Cambio Climático: ¿Cuál es el rol de los reguladores?

De hecho, el 74% de los latinoamericanos considera que el cambio climático es uno de los riesgos globales más importantes al que nos enfrentamos en este tiempo. Nuestros gobiernos tienen un rol fundamental para frenar este fenómeno y sus consecuencias. ¿Cómo? A través de la inversión pública, instrumentos de fomento, incentivos tributarios y, sobre todo, de regulaciones. ¿Por qué? Las regulaciones condicionan el comportamiento de todos los actores públicos y privados, económicos y sociales. Por eso es clave que los instrumentos que apoyan la toma de decisiones regulatorias sean un reflejo de las prioridades y las preocupaciones de la mayoría de los ciudadanos.

En 2015, a través del Acuerdo de París, más de 190 países se comprometieron a reducir sus emisiones de carbono y a poner en marcha medidas de mitigación. Todos los países de América Latina y el Caribe  suscribieron el acuerdo. ¿Por qué? El cambio climático no es sólo una tragedia natural: también es un obstáculo a los esfuerzos de desarrollo económico. Un par de datos: las inundaciones en el norte de Argentina en 2015-2016 representaron un costo de US$3,6 mil millones y el reciente huracán Dorian, además de las pérdidas de vidas, provocó daños a las propriedades que pueden llegar a unos US$7 mil millones, sin considerar la infraestructura afectada. 

Los efectos de las regulaciones en el cambio climático (y viceversa)

Los compromisos de los países con el Acuerdo de París se basan en metas de reducción de las emisiones de carbono y apuntan las medidas necesarias para alcanzarlos. Lo importante es que cada país elige su ruta y su ritmo. Costa Rica, por ejemplo, se ha establecido reducir un 25% sus emisiones para el 2030, y Perú un 30%. Ambos países también van a dedicar recursos para apoyar a los sectores más impactados por el cambio en los patrones climáticos ‒tales como la agricultura o la pesca, entre otros.

Medidas de eficiencia energética, promoción de las energías renovables, urbanismo sostenible, reforestación, ordenamiento territorial para proteger la biodiversidad…. Ésas son algunas de las medidas concretas que permiten a un país recortar sus emisiones de carbono y proteger a los sectores más vulnerables al cambio climático. ¿Cómo se llega a eso? En muchos casos, a través de regulación.

Parámetros estratégicos, estandarizados y, sobre todo, fácilmente medibles en el cambio climático

La experiencia internacional nos ha dejado ya algunas iniciativas exitosas para que las regulaciones se vuelvan instrumentos capaces de contribuir a mitigar los efectos del cambio climático:

• Incluir el cambio climático en los análisis de impacto regulatorio. Es importante alinear las regulaciones con las metas de los países en materia de cambio climático. En la Unión Europea, por ejemplo,  desde 2017 se usa el toolbox de Mejora Regulatoria de la UE donde se recomienda que las evaluaciones de impacto de las regulaciones tengan en cuenta su efecto sobre el clima.
• Consolidar metodologías y parámetros para evaluar el impacto del cambio climático. De poco sirve medir el impacto medioambiental de una regulación si no existe un consenso acerca de cómo definir ese “impacto”. Por esto, cada vez más países están desarrollando guías específicas con las metodologías y parámetros que se deben utilizar para generar estas informaciones. Este el el caso de Canadá, que en 2020 va a implementar un nuevo sistema (Evaluación Estratégica de Cambio Climático) que deberá orientar la cuantificación de las emisiones de carbono y la provisión de informaciones sobre medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático.
• Estandarizar la cuantificación de costos de las emisiones de carbono. Un abordaje adoptado internacionalmente para integrar las emisiones de carbono en el análisis de costo-beneficio de una nueva regulación es el “costo social del carbono” que estima el valor monetario del daño causado por cada unidad adicional de gas de efecto invernadero lanzada a la atmósfera.

Cambio Climático: Un largo camino adelante para la región

Todos tenemos mucho que ganar ‒y mucho que perder. Según la CEPAL, si no se reducen las emisiones de carbono para el 2050 el cambio climático va a costar a los países latinoamericanos entre el 1,5 y el 5% del PIB regional (Gráfico 1). En América Latina y el Caribe, sin embargo, todavía hay un amplio espacio para que las regulaciones realmente incentiven a los actores privados a contribuir a los compromisos climáticos. Asimismo, para aumentar la calidad del gasto público en los próximos años y décadas, va a ser necesario incorporar a las decisiones de inversión pública nuevas consideraciones sobre la mitigación y adaptación al cambio climático.

Gráfico 1

Estimaciones del impacto del cambio climático en América Latina y el Caribe
(En porcentajes del PIB regional)

Si bien los compromisos asumidos muestran que hay una consciencia creciente de la relevancia del tema, hacer frente al cambio climático requiere más que buenas intenciones. Para que la formulación e implementación de políticas y regulaciones contribuyan realmente al enfrentamiento del problema los próximos años, los gobiernos deberán invertir en la construcción y fortalecimiento de capacidades institucionales todavía incipientes en diversos países de la región, a través de la generación y diseminación de conocimiento, entrenamientos y prácticas de gobernanza que incorporen los múltiples actores de la sociedad.

Una iniciativa interesante es la Red Iberoamericana de Mejora Regulatoria que, compuesta por entes de 12 países, ya ha incluido este asunto como una de las prioridades en su agenda de trabajo para el 2020. Sin duda, un paso que permitirá avanzar la agenda hacia el cumplimiento de los compromisos con la comunidad internacional en el cambio climático y con las futuras generaciones de latinoamericanos.

No es una producción propia, la fuente es Blogs iadb (.org)