Marcos Bach
El 12 de diciembre de 2015 se selló el Acuerdo de París, un giro decisivo en la política climática mundial. A cinco años, queda claro que no alcanza con metas técnicas: la justicia climática reclama que las medidas prioricen la protección de derechos, la equidad y la reparación de quienes menos contribuyeron al problema.
En las negociaciones se logró incluir una cláusula relevante sobre derechos humanos, consignada de forma explícita en el texto del acuerdo: “respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y rurales, los migrantes, los niños y las niñas, las personas en condición de discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y la equidad intergeneracional”.
La crisis climática ya se traduce en eventos extremos que golpean a poblaciones enteras: huracanes y tormentas en Nicaragua, Guatemala, México y el Caribe; inundaciones en el Sur de Asia; sequías en el norte de México; y incendios en la Amazonía, California y Australia. En todos los casos, las pérdidas recaen sobre quienes menos recursos tienen para recuperarse.
Estas asimetrías exigen responsabilidades claras de Estados y empresas, con criterios de equidad que son consustanciales a los derechos humanos. Como señalan análisis internacionales, “la equidad es un pilar fundamental para abordar los modos de vida (pues) las emisiones del 1% más rico de la población mundial equivalen a más del doble de la suma de las emisiones del 50% más pobre”; reconocerlo supone rediseñar políticas.
La discusión técnica sobre toneladas y hectáreas no puede desplazar a las personas. La ciencia y organismos como el IPCC subrayan la importancia de incorporar conocimiento ancestral y de priorizar justicia social para soluciones duraderas. Ese enfoque ampliaría la ambición y mejoraría la calidad de las medidas adoptadas.
El informe sobre la brecha de emisiones 2020 del UNEP mostró una caída temporal vinculada a la pandemia, pero el rumbo de fondo sigue siendo insuficiente. Pese a la crisis sanitaria, muchos países de América Latina siguen apoyando a los combustibles fósiles como pilar de recuperación, una estrategia que choca con las metas del Acuerdo de París y con obligaciones en materia de derechos.
Si no se traduce la letra del acuerdo en políticas concretas y respetuosas de derechos, las desigualdades se profundizarán y aumentarán los reclamos judiciales y sociales. Describen en Radio Mitre, liderar implica poner a las personas y comunidades en el centro de la respuesta climática y exigir transparencia, reparación y participación efectiva.
La justicia climática no es sólo un principio: es una hoja de ruta para que la acción climática sea legítima y eficaz. Cinco años después, es momento de exigir cumplimiento, elevar la ambición y asegurar que nadie quede afuera.
