Si bien los representantes de la industria valoran que finalmente se apruebe el documento con las ‘reglas del juego’ para la aplicación de la REP, ven una serie de falencias y vacíos que dificultarán su implementación práctica, así como para la creación de los sistemas de gestión que deberán recoger y valorizar los neumáticos usados
Politicas Ambientales 12/02/2021
Será el primero de los productos definidos en la Ley REP que deberá comenzar a cumplir las exigencias impuestas por la normativa, para implementar de manera concreta el principio de “el que contamina paga”. La larga tramitación burocrática implicó que las metas comiencen a ser exigibles en 2023, y no en 2021 como estaba previsto originalmente.
Casi dos años pasaron desde que en marzo de 2019 el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó el decreto supremo que establece las metas de recolección y valorización del sector neumáticos en el marco de la Ley REP, hasta que este lunes la Contraloría de la República tomó razón del documento y le dio el visto bueno final, con lo que quedó en condiciones de publicarse hoy en el Diario Oficial para iniciar su vigencia. La larga tramitación burocrática tuvo impacto: como estaba establecido inicialmente, las obligaciones del decreto comienzan a regir 24 meses después de su publicación; es decir, en enero de 2023. Dos años después de la fecha programada inicialmente: enero de 2021.
Pero con retraso y todo, se trata de un hito relevante, ya que es el primero de los productos prioritarios definidos en la Ley REP que deberá comenzar a cumplir las metas impuestas por la normativa, que implica implementar de manera concreta el principio de “el que contamina paga” impulsado por esta normativa vigente desde mayo de 2016, y que ahora entra en su implementación concreta. A los neumáticos le seguirán los envases y embalajes -en trámite en Contraloría-, aceites lubricantes y pilas.
Esto marca un hito para el desarrollo sustentable del país, porque es el primer decreto de la ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) que entra en vigencia, estableciendo exigentes metas de recolección y reciclaje de neumáticos, lo que permitirá aprovechar los materiales para crear nuevos productos, disminuir la generación de basura y mejorar la calidad de vida de las personas, recalcó ayer la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt.
Con esto, se busca abordar el problema que ocasionan las casi 140 mil toneladas de residuos de neumáticos que se generan cada año en el país, de las cuales solo un 17% se maneja de forma racional. Gran parte del porcentaje restante termina depositado ilegalmente en basureros y vertederos clandestinos, pese a que contienen recursos que pueden ser aprovechados, como el caucho y el acero.
El decreto establece que en una primera instancia los productores de neumáticos -aquellos que ponen el producto por primera vez en el mercado- deben recolectar al menos el 50% de los neumáticos puestos en el mercado el año anterior. A partir del cuarto año de vigencia, esta meta aumenta a un 80%, para llegar a un 90% a partir del octavo año de vigencia. Y si bien estas metas se puede cumplir a nivel nacional -es imposible tener capacidad instalada para ello en todo el país-, el decreto también establece que un 34,7% de todos los neumáticos que se recuperen deben ser recolectados en regiones.
En cuanto a la valorización de estos neumáticos fuera de uso, es decir, su reciclaje material para ser transformados en nuevos productos, la meta parte en un 25% al primer año de vigencia (2023), un 30% el segundo año y un 35% el tercero, avanzando progresivamente hasta llegar a un 90% al octavo año de vigencia del decreto. Es decir, 2030.
El decreto establece una “Categoría A” de neumáticos con aro inferior a 57 pulgadas, y una “Categoría B” con aros mayores o iguales a 57 pulgadas pero que incorpora además a los aros de 45, 49 y 51 pulgadas, que corresponden al 10% de los neumáticos usados en la minería. Cada categoría tiene metas diferenciadas.
Para ello, los productores de neumáticos deberán crear sistemas de gestión que organicen y financien la recolección de los residuos de neumáticos en todo el país, así como su almacenamiento, transporte y posterior valorización o tratamiento, en base a la cantidad de productos que pusieron en el mercado el año anterior. Y si bien estos sistemas de gestión podrán ser colectivos, es decir, varios productores se agrupan para esta tarea, o individuales, en que cada productor opera por separado, en la práctica esta segunda alternativa será compleja. Esto porque el decreto impuso restricciones a los sistemas individuales para evitar distorsiones de mercado, estableciendo que estos solo pueden cumplir sus metas de recolección y valorización con sus propios neumáticos. Y esto es parte, dicen los actores de la industria, de las complejidades que aparecen a la hora de su implementación concreta.
En la industria del neumático la aprobación del decreto por parte de Contraloría es vista como un avance, principalmente en términos de que ya existe un documento oficial sobre el cual avanzar para poner en marcha la Ley REP. Lo que no implica que no tengan reparos al decreto final, ni que -a su juicio- su implementación sea simple.
Para la Cámara de la Industria del Neumático de Chile (CINC), que agrupa a los principales fabricantes de neumáticos (Goodyear, Bridgestone, Michelin y Pirelli), de hecho la aplicación del decreto incluso pondría en riesgo la afectividad de la REP y de sus objetivos ambientales, y así lo hicieron saber al ministerio durante los dos años de tramitación del documento en Contraloría, afirman.
En una publicación realizada a principios de enero, detallaron una serie de observaciones al respecto, entre ellas que no se respetaría el principio de “el que contamina paga”, ya que a su juicio permite que “algunos productores no financien la cantidad total de neumáticos de cada tipo que hayan introducido en el mercado”, agregando que algunos consumidores industriales podrían “obtener un beneficio económico al imputar sus residuos a un determinado sistema de gestión, resultando, de este modo, que el consumidor particular y la pequeña empresa terminen subsidiando el impacto ambiental de los grandes consumidores de neumáticos”.
A esto se suma, agregan, que el decreto no garantizaría el principio de libre competencia, introduciendo graves distorsiones al mercado de los gestores de residuos. “Asimismo -agregan-, las restricciones que hacen imposible la constitución de sistemas individuales de gestión no permitirán que exista ningún incentivo para hacer eficiente la administración del sistema de gestión colectivo, al dejar a los productores capturados en este último. Estas distorsiones de mercado y restricciones a la libre competencia redundarán en mayores costos para el manejo de los neumáticos fuera de uso, introduciendo aún mayores grados de inequidad al principio de el que contamina paga”.
CINC siempre estará dispuesto a establecer un sistema de gestión colectivo para todas las categorías de neumáticos, en la medida que sea necesario y las ‘reglas del juego’ sean revisadas en los futuros decretos de metas de neumaticos, alineándolas más con los principios de la Ley REP
José Browne, gerente general de la Cámara de la Industria del Neumático de Chile (CINC).
Es por ello que tras la aprobación del decreto el gerente general de CINC, José Browne, lamentó que estas observaciones no hayan sido escuchadas durante la tramitación del documento en Contraloría, lo que “obviamente no impedirá -agrega- que por supuesto las empresas asociadas a CINC cumplen y cumplirán todas las regulaciones establecidas por la ley. Más aún, algunos asociados ya cumplen hace varios años con volúmenes de reciclaje de neumáticos fuera de uso superiores al 25% que establece el decreto de metas para empezar a reciclar en febrero de 2023”.
¿Cómo se avanzará en los sistemas de gestión, serán individuales o colectivos? Browne afirma que para el caso de los neumáticos Categoría A (menores a 57 pulgadas, principalmente automóviles, vehículos medianos y buses), “esperamos que se constituya algún sistema de gestión colectivo al cual podamos adherir para cumplir nuestras metas, pagando las tarifas que el sistema de gestión establezca”.
En el caso del mercado de neumáticos categoría B, agrega, “los socios de CINC participan con más de un 95% del mercado y podrán constituir sistemas individuales cada uno de ellos, ya que la vida útil de estos productos es mucho menor. Desgraciadamente, esto impondrá una importante barrera de entrada para otras marcas que están intentando penetrar este segmento del mercado, lo que lamentamos, pues siempre hemos defendido la libre competencia”.
No obstante, afirma Browne, “CINC siempre estará dispuesto a establecer un sistema de gestión colectivo para todas las categorías de neumáticos, en la medida que sea necesario y las ‘reglas del juego’ sean revisadas en los futuros decretos de metas de neumáticos, alineándolas más con los principios de la Ley REP, que CINC comparte plenamente”.
En cuanto a la Asociación Gremial de Importadores y Distribuidores de Neumáticos de Chile (Chile Neumáticos AG), que agrupa a 22 empresas y representa cerca del 60% del mercado de neumáticos “Categoría A”, la aprobación del decreto también es vista como un paso positivo ya que “se raya la cancha y tenemos un modus operandi que es ambientalmente amigable, se pueden desarrollar muchas oportunidades de trabajo y vamos a dar una solución a este residuo que es el neumático fuera de uso. Ahora lo vamos a poder aprovechar y gestionar en el marco de la economía circular. En ese sentido, estamos contentos de la aprobación del decreto y que comencemos a implementar la Ley REP”, dice el gerente general del gremio, Iván Villar.
“Desde nuestro punto de vista -agrega-, para tener una solución real a los neumáticos fuera de uso en Chile necesitábamos la aplicación de la REP y si hubiésemos querido que saliera el mejor decreto supremo, la mejor implementación, íbamos a llegar al año 2050 y no íbamos a tener una solución. Creemos que es mejor partir, quizás con errores, con desaciertos, pero partir”.
Nuestro camino, y creemos que sería lo más lógico para estos tres primeros años, es tratar de formar un solo sistema integrado de gestión global, donde entre todos aprendamos, todos nos equivoquemos y donde todos colaboremos para crear un sistema, y si ese sistema es eficiente quedará, y si no lo es, o alguien cree que puede hacerlo mejor, formará otro sistema en el futuro
Iván Villar, gerente general de la Asociación Gremial de Importadores y Distribuidores de Neumáticos de Chile (Chile Neumáticos AG).
No obstante, dice Villar, esto no implica que no adviertan problemas en la implementación del decreto. Entre ellos, las excesivas exigencias que -a su juicio- existen para la conformación de los sistemas de gestión en materia de cautelas de libre competencia, ya que se exigen una serie de trámites tanto en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) como en la Fiscalía Nacional Económica (FNE), donde los plazos de respuesta y aprobación pueden superar incluso un año. “Hoy crear un sistema colectivo es muy complicado, pero no porque lo sea en sí, sino porque el ministerio lo complicó: el pasar por el TLC y por la FNE es una complicación que nadie se esperaba”, afirma.
A esto se suma las barreras para la conformación de los sistemas de gestión, agrega el gerente general de Chile Neumáticos AG. “La posibilidad de formar un sistema individual, según como está la ley, es muy particular y para algunos casos: para faenas geográficamente limitadas, donde los neumáticos son usados en maquinaria específica en ese lugar y tienen una perfecta trazabilidad. Cuando importas para vender en el mercado nacional, no tienes idea donde va a parar ese neumático, y por lo tanto ir a buscarlo sale muy caro”, explica.
Por eso, dice, “no nos queda otra que conformar sistemas colectivos”. El problema, afirma Villar, son los vacíos que existirían para ello. “La ley dice forme el colectivo, o adhiérase. Y resulta que si parte del sector va a hacer la tarea de formar el sistema, y la otra parte se queda cruzada de brazos para adherirse después, es medio injusto. El problema está en que crear un sistema integrado de gestión colectivo requiere de esfuerzo, conocimiento y de recursos. Si todos toman palco -porque la ley lo permite- vamos a estar todos esperando adherirnos a algún sistema hasta el último día y luego exigirle al Estado que arregle el problema. Ese es un error que tiene la ley, es preocupante, porque no está claro, porque hay un vacío, y todos pueden optar por esa figura”.
En ese escenario, agrega, “nuestro camino, y creemos que sería lo más lógico para estos tres primeros años, es tratar de formar un solo sistema integrado de gestión global, donde entre todos aprendamos, todos nos equivoquemos y donde todos colaboremos para crear un sistema, y si ese sistema es eficiente quedará, y si no lo es, o alguien cree que puede hacerlo mejor, formará otro sistema en el futuro. Pero hoy sería un error crear muchos sistemas, donde vamos a utilizar a los mismos pocos recicladores, a transportistas que van a prestar el mismo servicio”.
Para avanzar en esta tarea y superar las complicaciones que puedan ir surgiendo en la implementación de la REP y de los sistemas de gestión, afirma Iván Villar, “el acuerdo que tenemos con el gobierno, y que ojalá sea respetado, es que al año tres de estar en curso esto íbamos a revisar todo, porque hay dos factores que nos impiden desarrollar un decreto óptimo: primero el desconocimiento, esto es inédito en Chile y no tenemos la experiencia para hacerlo; y segundo, que no tenemos la infraestructura desarrollada para poder gestionar estos residuos. Una vez que esté desarrollado todo esto, que tengamos claro cuáles son las demandas del mercado, cuál es realmente la generación de residuos, qué tecnologías o modelos de negocios, la realidad de nuestra geografía y nuestra cultura, después de tres años vamos a tener datos reales y ya no especulaciones. Ahí se va a poder generar -en conjunto con el Estado- un decreto más eficiente a la luz de esos datos duros”.
Fuente: Pais Circular (cl)
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