Go Electric: impulsando la movilidad eléctrica en Argentina
Go Electric es una compañía argentina que se dedica a convertir cualquier auto convencional de combustible a uno eléctrico y libre de emisiones de carbono
El Centro Azucarero Argentino y la Cámara de Bioetanol piden que se constituya una mesa de diálogo. El proyecto oficial “presenta numerosos inconvenientes”, según apuntaron
Movilidad y transporte14/03/2024Marcos BachEl Centro Azucarero Argentino (CAA) y la Cámara de Bioetanol de Maíz (CBM) expresaron su desacuerdo con los artículos del proyecto de ley ómnibus del presidente Javier Milei que cambian las reglas del juego para el mercado de los biocombustibles.
Ambas entidades señalaron que las modificaciones en ocho artículos de la ley 27.640 provocarían un “colapso” en las pymes que se dedican a la producción de biodiesel en el país.
En diálogo con Ámbito, Jorge Feijoo, presidente del CAA, indicó que a horas de conocerse la iniciativa de la Casa Rosada se generó un espacio de deliberación y análisis del proyecto para acordar una postura en común.
La semana pasada, referentes del sector se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Energía de la Nación y tras ese encuentro surgió un comunicado en el que se asegura que el camino que eligieron las autoridades nacionales “presenta numerosos inconvenientes”, por lo que convocaron a que se abra un debate para incluir más valor agregado federal, más sustentabilidad y desarrollo con más competencia en el sector.
Coincidió también la dirigencia empresarial en que hay que desregular la actividad, como propone el Gobierno, pero debería respetarse la ley actual, que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030. Se hicieron inversiones en base a eso tiempos, aseguran, por lo que insisten en que debería garantizarse la seguridad jurídica.
“Es igualmente importante respetar todas las condiciones actuales de producción y comercialización para aquellos que invirtieron bajo el actual régimen, garantizando la plena seguridad jurídica de las empresas, una condición sine qua non para el desarrollo de cualquier país”, se indicó en la postura consensuada que lleva las firmas de Feijoo y de Patrick Adam, Director Ejecutivo de la CBM.
Para avanzar en esa desregulación sugirieron que se incremente el corte de alcohol derivado de azúcar y maíz en las naftas, del 12% en la actualidad, porque permitiría alcanzar valores más competitivos, como ya sucede en Brasil y Paraguay. Mientras en el primero es del 27%, en Paraguay es del 25%. En esa dirección, se indicó que debería ir hacia “una convergencia técnica con el Mercosur”.
El 12% del corte actual se nutre de un 50% de alcohol de maíz y el resto es derivado de la actividad azucarera. Mientras el primer porcentaje se produce en Córdoba, Santa Fe y San Luis; Tucumán, Jujuy y Salta proveen la otra mitad. Para el caso de estas provincias norteñas, de los ingresos brutos del sector durante el 2022 y por todo concepto, entre azúcar y alcohol, este último representó el 29%.
Aspiramos a más, claramente, pero si se rompe esta ecuación con el proyecto del gobierno, se provocaría un escenario de quebranto.
Según las cámaras, existen 20 plantas elaboradoras de bioetanol de caña de azúcar y de maíz, que son el resultado de más de 1.000 millones de dólares de inversión en el marco de las normas que existen y estimularon el uso de bioetanol para generar menos contaminación ambiental.
Las cámaras del sector sentaron una posición común respecto al proyecto de "ley ómnibus".
A propósito del corte de alcohol derivado de azúcar y maíz en las naftas, el artículo que propone el gobierno dice, textual: “La autoridad de aplicación podrá imponer porcentajes mínimos de mezcla entre cada biocombustible con los combustibles fósiles. Hasta tanto la autoridad de aplicación determine dichos porcentajes mínimos, medidos sobre la cantidad total del producto final, ellos serán del 7,5% en gasoil o diesel oil y del 12% en nafta”.
Para las empresas que en la actualidad proveen al mercado, estas decisiones deberían dejar de ser arbitrarias para dar previsibilidad pero, además, subyace la duda sobre si es posible que la autoridad de aplicación modifique el porcentaje pero a la baja.
Mientras la “ley ómnibus” no sea aprobada, la legislación vigente es clara al establecer que se reserva para las pymes la provisión del 12% del bioetanol que se produce con derivados de caña de azúcar y maíz, y del 7,5% de biodiesel en base a aceite de soja. La propuesta del oficialismo habilita a que intervengan las petroleras en el mercado interno, más las grandes agroexportadores que producen biocombustibles.
Pero, además, contempla la importación libre de biocombustibles. “Si esto sucede será un golpe durísimo para las pymes que están protegidas por la ley actual, justo en un momento de expansión. Es imposible competir con los tanques, con las empresas de otros países que tiene apoyo del Estado, como sucede en Estados Unidos, que es el primer productor y exportador de alcohol de maíz del mundo”, reflexionó a Ámbito un empresario que administra un ingenio azucarero tucumano que en los últimos años incorporó una destilería para producir alcohol.
En el norte argentino hay 19 ingenios que muelen caña de azúcar y 16 ya tienen destilerías, por lo que los 57.000 empleos directos que generan -entre el campo y la industria- han convertido el sector en la actividad principal del NOA, que también se nutre con la producción de 600 cañeros independientes que tienen menos de 50 hectáreas.
Sería un golpe brutal para todos si ‘la ley ómnibus’ se aprueba porque tampoco bajaría el precio del combustible, sino que concentraría el negocio en poquísimas manos.
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