La movilización se produce dos años después del plebiscito del 20 de agosto de 2023, en el que 59 % de los ecuatorianos votaron por dejar el petróleo bajo tierra
Noticias Generales26/08/2025
Marcos Bach
Representantes del pueblo waorani y organizaciones ambientalistas llegaron a Quito para exigir el fin de la extracción petrolera en el Parque Nacional Yasuní, una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta.
Explican en Noticias Ambientales, que la consulta establecía el cierre de más de 240 pozos en un año, pero el gobierno ecuatoriano sostiene que el desmantelamiento completo tomará cinco años. Según el cronograma oficial, en 2025 debían clausurarse 48 pozos, pero activistas denuncian que apenas se han cerrado 10.
“No venimos a rogar, venimos a exigir respeto por nuestro territorio”, declaró Juan Bay, presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), durante la marcha frente a la Corte Constitucional, donde presentaron un pliego de peticiones para que el cierre total se concrete antes de 2027.
Pueblos originarios reclaman en Quito contra la extracción petrolera. Foto: AP/Dolores Ochoa
El Parque Nacional Yasuní, declarado Reserva de Biósfera por la UNESCO en 1989, alberga a los pueblos Tagaeri y Taromenane, que viven en aislamiento voluntario.
La continuidad de la explotación petrolera pone en riesgo su supervivencia, además de afectar gravemente la biodiversidad del área.
La producción petrolera vulnera derechos colectivos y contradice el resultado del referéndum.
La organización Human Rights Watch (HRW) emitió un comunicado instando al gobierno ecuatoriano a detener de inmediato la extracción petrolera en el Yasuní.
Mantener la producción ignora el mandato ciudadano y afecta directamente los derechos de los pueblos que habitan el parque.
Richard Pearshouse, director de medio ambiente de HRW.
Durante más de una década, el Yasuní ha generado 57.000 barriles de crudo diarios, con ingresos estimados en 1.200 millones de dólares anuales. En el primer semestre de 2025, la producción se redujo a 44.000 barriles diarios, pero las consecuencias ambientales persisten, según denuncias documentadas por HRW.
La estatal Petroecuador fue consultada por la agencia Associated Press sobre el avance del cronograma, pero hasta el momento no ha emitido declaraciones oficiales.
La situación del Yasuní refleja una tensión entre voluntad popular, intereses económicos y derechos territoriales.
La demora en el cumplimiento del mandato ciudadano pone en evidencia la necesidad de fortalecer la gobernanza ambiental, garantizar el respeto a los derechos indígenas y avanzar hacia una transición energética justa.
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