Un proyecto para reformar la ley de arbolado público fue frenado por personas que defienden el ambiente, por considerar que sería perjudicial para el arbolado.
Arbolado24/06/2020
La iniciativa era de la diputada oficialista Ana María Andía y como coautor tuvo a Jorge Sosa. Según los ambientalistas, no se consultó a nadie sobre las modificaciones, ni siquiera al Consejo Provincial del Arbolado Público, y las mismas atentarían contra el bienestar de los árboles, ya que deja “libre” a la poda y pone todas estas decisiones más en mano de cada comuna que de un ente central, como es Recursos Naturales.
Teresita Capezzone, de la Asamblea por el Árbol, explicó a FM Vos (94.5) y Diario San Rafael que “en Mendoza hay una ley desde 2008 de protección del arbolado, la 7.874, que dice que el arbolado es un servicio prioritario y hay derecho a un árbol sano. Esa ley fue muy debatida y consensuada en muchos sectores, fue una ley que sirve a la gente. Ahora se quiere modificar y de todo ese abanico de gente no se consultó a nadie, ni siquiera al Consejo de Defensa del Arbolado, que no tenía noticias de esta situación”.
Las reformas que se pretendían hacer incluían “dar ventajas a municipalidades haciendo más laxas las decisiones sobre podas, tala, erradicaciones, una poda mucho más intensa de la que ya se hace. Son modificaciones regresivas”, afirmó la ambientalista.
Relató que “el proyecto de ley es de la diputada Andía y pasó rápido por la Comisión de Ambiente sin convocar a nadie. Es un despropósito modificar una ley que aún no se cumple del todo, el planeta nos habla a gritos que necesitamos cambiar la mirada que tenemos. Se pudo parar en la comisión gracias a la presión de varios y el diputado Difonso la dejó ahí; vamos a pedir que se rechace la modificación y si hay que hacer modificaciones, que sea algo progresivo, consensuado y acordado”.
Capezzone detalló que entre los cambios que propone el cuestionado proyecto está que “dejaría de tener el poder Recursos Naturales y pasaría más a las manos de las comunas, sin preguntar a Recursos y con una figura que se llama programa de acción, las municipalidades hacen un paquete de tareas, las presentan a Recursos, que tiene 20 días para revisar eso, y sabemos que el área está bastante desmantelada, y si no la revisa se considera aprobada”.
“Otro punto –agregó– es que la poda debe ser mínima según la ley actual, porque al árbol de la calle la poda le acorta la vida, esa palabra (mínima) se la sacan y queda sin un máximo de cómo va a ser”.
Fuente: Diario San Rafael (Mendoza, Argentina)
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