COP28: Argentina y Paraguay no firmaron la declaración por una agricultura sustentable
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Scanio, Ojeda y Marcolini fueron los jefes comunales oficialistas que discreparon con el Gobernador en la reforma de la ley 7.722
Politicas Ambientales 22/10/2021El gobernador Rodolfo Suárez debió corregir el rumbo de su agenda política a poco más de un mes de haber asumido: derogar la Ley 9.209 que permitía desarrollar minería metalífera en la provincia, para restablecer la 7.722, conocida como "antiminera", en medio de una fuerte protesta social.
Los intendentes de los departamentos más enardecidos aseguran que no hubo ni hay heridas en el vínculo con el titular del Ejecutivo, asegurando que "el que avisa no traiciona" como dice el dicho popular. La postura territorial era conocida de antemano en el Valle de Uco y en parte del sur provincial.
El periplo por el posible desembarco de emprendimientos mineros que podían utilizar sustancias como cianuro y ácido sulfúrico para el desarrollo de la actividad, provocó una movilización de gran envergadura. San Carlos y Alvear, con administraciones oficialistas lideradas por Rolando Scanio y Walther Marcolini respectivamente, fueron usina de manifestantes que llegaron hasta la Casa de Gobierno el pasado 23 de diciembre. A esto se sumó Las Heras, que en la voz de Daniel Orozco celebró primero una posible consulta popular vinculante sobre la reforma de la Ley 7.722 y luego festejó la derogación resaltándose como un defensor más del agua.
En la otra vereda está Juan Manuel Ojeda, jefe comunal de Malargüe que encontraba por primera vez un aliado para ampliar la matriz productiva de Mendoza: el propio Suárez allanaba el camino para que la minería llegara al sur, a un departamento que hoy cuenta con licencia social para avanzar con la minería metalífera.
Entre los más oficialistas se puede incluir al radical Marcolini quien rescató, en diálogo con Los Andes, que su relación con Suárez es "muy buena, siempre la ha sido y siempre ha habido un gran respeto por las visiones de ambos. Yo se lo planteé en campaña, que iba a ser runa situación muy difícil pretender modificar la 7.722 porque no había margen social", asegura el alverense y se despega al sostener que la postura antiminera de su departamento es de larga data. Aunque, se sorprendió por la magnitud del rechazo: "Creíamos que era un tema que se circunscribía a Alvear y a San Carlos" .
No escatimó en elogios hacia el mandatario provincial, destacando su apertura al diálogo y considerando a modo de título personal que "tiene el tiempo suficiente para recomponer su liderazgo" y que con ese gesto político "va a recomponer su autoridad y mucha gente le respeta eso".
Rolando Scanio, el intendente oficialista que no es radical, y es más cercano al Frente Renovador, mantuvo más distancia e indicó que su vínculo está basado "en lo institucional" pero que "es bueno". Negó también algún tipo de cortocircuito con Suárez, argumentando que también sabía qué pensaba la tierra natal del propio Gobernador.
Jorge Difonso, antecesor de Scanio en la administración municipal fue co-autor de la 7.722 que se sancionó en el 2007 y una de las caras más visibles, junto a Scanio, en las protestas territoriales en contra de la reforma. "En San Carlos el cuidado del medio ambiente es una política de Estado", aseveró el intendente, avisando también que no iba a traicionar su rumbo antiminero.
Daniel Orozco, oficialista del riñón radical fue el único intendente del Gran Mendoza que se manifestó en contra de la minería metalífera durante el tratamiento de la ley. Sin embargo, Los Andes no obtuvo respuesta de parte del municipio cuando quiso consultarle al intendente lasherino cómo está actualmente su relación con Rodolfo Suárez.
Juan Manuel Ojeda, el administrador municipal perjudicado en el revés minero, también se despegó de algún rezongo directo al mandatario indicando que su relación "es buena" y que en ningún momento fue tensa, sino más bien "de entendimiento y madura".
"Entendí que tenía que garantizar la paz social" reconoció, aunque eso implicó que en un mes "se produjeran cinco cortes de rutas por la desocupación" y por lo este motivo el diálogo con el Gobernador es casi diario es pos de buscar una solución ya que la minería que permitía la Ley 9.209 quedó trunca.
El Ejecutivo provincial, en tanto, eligió el silencio ante la consulta de Los Andes.
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Por las dudas, Walther Marcolini, jefe comunal de General Alvear, se postula como uno de los intendentes que no expondrá al mandatario. "Formo parte de su equipo, y como formo parte, lo cuidamos al Gobernador", advierte. "En Alvear hay posturas en un abanico muy amplio, algunas son muy racionales en lo que respecta a la defensa del agua, pero otras son muy duras. Entonces no se lo puede exponer al Gobernador", manifestó Marcolini.
No es una producción propia, la fuente es Diario Los Andes (Mendoza, Argentina)
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