Los costos reales de la tala, la pesca y el comercio de vida silvestre ilegales

Las estadísticas son desalentadoras: cada 30 minutos se caza furtivamente un elefante para obtener sus colmillos cada 8 horas un rinoceronte africano para tener su cuerno; 1 de cada 5 peces se captura ilegalmente, y en ciertos países —particularmente en África y Sudamérica— entre el 50 % y el 90 % de la madera se tala y comercializa de manera ilegal. Se estima que hasta el 35 % del valor de todo el comercio ilegal proviene del palisandro.

La semana pasada publicamos un nuevo informe titulado Illegal Logging, Fishing and Wildlife Trade: The Costs and How to Combat It (Los costos de la tala de árboles, la pesca y el comercio de vida silvestre ilegales, y cómo combatirlos ) (PDF, en inglés). En este documento se estimó que el costo anual de dichas actividades ilegales alcanza la impresionante suma de entre USD 1 billón y USD 2 billones. Más del 90 % de estas pérdidas proviene de los servicios de los ecosistemas que proporcionan los bosques, la vida silvestre y los recursos costeros, y que actualmente no tienen un precio de mercado, como el almacenamiento de carbono, la biodiversidad, la filtración de agua y la retención de inundaciones.

Esta disfunción del mercado plantea un desafío normativo importante para los esfuerzos de conservación de la biodiversidad mundial. Los Gobiernos de los países de origen deben captar los beneficios financieros para conservar los ecosistemas mundiales y promover la tala y la gestión forestal legales y sostenibles, la pesca legal y el comercio de vida silvestre, y así mejorar los medios de subsistencia locales y aumentar los ingresos fiscales correspondientes.

Conservar estos servicios es fundamental para avanzar hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Las actividades ilegales socavan nuestra capacidad de conseguir muchos de los ODS, especialmente aquellos que dependen de conservar la biodiversidad y limitar el cambio climático. Ello incluye objetivos sobre pobreza, hambre, salud, agua y saneamiento, ciudades y comunidades sostenibles, acción climática, vida submarina y vida terrestre. Esto es especialmente el caso en los países de ingreso bajo, donde los medios de subsistencia dependen del capital natural(PDF) de manera desproporcionada. En estos países, los Gobiernos renuncian, según el último informe, a entre USD 7000 millones y USD 12 000 millones anuales en posibles ingresos fiscales.

Además del problema de las deficiencias del mercado, la tala de árboles, la pesca y el comercio de vida silvestre ilegales se ven facilitados por la corrupción sistemática y la gobernanza deficiente en los sectores público y privado. Este comercio ilegal transnacional y multimillonario es operado por organizaciones criminales internacionales y está a la par —en términos de alcance e ingresos— con el tráfico de personas y de drogas. A pesar de las medidas específicas y a menudo exitosas, las iniciativas para combatir estas actividades parecen insignificantes en comparación con los esfuerzos para combatir otros delitos transnacionales. Por ejemplo, en un estudio del Banco Mundial de 2019 (i) se concluyó que se destinan aproximadamente USD 260 millones al año para combatir el comercio ilegal de especies silvestres en 67 países africanos y asiáticos, mientras que el Gobierno federal de Estados Unidos por sí solo desembolsó USD 30 000 millones para el control de drogas en 2017(i)

Entonces, ¿qué se necesitará para hacer frente al comercio ilegal de los preciosos recursos naturales del mundo?  El informe proporciona una hoja de ruta útil para coordinar las acciones a nivel local, nacional y mundial y abordar las causas profundas de estas actividades ilegales. También sugiere medidas para ayudar a los países a fortalecer su capacidad nacional de abordar estos crímenes y aumentar los esfuerzos para proteger sus recursos naturales. Por ejemplo, los países pueden considerar las amenazas, vulnerabilidades y consecuencias de los delitos ambientales al realizar sus evaluaciones nacionales de los riesgos asociados al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo.

Otras medidas que se plantean son:

• Reconocer que el comercio ilegal a gran escala de los recursos naturales es tan grave como el crimen organizado transnacional.
• Cambiar los incentivos y comportamientos que impulsan la comercialización de especies de vida silvestre y productos forestales y pesqueros obtenidos ilegalmente.
• Aumentar el financiamiento y permitir a las alianzas público-privadas abordar el comercio ilegal de recursos naturales.
• Fortalecer la gobernanza y establecer un entorno comercial, legal y fiscal que respalde el comercio legal de especies de vida silvestre, pesqueras y forestales que no estén en peligro de extinción para promover medios de subsistencia sostenibles.
• Poner a las comunidades locales, especialmente a los pueblos indígenas, en el centro del diseño y la implementación de soluciones para compartir los beneficios derivados de la gestión de los activos naturales y la lucha contra las actividades ilegales.
• Adoptar estrategias nacionales para enfrentar las actividades ilegales en toda la cadena de suministro.
• Captar los beneficios derivados de servicios de los ecosistemas mundiales, como el almacenamiento de carbono y la biodiversidad.

Sobre todo, debemos trabajar juntos —los sectores público y privado, las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, las comunidades locales y los pueblos indígenas— para combatir estas actividades ilegales y registrar el verdadero valor de los recursos naturales a través de la contabilidad del capital natural. Juntos podemos marcar la diferencia en la protección de estos recursos de biodiversidad irremplazables de los que todos dependemos.

Consulte el informe aquí. (i) El Programa Mundial para la Vida Silvestre (GWP), respaldado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), (i) financió la investigación y la elaboración del informe Illegal Logging, Fishing and Wildlife Trade: The Costs and How to Combat It. El equipo del GWP y el Grupo Banco Mundial (GBM) que estuvo a cargo de la redacción del documento lo conformaron Juan José Miranda Montero, Elisson Wright y Muhammad Najeeb Khan.

Fuente: World Bank (.org)