ONG ambientalistas denuncian que el INTA “censuró” a una de sus investigadoras que estudiaba el impacto de los agroquímicos en la salud de las poblaciones rurales

Las organizaciones ambientalistas que desde hace años se manifiestan, a veces con fundamente y muchas otras veces desde convicciones más ideológicas que científicas señalan que el INTA censuró a una de las investigadoras que analizaba el controversial asunto.

“En un nota cursada el 15 de Junio de 2023 a la responsable del Proyecto SPRINT Argentina, doctora Virginia Aparicio, que lleva la firma del director nacional Carlos Alberto Parera, se le ‘instruye’ a la investigadora que suspenda la reunión informativa del 21 de Junio de 2023″, denunció un grupo de organizaciones que esperaban la difusión de los resultados del denominado proyecto SPRINT. Se trata de una iniciativa promovida por la Unión Europea para investigar el impacto en la vida cotidiana de las sustancias químicos utilizadas en las actividades agropecuarias. Bichos de Campo, recapitulan lo investigado por ellos mismos años atras.

Lo de siempre en este tipo de casos: no se sabe exactamente cuánto responde a un mandato institucional y cuánto a la motivación de los propios organizadores. Lo cierto es que Parera, quien transita sus últimos meses como director nacional del INTA ya que se lanzó un nuevo concursos para cubrir el cargo, habría desautorizado que se expongan esos resultados desde el organismo, donde conviven muy diversas miradas sobre los agroquímicos.

El Director Nacional del INTA señala que se ha tomado conocimiento de que posiblemente algunos procedimientos del SPRINT en Argentina han excedido la incumbencia institucional, y luego agrega en tono persecutorio que el accionar de la investigadora está siendo analizado al respecto. No se trata sino de un artero acto de censura y persecución que tiene como fin ocultar la información sumamente valiosa y reveladora que aporta el SPRINT sobre los graves impactos de los agrotóxicos en las matrices ambientales y los cuerpos humanos en Argentina.

denunciaron un grupo de ONG solidarias con Aparicio, a la que le ordenaron suspender una reunión informativa.

La investigadora trabaja en la Unidad Integrada Balcarce y también revista en las filas del Conicet.

El comunicado donde se denuncia este posible caso de censura lo firman Paren de Fumigarnos Mar del Plata; Ecos de Saladillo; Red de Acción contra los Plaguicidas-RAPAL Argentina; Asamblea Autoconvocados de La Matanza; Colectivo Tierra Viva de Bolivar; Cooperativa de producción Agroecológica de Marcos Paz; Foro por la Salud y el Ambiente de Vicente Lopez; Coplasa Lobos; Pioneros del Agua; Ecos de Chivilcoy; Ana Rodriguez (Consejo Consultivo Asesor Agroecológico Municipal); Paren de Fumigar Pergamino. Es decir, varios colectivos que militan activamente contra los agroquímicos y tienen posición tomada.

Estas organizaciones valoran el trabajo de Aparicio dentro del proyecto SPRINT por cuanto “el relevamiento biológico humano exhaustivo que motiva el proceder censor del INTA comprendió la búsqueda de agrotóxicos en la orina, sangre, y materia fecal sumándose la medición de la calidad del aire de personas que habitan en pueblos fumigados de la provincia de Buenos Aires”.

El muestreo, argumentan, fue realizado durante la primavera del año 2021 y forma parte del proyecto SPRINT (Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global) financiado por el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea (UE).

Además declaran que “el procedimiento del muestreo realizado en la Argentina contó una aprobación del Comité Bioética de Ética de la Investigación, del Programa Temático Interdisciplinario en Bioética (PTIB) dependiente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Además el protocolo del muestreo fue revisado por pares y publicado en una revista científica”.

Luego de deplorar el posible acto de censura cometido por el Director Nacional del INTA, los ambientalistas definen: “Es sabido que el INTA orgánicamente responde al agronegocio, como así también es de conocimiento público el malestar y las quejas de los sectores beneficiados del agronegocio por la realización del SPRINT”.

Incluso, comparan lo sucedido ahora con Aparicio con la supuesta censura que padeció como integrante del Conicet, de donde llegó a ser vicepresidente, el  investigador Andrés Carrasco, quien investigó el impacto del glifosato sobre seres vivos y atravesó por eso “una persecución feroz dentro del Conicet previo a la publicación de su trabajo”.