Naciones Unidas, constitucionalistas, organizaciones socioambientales y hasta voces del gubernamental Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) expusieron numerosos argumentos para que no se modifique la Ley de Glaciares. Queda en evidencia que solo las multinacionales mineras, y sus gobernadores y legisladores aliados, priorizan la actividad extractiva por sobre el acceso de la población al agua.