Las energías renovables baten su récord en México pese a las tensiones con el Gobierno

La energía renovable ha alcanzado en México una cresta peligrosa. En 2019 la eólica creció un 26% en capacidad instalada respecto al año anterior, según datos del sector difundidos esta semana, mientras la solar avanzó un 76% de enero de 2019 a febrero de 2020. Juntas añadieron alrededor de 3.500 MW, suficiente para cubrir las necesidades anuales de unas tres millones de viviendas. Pese al buen momento, la industria presiente un precipicio. Los cambios regulatorios promovidos por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para fortalecer la producción estatal pueden detener el auge renovable, temen expertos y empresas.

La eólica añadió 1.280 MW en 2019, “un récord histórico”, según el presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), Leopoldo Rodríguez. “Nunca antes habíamos tenido instalada tanta capacidad en un solo año”. Esta hornada situó al país en el primer lugar de Latinoamérica en cuanto a nueva capacidad instalada. Desde que arrancó a mediados de los 90 en el istmo de Tehuantepec en Oaxaca, al sudoeste del país, las aspas se han expandido a otros 14 Estados y acumulan una inversión de 11.000 millones de dólares. El 18% de esta llegó en 2019.

La solar también está de celebración. Pese a tener un desarrollo más reciente que la eólica, este febrero alcanzó 5.360 MW de capacidad instalada y suma 8.500 millones de dólares en inversión acumulada - un 26% corresponde a 2019-. El despegue de la energía solar se hace sentir sobre todo en los Estados del norte y del centro del país y queda margen. Un 85% del país es óptimo para el desarrollo, según la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex).

Pero la fiesta puede no durar. El Gobierno de López Obrador (Morena) ha preferido apostar por energías tradicionales y por reflotar las empresas productivas del Estado, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La Administración ha hecho cambios a la reforma energética, impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto (PRI) para abrir el sector a la inversión privada y servir de trampolín a las renovables.

En 2019 alrededor del 65% de la producción eólica fue resultado de las subastas eléctricas a largo plazo, un mecanismo que el Gobierno canceló hace poco más de un año. El sistema permitía a los generadores de energía vender su producción a la CFE a un precio fijo. Atraídos por ese nuevo marco, gigantes del sector apostaron por desarrollar plantas a gran escala y el precio al que se vendía la electricidad cayó en picado.

Con la cancelación de este mecanismo, los expertos predicen que el crecimiento logrado se desinfle después de que los últimos proyectos subastados entren en operación. Gran parte de la capacidad añadida en 2019 pertenece a proyectos licitados en la primera subasta en 2015 y en la segunda en 2016, de los que un 75% y un 81% ya han entrado en operación, respectivamente. De la tercera subasta, la mitad está en construcción y el resto a punto de iniciar obra.

Casiopea Ramírez, miembro del consejo directivo de Asolmex, sostiene que en 2020 se añadirán 500 MW en el mejor de los casos y 200 MW, en el peor. “No hay manera de que volvamos a crecer como en 2019”, afirma. Sin la CFE como comprador, las empresas se enfrentan a la dificultad de encontrar a quién vender. “Colocar energía va a ser más difícil y va a ralentizar el desarrollo de los proyectos”, asegura.

La eólica es más optimista. Espera añadir entre 1.000 y 1.200 MW en 2020, un modesto descenso respecto a 2019. Aun así, Leopoldo Rodríguez, de AMDEE, apunta a otros desafíos. “Las subastas no son indispensables, pero necesitamos estabilidad y realizar las obras de transmisión que se requieren”, dice. Estas obras de interconexión, esenciales para llevar la energía del lugar de producción al centro de consumo, se hallan paralizadas desde 2015 y la red está saturada, un cuello de botella para seguir con la expansión.

Ante la preocupación del sector, López Obrador ha insistido en que se van a respetar los contratos ya firmados y que la reforma energética promulgada por su antecesor no se va a revocar. Sin embargo, el Gobierno sí la ha ido vaciando de significado con la modificación de algunos puntos clave para reforzar la CFE, que ha perdido cuota de generación ante el auge de los productores privados.

En diciembre se difundió un “pliego petitorio” enviado por la eléctrica estatal a la Comisión Reguladora de Energía, el organismo autónomo encargado de regular el sector, con una serie de medidas para fortalecerse a sí misma. El documento incluía, entre otras acciones, “determinar la capacidad máxima permisible de energía renovable intermitente” y limitar las sociedades de autoabasto, un esquema por el que generadores privados, muchos de ellos renovables, suministraban a un grupo de empresas.

Sobre esta segunda medida, el regulador inició hace un par de semanas los trámites para limitar la incorporación de nuevos puntos de suministro a los contratos. Es decir, las empresas que abran una nueva sucursal o tienda no podrán suministrarla de electricidad bajo ese esquema; tendrán que comprarla a la CFE o a otros generadores a un precio previsiblemente más alto. Tampoco se podrán añadir nuevos socios a los contratos, una práctica de la que las autoridades consideran se ha abusado. “El objetivo es que la CFE gane clientes, pero cambiar las reglas de operación a la mitad puede ahuyentar la inversión”, dice el consultor Víctor Ramírez.

La industria ha puesto las esperanzas en el Plan de Infraestructura Energética que el Gobierno está por lanzar. “El mensaje fue crecer, quitar burocracia, implementar y darle velocidad a todo”, explicó el jefe de la Oficina de la Presidencia e impulsor del plan, el empresario Alfonso Romo. A pocos días de celebrar la reunión anual del sector, Leopoldo Rodríguez, de AMDEE, estima que se pueden incorporar hasta 10.000 MW en nueva capacidad en los próximos cinco años, pero solo “si se dan la condiciones de transmisión y de reglas claras”, matiza.

Sin subastas que impulsen grandes proyectos, la industria fotovoltaica apuesta por el desarrollo de la generación distribuida, como se conoce la producción mediante pequeñas fuentes cerca del centro de consumo. Una vía que, hasta ahora, ha estado lejos de dar los frutos reportados por las plantas a gran escala.

La ralentización del crecimiento de las renovables puede debilitar el combate contra el cambio climático. Adrián Fernández, director de la ONG ambientalista Iniciativa Climática, prevé que en 2021 se crezca la mitad que en 2019. “Va a ser muy difícil que se cumpla la meta del 35% de energías limpias para 2024”, asegura. El Gobierno quiere repotenciar las centrales hidroeléctricas y duplicar la capacidad generadora de la planta nuclear de Laguna Verde, pero Fernández opina que no va a ser suficiente para llegar a tiempo a la meta.

El presupuesto federal de 2020 aprobado en diciembre por la Cámara de Diputados contemplaba 55.000 millones de pesos, unos 2.800 millones de dólares, para la “adaptación y mitigación” del cambio climático, un aumento considerable respecto a los 39.000 millones del año pasado. Pero el monto escondía sorpresas: un 72% era gasto de la CFE en “transporte de gas natural” y apenas un 14% estaba dirigido a la Secretaría de Medio Ambiente y otro 6% al Fondo de Desastres Naturales.

México recibió un tirón de orejas de Naciones Unidas. El Informe sobre la Brecha de Emisiones, publicado a finales de noviembre, advertía que el Gobierno “había detenido años de progreso en el sector que amenazan con revertir el progreso logrado”. La publicación del informe justo antes de la Cumbre del Cambio Climático de Madrid provocó un pequeño terremoto en la Secretaría de Relaciones Exteriores que llamó a la representante de la Agencia de Naciones Unidas para el Medioambiente en México para quejarse, según fuentes conocedoras del caso.

En la cumbre, el Gobierno se apuntó a una alianza de países comprometidos con lograr cero emisiones netas de C02 para 2050. Una ambición que parece contradecir los giros en la regulación. Adrián Fernández ve una brecha entre aquellos ministerios más sensibles a la lucha contra el cambio climático y los responsables de la implementación de la política energética. “Cancillería y la Secretaría de Medio Ambiente tienen como principal desafío concientizar y convencer a la Secretaría de Energía de los beneficios de una ruta descarbonizada y que deje de impulsar los combustibles fósiles”.

Fuente: El Pais