y respuesta adecuadas.

Suman desde FARN, los gobernadores presentaron en el Congreso un proyecto para modificar la asignación de los fondos ATN, que plantea que su distribución se realice según los criterios establecidos en los artículos 3, 4 y 8 de la Ley de Coparticipación, en donde parte iría a Nación y otra parte a las provincias.

Si bien es fundamental que estos recursos se distribuyan entre las provincias, la propuesta presentada por los gobernadores no define un destino específico para su utilización. Esto implica que no se garantiza su uso para la atención de catástrofes ocasionadas por eventos climáticos extremos, y menos aún para la construcción de infraestructura preventiva.

Con este proyecto buscamos anticiparnos a los impactos de la crisis climática y transformar fondos que hoy son discrecionales en una herramienta federal, transparente y orientada a reducir las vulnerabilidades frente a este tipo de eventos.