Se modificó la ley 7722 que prohibía el uso de sustancias químicas en la actividad minera, seguido por movilizaciones masivas en la provincia de Mendoza. El derecho al agua limpia es el principal reclamo.
Contaminaciones24/12/2019 Fuente: Bioagua
“El agua no se negocia” y “La 7722 no se toca” fueron algunas de las frases que sonaron fuerte durante los reclamos antes de la modificación de la Ley 7722 por las dos cámaras de la Legislatura de la provincia de Mendoza, Argentina, el viernes pasado.
Como consecuencia de esta reforma, se habilitará el uso de sustancias químicas como cianuro, ácido sulfúrico en la actividad minera, entre otras, abriendo a la provincia a la explotación de la megaminería, que se encontraba limitada desde 2007.
El presidente argentino, Alberto Fernández, calificó a la minería como “un tema primordial” y, durante un almuerzo de la Asociación Empresaria Argentina, habló a favor de la ley que impulsaría a que Mendoza “se involucre en la explotación minera”.
Hoy, los reclamos siguen: a partir de las 7:00, la Asamblea Popular por el Agua, un grupo de vecinos autoconvocados, llamó a una marcha masiva para decirle “no al ciaunuro”.
“No importa si vives en la ciudad, en el campo o las montañas; todos tomamos agua que proviene de nuestros ríos. No podemos permitir que la megaminería la contamine”, sostuvieron desde la Asamblea Popular por el Agua. Entre las organizaciones que se manifestaron en contra de la reforma también están Greenpeace, Fundación Biodiversidad, Vida Silvestre y Jóvenes por el Clima.
LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES
Si bien los legisladores que respaldaron la reforma subrayaron la creación de una Agencia de Control Ambiental y el cumplimiento de los parámetros ordenados por la legislación internacional, son más los efectos negativos en la salud de las personas y el ambiente.
“El principal problema de la reforma es que se permite el uso de sustancias tóxicas en la actividad minera”, explica Mijael Kaufman Falchuk, de Jóvenes por el Clima Argentina, y agrega: “Esta demostrado que esta industria genera más efectos dañinos que beneficios”.
Entre los artículos modificados de la Ley 7722 -ratificada en 2015 por la Corte Suprema mendocina-, el principal es el 1, que prohibe el uso de sustancias químicas en los procesos mineros metalíferos de “cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo”. La nueva Ley prohibe solo el uso de mercurio en todas sus formas.
Este artículo tenía como objetivo cuidar los recursos naturales de Mendoza, con especial énfasis en el recurso hídrico de una provincia que se encuentra en emergencia hídrica. “Ríos reducidos a una mínima parte de su caudal normal para ésta época y embalses que nunca habían estado en niveles tan bajos desde su primer llenado desde 1968”, comentaron desde la Asamblea Popular por el Agua.
Por ejemplo, el volumen del embalse El Carrizal, en Tunuyán, se redujo de 159 hm3 en 2010, a 85 en 2019, mientras que el caudal del Cañon de Atuel disminuyó unos 38 m3/s desde 2010 a este año.
La modificación de la ley permite fundamentalmente que se activen 19 proyectos mineros que no podían desarrollarse por las sustancias químicas que utilizan en sus procesos. Son, en su mayoría, para la explotación de cobre, aunque también hay otros que explotarán uranio, oro, plomo, plata, zinc y hierro. Algunos son el de San Jorge, de explotación de cobre y descartada en 2011, y el de Hierro Indio, de hierro.
“Como sociedad, la respuesta debe ser movilizarse: en Mendoza no hay una marcha ambientalista, sino que es todo un pueblo luchando por un derecho humano que es el agua”, concluye Mijael.
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