Decisión histórica: la CIJ dictamina que incumplir objetivos climáticos viola el derecho internacional

El máximo tribunal de la ONU allanó el miércoles el camino para el pago de posibles indemnizaciones que se impondrán a los países que incumplan sus obligaciones en materia de cambio climático, según cada caso concreto.

Las consecuencias jurídicas derivadas de la comisión de un hecho internacionalmente ilícito pueden incluir (...) indemnizaciones completas a los Estados perjudicados en forma de restitución, compensación y satisfacción.

Y añadió que debía demostrarse “un nexo causal directo y cierto suficiente (...) entre el hecho ilícito y el daño”.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió estas observaciones como opinión consultiva en un caso histórico sobre las obligaciones de las naciones de hacer frente al cambio climático y las consecuencias a las que pueden enfrentarse si no lo hacen, calificándolo de amenaza “urgente y existencial” para la humanidad.

Activistas y defensores del clima se manifiestan frente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) antes de la lectura de un dictamen consultivo que probablemente determinará el curso de las futuras medidas climáticas en todo el mundo, La Haya, Países Bajos, 23 de julio de 2025. REUTERS - Marta Fiorin

“El hecho de que un Estado no adopte las medidas adecuadas para proteger el sistema climático (...) puede constituir un acto internacionalmente ilícito”, afirmó el presidente del tribunal, Yuji Iwasawa.

El dictamen no vinculante, que tiene más de 500 páginas, mencionan en France 24, se considera un posible punto de inflexión en el derecho internacional sobre el clima.

El tribunal afirmó que “un medio ambiente limpio, saludable y sostenible” es un derecho humano. Consagrar un medio ambiente sostenible como derecho humano allana el camino para otras acciones legales, como que los Estados vuelvan a la CIJ para exigirse mutuamente responsabilidades, así como demandas nacionales, junto con instrumentos jurídicos como los acuerdos de inversión.

El caso está liderado por la nación insular del Pacífico de Vanuatu y cuenta con el respaldo de más de 130 países.

Todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, incluidos los principales emisores de gases de efecto invernadero como Estados Unidos y China, son partes en el tribunal.

Activistas y defensores del clima se manifiestan frente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) antes de la lectura de un dictamen consultivo que probablemente determinará el curso de las futuras medidas climáticas en todo el mundo, La Haya, Países Bajos, 23 de julio de 2025. REUTERS - Marta Fiorin

Fuera del tribunal, activistas climáticos se reunieron con una pancarta que decía: “Los tribunales han hablado. La ley es clara. Los Estados deben ACTUAR YA”. La sala del tribunal, conocida como la Gran Sala de Justicia, estaba abarrotada.

Tras años de presión por parte de naciones insulares vulnerables que temen desaparecer bajo el aumento del nivel del mar, la Asamblea General de la ONU solicitó en 2023 a la CIJ una opinión consultiva, una base importante para las obligaciones internacionales.

Un panel de 15 jueces se encargó de responder a dos preguntas: ¿Qué están obligados a hacer los países en virtud del derecho internacional para proteger el clima y el medio ambiente de las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por el hombre? En segundo lugar, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas para los gobiernos cuando sus actos, o su falta de acción, han perjudicado significativamente el clima y el medio ambiente?

“Lo que está en juego no podría ser más importante. La supervivencia de mi pueblo y de muchos otros está en peligro”, declaró Arnold Kiel Loughman, fiscal general de la nación insular de Vanuatu, ante el tribunal durante una semana de audiencias celebradas en diciembre.

El director general en funciones del Grupo de Avanzada Melanesio (MSG), Ilan Kiloe, en el centro, habla tras la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las obligaciones de las naciones para hacer frente al cambio climático y las consecuencias a las que se enfrentarán si no lo hacen, el miércoles 23 de julio de 2025, en La Haya, Países Bajos. AP - Peter Dejong

En la década anterior a 2023, el nivel del mar aumentó una media mundial de unos 4,3 centímetros (1,7 pulgadas), y en algunas partes del Pacífico el aumento fue aún mayor. El mundo también se ha calentado 1,3 grados Celsius (2,3 grados Fahrenheit) desde la era preindustrial debido a la quema de combustibles fósiles.

El simple hecho de que el tribunal emita un dictamen es la última de una serie de victorias legales para las pequeñas naciones insulares.

A principios de este mes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que los países tienen la obligación legal no solo de evitar daños medioambientales, sino también de proteger y restaurar los ecosistemas. El año pasado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que los países deben proteger mejor a sus ciudadanos de las consecuencias del cambio climático.

En 2019, el Tribunal Supremo de los Países Bajos dictó la primera gran victoria legal para los activistas climáticos cuando los jueces dictaminaron que la protección contra los efectos potencialmente devastadores del cambio climático era un derecho humano y que el Gobierno tenía el deber de proteger a sus ciudadanos.