La nueva estrategia alimentaria de la CE
Alimentos y Tóxicos27/07/2020
El 20 de mayo, Día Mundial de las Abejas, la CE presentó una nueva estrategia alimentaria que servirá de guía para los países miembros en los próximos 10 años. La iniciativa está compuesta en realidad por dos partes: De la granja a la mesa (F2F) y la estrategia de biodiversidad (BDS).
Aunque la estrategia pasó inadvertida por la avalancha de noticias sobre la COVID-19, puede tener efectos importantes en la agricultura de la UE.
Que la presentación fuese el Día Mundial de las Abejas no parece una casualidad. La estrategia da un paso firme hacia la sostenibilidad de la agricultura para afrontar problemas como el impacto sobre la biodiversidad de los pesticidas.
El plan fija diferentes ámbitos de trabajo dentro del sistema alimentario:
En referencia al uso de pesticidas, la estrategia fija el objetivo de reducir el uso de agroquímicos en un 50 % en el 2030, reemplazándolos por prácticas alternativas para llegar a un 25% de superficie en producción orgánica en el mismo año. Propone también prohibir los pesticidas en las zonas urbanas.
La estrategia parece, a primera vista, ambiciosa. La organización Pesticide Action Network, muy crítica con la CE en política de pesticidas, ha celebrado la iniciativa porque cree que la CE admite que la agricultura actual es insostenible.
Sin embargo, la organización cree que los objetivos deberían ser más exigentes. La F2F no hace mención a elementos conflictivos de la actual política de la CE, como la opacidad de los datos sobre uso de pesticidas. Los países miembros solo deben reportar cifras agregadas del uso de agroquímicos según el tipo (fungicidas, herbicidas, etc.). No incluir los principios activos dificulta cualquier análisis y toma de decisiones.
Otro aspecto que no se resuelve es el efecto cocktail de dos o más compuestos activos actuando juntos. Pese a ser muy común, el impacto conjunto no es evaluado por la CE.
Es también inquietante el hecho de que ya existían regulaciones y programas europeos y nacionales para disminuir el uso de pesticidas en la línea de lo que propone la F2F. Sin imposiciones y cambios legislativos –solo débiles incentivos y programas voluntarios–, estos han fracasado.
Algunos de los programas actuales son implementados a duras penas. Hace años que se impulsa institucionalmente la gestión integrada de plagas, pero pocos agricultores la siguen.
La clave del supuesto descenso en las cifras anuales de uso de pesticidas es la sustitución de unos químicos por otros más eficientes, lo que no indica un descenso en el uso de pesticidas en sí.
Los programas que pretenden reducir los pesticidas fracasan por razones ligadas a las economías agrarias. Se necesitará una Política Alimentaria Común (PAC) alineada con la estrategia F2F para alcanzar sus objetivos ambientales. Una PAC que también priorice y prime la sostenibilidad ambiental y social del sistema alimentario.
Los agroquímicos siguen siendo la manera más barata a corto plazo de gestionar las malas hierbas y pestes en la agricultura. Sin una economía agraria solvente los agricultores tomarán decisiones priorizando lo económico, no lo ambiental.
El 24 de junio, Bayer, el gigante químico alemán que en 2018 compró Monsanto, aceptó pagar 11 000 millones de dólares a las víctimas del glifosato (nada menos que 125 000 demandantes). Una decisión que, pese a haberse tomado en otro continente, puede tener un gran impacto en la agricultura de la UE.
Las víctimas habían desarrollado cáncer (en concreto, linfoma de Hodgkin) tras una exposición alta al popular compuesto. Parte del dinero se guardará para potenciales nuevos casos. Pese a todo, los demandantes están decepcionados porque la compañía ha evitado reconocer la relación del glifosato con el cáncer. El producto seguirá vendiéndose.
La comunidad científica está dividida en cuanto a la relación del glifosato con el cáncer. Sin embargo, la historia de muchos otros compuestos que fueron usados y defendidos en el pasado muestra que el principio de precaución debería primar en estos casos.
Sin ir más lejos, Bayer también ha aceptado pagar 820 millones de dólares por la contaminación del agua con PCB (policlorobifenilos) provenientes de otros agroquímicos de Monsanto. Los PCB están hoy prohibidos y son considerados tóxicos.
En el caso del glifosato, su probado impacto sobre la biodiversidad debería ser razón de más para una prohibición (no tan) preventiva.
Estas dos noticias aparentemente inconexas pueden tener un importante impacto en el actual momento regulatorio de la UE. Ya ha comenzado el proceso de recogida de información para la renovación del uso del glifosato en la UE. Se votará en 2022.
La última votación, en 2017, para la renovación del permiso fue muy ajustada. Tras varias repeticiones por no conseguir el número suficiente de votos, Alemania cambió su voto apoyando la renovación. Esto significó la extensión del permiso del glifosato en la UE cinco años.
Irónicamente, dos años después, Alemania anunció la prohibición del glifosato en el país y un plan de salida para 2023.
A menudo se argumenta que la prohibición del glifosato en la UE supondría un impacto económico desastroso para la agricultura. Pero ¿no sería también una gran oportunidad para implementar efectivamente la estrategia F2F?
El paso a un sistema alimentario sostenible es también una oportunidad económica. Una oportunidad que puede perderse si no se abordan las importantes limitaciones del sistema actual.
Una barrera son los pesticidas virtualmente baratos que benefician a corporaciones y perjudican al resto de la sociedad. Y no hablo de su supuesta toxicidad. También previenen una transformación ecológica y sostenible de la agricultura, y sus beneficios socioambientales asociados.
Fuente: the conversation (.com)
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