Lilian Tapia, activista mendocina: “Ningún lugar del mundo se hizo rico con megaminería”

En el límite con Chile, sobre la Cordillera de los Andes, una pueblada se alzó en contra de la modificación que el Congreso local implementó sobre la ley 7722, que protegía el ambiente. Sobre todo, el agua en una zona donde ya es un bien escaso. Pese a que la demanda por un ambiente sano es la consigna a nivel mundial popularizada por la sueca Greta Thunberg apropiada en la región latinoamericana con el lema #ViernesPorElFuturo (#FridaysForFuture, el original en inglés), el gobernador Rodolfo Suárez, hizo oídos sordos y avanzó en su reglamentación.

Una semana después, la persistencia de las protestas, festivales en las calles y en las rutas y entrega de petitorios obligaron a Suárez a dar marcha atrás. El gobernador anunció primero la suspensión de la implementación de la nueva normativa y, por último, en conferencia de prensa dijo que este lunes (30 de diciembre) se dará la derogación de lo que las y los asambleístas denominan la “ley cianuro” (9209).

“Vamos a seguir movilizados”, dice a NODAL Roxana Bruno, bioquímica y doctora en Inmunología, miembro de Conciencia Ambiental, e integrante de las Asambleas por el agua pura de Mendoza, de la Agrupación Lucha Tierra y Agua y de los Vecinos autoconvocados en defensa del Agua de Mendoza. Este domingo a las 19, las y los asambleístas convocan a un banderazo en todo el territorio nacional.

¿Cómo se gestó este movimiento que pone un freno a la megaminería? En esta nota con NODAL, un recorrido de la lucha en las voces de Bruno y Lilian Tapia, de la Asamblea por el agua de San Rafael y miembro de la Asociación Conciencia Ambiental y profesora de Geografía y Ciencias Biológicas.

En Mendoza pareciera haber una gran conciencia sobre el ambiente y el agua de hecho, existen varias asambleas y se están movilizando desde productores agropecuarios, pobladores hasta reinas de la vendimia, la fiesta popular de la zona famosa por sus vinos, ¿cómo es la historia de las luchas en asamblea? ¿cuál es la relación que tienen sobre el agua?

LT: Mendoza es una provincia desértica, tenemos muy pocos ríos, con muy poco caudal, entre los cuatro juntos no llegan al uno por ciento de lo que es el río Paraná (N de R: que atraviesa Brasil, Paraguay y Argentina con 17,290 m³/s), por ejemplo. Entonces siempre hemos sido totalmente cuidadores y defensores del agua. La organización comenzó a darse en 2003 y desde esos años que perduran las asambleas y fueron surgiendo otras organizaciones como Conciencia Ambiental, Lucha, Tierra y Agua y hasta multisectoriales que nuclean a varias otras organizaciones. Cada una tiene su forma de participación y cuando hace falta se viaja a otros departamentos o estamos en contacto permanente vía redes sociales. Las movilizaciones comenzaron por una ley que prohibiera el uso de productos químicos en el agua, lo que se dio en 2007 cuando se aprobó la ley 7722. En 2017, los grupos se reactivaron porque se comenzó a hacer fracking (N de R: técnica para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo) con autorización del gobierno, pero sin regulación ni habiendo hecho un estudio de impacto ambiental. Esto, además, se da en un contexto en el que hace más de diez años está declarada la crisis hídrica. No hay agua. Los diques tienen un 30 por ciento de su volumen y los ríos también han reducido muchísimo su caudal porque no está nevando en la Cordillera. Según el departamento de Irrigación, que es la policía del agua en la provincia, esto va en aumento. La sequía ya es una normalidad y es la más larga desde que se tienen registros.

¿Qué establece la ley 7722?

LT: Le dicen la ley antiminera, pero no es una ley antiminera, no prohibe la minería. Tiene sólo siete artículos. En el artículo 1 prohíbe el agregado de cianuro, ácido sulfúrico, mercurio y otras sustancias similares para preservar el recurso hídrico. Y el artículo 3 exige que los proyectos mineros pasen su declaración de impacto ambiental por la legislatura de la provincia para su aprobación. Esos dos artículos son el corazón de la ley y esos son los que la nueva ley (9209) deja sin efecto. Han dejado sin la estructura de la ley y no cumple con ningún requisito.

¿Qué tipo de minería permite la ley 7722?

LT: La minería que se puede llevar a cabo es la tradicional, la que no usa agua. Por ejemplo, este mes se ha aprobado un proyecto de una mina de hierro. Se puede hacer minería sin agregarle productos altamente tóxicos al agua, es lo que nosotros pretendemos. La megaminería vuela toneladas de montañas y luego para ese producto molido se necesita muchísima cantidad de agua, millones de litros, con altas concentraciones de productos químicos muy tóxicos como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico que se usan para lixiviar (N de R: proceso de extracción) esa roca molida y extraer el oro, la plata o el mineral que vayan a usar. Esa agua luego queda en diques de cola al aire libre y queda la posibilidad de que pase lo de Brumadiño, en Brasil. Allí se produjo es la rotura de un dique de cola. Entre el 2007 y a actualidad se han roto 39 diques de cola en el mundo. Los ríos quedan contaminados para siempre y no hay posibilidad de revertir la situación. Además, lo que queda en los diques de cola, ya no vuelve nunca más. No vuelve al ciclo del agua, genera lo que se llama uso consuntivo, se pierde para siempre. Y sabiendo cómo está el planeta, no podemos derrochar el agua dulce en eso.

¿De qué manera se vería afectada la provincia en caso de que proliferen proyectos de megaminería?

LT: Según el departamento de Irrigación la prioridad de usos establece que primero está el consumo humano; el dos, son la agricultura y la ganadería, las producciones agropecuarias; y por último la industria. Si proliferan los proyectos megamineros en la Cordillera donde están usando el agua en la naciente de los ríos, en realidad, le están dando prioridad uno a una actividad que tiene prioridad tres. Y nos dejan sin agua. Por ejemplo, acá hay turnos de riego. Las fincas este año tuvieron un turno por semana, a partir de febrero habrá dos turnos por mes. Es decir, un turno cada dos semanas. Es imposible tener una actividad agrícola o ganadera si están dando un turno de riego que dura sólo unas horas. Ahora nos hablan de cambiar la matriz productiva y nosotros no queremos cambiar de matriz productiva a matriz extractiva. No queremos que se haga extracción. La vitivinicultura es una de las actividades más importantes, la producción de frutas, de aceitunas, de aceite de oliva, es todo lo que más se mueve. Lo que hacen, en realidad, es extracción y se lo llevan directamente en contenedores afuera del país. Esto no genera oferta laboral y las regalías son mínimas. En San Juan y Catamarca, provincias mineras por excelencia, las regalías no llegan al 1 por ciento del presupuesto provincial.

Justamente, quienes defienden estos cambios adjudican que es necesario por la crisis económica que atraviesa el país, ¿qué alternativas existen ante el modelo extractivista?

LT: Lo que proponemos es que se refuerce la matriz productiva que es la que ha hecho de Mendoza lo que fue, hoy estamos con una pobreza del 40 por ciento de la población; altísima inflación, deuda y muchísima desocupación. Nosotros proponemos reforzar la matriz productiva que tenemos hoy que es la agrícola, que se haga lo más sustentable que se pueda y sin agrotóxicos. Que se ayude al productor. En nuestro país las provincias mineras son las más pobres, sin gente y sin agua. Ningún lugar del mundo se hizo rico con megaminería. No queremos eso, ni todas las consecuencias sociales que trae: trata de personas, prostitución, casinos. La minería viene con un montón de costas a nivel social que no queremos para Mendoza. El pueblo se ha manifestado y desde el gobierno reprimieron, pusieron gente infiltrada en una marcha totalmente pacífica.

En este momento en Chubut, otra provincia que se ha manifestado fuertemente en contra de la minería también se prevé avanzar con un plan como el de Mendoza, ¿cómo leen estos movimientos?

LT: Estamos viendo que es un modelo que viene manejado desde mucho más arriba, porque Mendoza y Chubut eran las únicas provincias que tenían una ley que impedía el uso de sustancias tóxicas en el agua. Vinieron por Mendoza y ahora siguen por Chubut. Nos damos cuenta de que no es la provincia, es más grande. Vienen a saquearnos todos los recursos.

Ahora bien, el gobernador Suárez ha anunciado primero la suspensión de la implementación y luego la derogación de la ley, ¿es suficiente para que frenen las protestas? ¿participarán o fueron convocados a la mesa de diálogo que se propuso?

RB: La conferencia de prensa del gobernador en la que anuncia la supuesta suspensión fue interpretada como una clara maniobra dilatoria ya que la ley 9209, la ley cianuro, ha sido promulgada, publicada en el Boletín Oficial y por lo tanto está vigente. La no reglamentación no la anula y además habilita a las empresas mineras para presentar amparos en la justicia para exigir la reglamentación. Por otra parte, han sido presentados dos proyectos de derogación en la legislatura que está en este momento en periodo de extraordinarias (N de R: el Congreso sigue con sesiones, a pesar del periodo de vacaciones). No tiene ningún sentido que el gobernador llame a una mesa de diálogo con la ley vigente, una ley que rechazamos por inconstitucional y que cuenta con amplio rechazo de la comunidad, que ha presentado comunicados y se ha manifestado de distintas maneras. Con respecto al anuncio de la derogación, vamos a seguir movilizados. Hay que seguir convocando para el banderazo del domingo, porque tienen que sesionar las dos cámaras (senadores y diputados) y hasta que no aparezca en el Boletín Oficial la ley Cianuro está vigente, por lo tanto, la lucha continúa. Vamos a continuar movilizados hasta conseguir la derogación de la ley cianuro.

Fuente: Nodal (.am)