La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas denunció que existen 401.000m³ de residuos tóxicos sin tratar. Apuntan a la empresa COMARSA, pero también a funcionarios públicos y a las petroleras como YPF, PAE, Chevron y Tecpetrol
Energía renovable13/01/2021
“Un desastre ambiental sin precedentes a nivel nacional”. Así se refiere la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAAA) a la contaminación con los residuos del fracking en Vaca Muerta.
Son 401.000m³ de desechos tóxicos sin tratar, que equivalen a 44 hectáreas de un metro de altura. Las plantas de la Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A. (COMARSA) en Neuquén y Añelo, ocupan 46,5 hectáreas, el equivalente de 24 veces la Plaza de Mayo. Están repletas de material altamente tóxico que provoca daños al ambiente y a la salud de las personas. COMARSA es una de las empresas dedicadas al negocio de la basura petrolera. Cobra millones, pero el único “tratamiento” que realiza es depositar los residuos en grandes piletones, ni siquiera bien impermeabilizados.
La denuncia penal presentada el 17 de diciembre pasado ante la Fiscalía de Delitos Ambientales y Leyes Especiales del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, está minuciosamente respaldada con fotos, imágenes satelitales, mapas, resoluciones, ordenanzas y distintos tipos de datos. En ella la AAAA solicita medidas urgentes para determinar “la comisión del delito de envenenamiento, adulteración o contaminación de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general, mediante la utilización de residuos peligrosos generados por la industria petrolera” de Vaca Muerta.
El fracking es la técnica utilizada para extraer los hidrocarburos atrapados en la formación geológica Vaca Muerta. Implica la inyección de decenas de millones de litros de agua limpia por pozo, mezclada con arenas silíceas y un cóctel de productos químicos, muchos de los cuales son tóxicos para la salud de las personas y el ambiente.
Para entender el riesgo que generan los residuos del fracking, hablamos con Martín Álvarez, del Observatorio Petrolero Sur, que nos dijo: “el propio Miguel Galuccio (ex-CEO de YPF) decía en un programa en 2014 que si él fuese ambientalista, su preocupación más grande en relación al fracking sería el tratamiento de los residuos. Y tenía razón. En COMARSA vimos un crecimiento exponencial desde el pacto YPF - Chevron. En 2014 también vimos el derrame de 100m3 de INDARSA por las calles del Parque Industrial, producto de una pileta clandestina de la que cedió uno de sus laterales”.
La planta del Parque Industrial de Neuquén está ubicada a sólo 25 metros de la vivienda más cercana. En una provincia con un déficit habitacional de 80.000 viviendas, las familias trabajadoras terminan ocupando tierras realmente no aptas para vivir.
Marisa es vecina del asentamiento conocido como Casimiro Gómez. “Vivir casi pegados al paredón de COMARSA es totalmente sofocante”, nos dice. “Cuando el viento viene desde el este, es tremendo el olor como si fuera a gasoil, a nafta. Te queda muy pegado a la nariz, te seca la garganta. Sentís el aire muy denso, muy pesado. La ropa te queda con ese olor, como si fuera kerosene quemado. Hay montañas negras, todas llenas de petróleo. Y ellos con las máquinas las van removiendo, las van tirando para que se vayan ventilando, todos los días de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde. COMARSA la verdad es que tendría que haberse ido hace rato, no sé por qué sigue ahí”.
El investigador del OPSUR explica que esos movimientos tienen que ver con la lixiviación del material, y que al ser volátiles los hidrocarburos, y emanar gases tóxicos, es de los hechos más graves de contaminación para las poblaciones cercanas.
Los encargados de remover y depositar los residuos son trabajadores que soportan el despotismo empresarial. Años atrás, uno de ellos sufrió un accidente que le costó un dedo de la mano. Cuando su compañero reclamó ante la gerencia que en el lugar debería haber una ambulancia, fue despedido inmediatamente.
La denuncia fue presentada por Rafael Colombo, letrado de la AAAA, como resultado de una exhaustiva investigación. Esa investigación es continuidad de lo plasmado en el libro “20 mitos y realidades sobre el fracking”, que reúne a un equipo de trabajo integrado por Pablo Bertinat, Eduardo D’Elía, el OPSUR, Roberto Ochandio, Maristella Svampa y Enrique Viale.
El texto comienza exponiendo el mecanismo de contaminación de tierras públicas con el que operó COMARSA, que luego de ocupar ilegalmente tierras fiscales y colapsarlas de residuos, recibió la cesión de las mismas por parte de autoridades provinciales y municipales. En el caso de la planta del Parque Industrial de Neuquén (PIN), que hoy tiene una dimensión de más de 17 hectáreas, se benefició en 2013 con una Ordenanza Municipal que le garantizó la venta de 3,7 hectáreas que ocupaba desde el año anterior, al insólito precio de $35,00 el metro cuadrado (promoción no válida para las familias de la Casimiro Gómez).
Producto de la lucha de vecinas y vecinos de los barrios aledaños, organizaciones socioambientales y del pueblo mapuche, en el año 2015 el decreto provincial Nº 2263 estableció que “las Plantas Permanentes de Tratamiento de Residuos Especiales y Plantas de Disposición Final deberán estar ubicadas fuera del ejido municipal, a una distancia mínima de ocho (8) kilómetros de zonas urbanizadas o con proyectos de urbanización”. COMARSA debía irse del PIN antes de noviembre de 2017. Nunca se fue. Pero sí recibió, en 2016, la cesión de otras 29 hectáreas en el Departamento de Añelo. Según detalla la denuncia, el objetivo para el cual esas tierras fueron cedidas, el tratamiento de residuos peligrosos, fue reemplazado en los hechos por otro más “barato”: el simple acopio de esos residuos.
Álvarez nos comenta, en ese sentido, que en las audiencias públicas previas a la instalación de la planta en Añelo, quedó claro que no hubo estudio de impacto ambiental, y que ni siquiera contaban con los servicios de agua, gas y electricidad mínimos con los que tratar los residuos. Sólo los acumularon, sin procesar. Incluso en la planta del PIN "hay algunos componentes sensibles que podrían o no ingresar, y que no tienen capacidad para tratar, como el cadmio, el material radiactivo natural, el plomo o los metales pesados, que son propios de los lodos de perforación o cutting".
El decreto que ordenaba el cierre y saneamiento de la planta del PIN fue incumplido olímpicamente. No sólo no cerraron la planta, sino que siguieron ingresando recortes de perforación y suelos contaminados, depositándolos en piletas sin impermeabilizar a razón de 5 o 6 camiones por día. Aún así, la Subsecretaría de Ambiente de Neuquén le renovó a COMARSA las licencias ambientales para continuar manipulando y “tratando” residuos peligrosos. Por eso, en la denuncia hablan de “zona liberada”.
Ya vencidos todos los plazos, en 2018 la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente de Neuquén autorizó nuevos planes de remediación de la empresa, violando la normativa ambiental previa.
Colombo sostiene que “las plantas no cuentan siquiera con la capacidad técnica necesaria para el tratamiento de los residuos petroleros, como hornos de tratamiento térmico, por lo cual no hacen otra cosa que juntarlos, ya sea en piletones improvisados, construidos sin impermeabilización necesaria, o mezclarlos con suelos no contaminados generando mas y mas residuos peligrosos (una práctica conocida como “pastoneo”). Todo esto es ilegal”. Es decir que el Plan, además de ilegal, es inviable.
En junio de 2019, por medio de la Resolución 791, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente directamente autorizó a COMARSA a enterrar en un relleno de seguridad 200.000m3 de residuos peligrosos sin tratamiento previo compuestos por recortes de perforación base agua, recortes de perforación base aceite, fondos de tanque, lodos de perforación, barros de pileta API y suelos contaminados con hidrocarburos. Es decir que el gobierno provincial directamente alentó un daño ambiental insólito, que por otra parte viola toda legislación vigente, comenzando por la Ley Nacional de residuos peligrosos 24.051.
La connivencia de los funcionarios municipales, provinciales y nacionales, es evidente. En su denuncia, la Asociación solicita que se determinen las responsabilidades penales de los funcionarios públicos “potencialmente encuadrables en el tipo penal de encubrimiento”.
Los funcionarios municipales y provinciales (incluso los de las áreas de ambiente) realizan una defensa obscena del entramado contaminante: “está funcionando perfectamente”, dicen desde el MPN. En el caso del gobierno nacional, durante la gestión anterior el propio recaudador de la campaña de Macri en 2015, Edgardo David Cenzón, se convirtió en 2017 en presidente de Treater S.A., otro de los basureros petroleros radicados en Añelo, y denunciado en 2018 por la Confederación Mapuche de Neuquén. El entonces Ministro “planta” de Ambiente, Sergio Bergman, no hizo ni dijo nada, ni siquiera cuando el reportero gráfico Stephan Borghart, fue golpeado y detenido por intentar fotografiar las instalaciones de Treater.
Con el gobierno de Alberto Fernández, el nuevo Ministro de Ambiente, Juan Cabandié, cambió el discurso. En 2019 protagonizó una polémica al afirmar que es “alarmante” lo que pasa con los residuos del fracking. “Increíble y se manejan con impunidad”, sostuvo. Fuertes declaraciones. Pero esa alarma no llevó a ninguna acción concreta para detener este desastre, aún siendo su ministerio la máxima autoridad de aplicación de la mencionada Ley de Residuos Peligrosos.
La AAAA giró la denuncia al Ministerio de Ambiente de la Nación. Según Rafael Colombo, “debería actuar de oficio”. Mientras tanto, el gobierno destinará en 2021 más de $150.000 millones a financiar el fracking, entre la continuidad de la macrista Resolución 46 (que se embolsa principalmente el “miserable” Paolo Rocca), el nuevo Plan Gas (del que comen todas las petroleras), y lo recaudado por el “Aporte Extraordinario” (cuya porción más grande va a la Sociedad Anónima YPF).
Las petroleras que viven de planes del estado, son la tercer pata de lo que en la denuncia piden que se investigue como posible “asociación ilícita”. Las empresas que según la AAAA transportaron residuos peligrosos a las plantas de COMARSA del PIN y Añelo son: YPF S.A., Pan American Energy, Shell, Chevron, Tecpetrol, Pampa Energía, Vista Oil & Gas, y Exxon Mobil. Todas son beneficiarias del nuevo Plan Gas.Ar.
A dos días de presentada la denuncia, la Fiscalía de Delitos Ambientales informó la realización de allanamientos en las sedes de COMARSA, medida probatoria solicitada en la denuncia. Los denunciantes, sin embargo, no fueron convocados para fiscalizar el procedimiento. En diálogo con Izquierda Diario, Colombo afirmó que se constituirán como querellantes, e insistió en que la medida más urgente es la clausura inmediata de las plantas.
Por su parte, los legisladores del PTS - Frente de Izquierda Andrés Blanco y Natalia Hormazábal, presentarán pedidos de informes en la Legislatura y el Concejo Deliberante de Neuquén, dirigidos al Secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente de la Provincia, Jorge Antonio LARA, al Subsecretario de Ambiente, Juan de Dios Lucchelli, y al Subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la ciudad, Francisco Baggio. “La denuncia vuelve a poner en agenda una lucha de años contra las desastrosas consecuencias del fracking, mientras nuevamente los gobiernos apuestan millones a esta actividad”, sostuvieron en un comunicado en el que adelantaron que buscarán interpelar a los funcionarios en cuestión.
Fuente: Diario De Izquierda (Argentina)
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