Un proyecto de “Ley integral de menstruación sostenible” propone que se garantice la entrega gratuita por parte del sistema de salud, tanto público como privado, de los elementos necesarios para la gestión menstrual,
Politicas Ambientales04/11/2020
Con el objetivo de asegurar “un marco igualitario, protectorio y asistencial para el desarrollo y el cuidado de la salud” de toda la población. “Es una política sanitaria con una mirada feminista y ambiental”, señaló a Página/12 la asesora de la Jefatura de Gabinete, Carmela Moreau, quien diseñó el proyecto y acercó la propuesta al diputado.
Según un informe realizado en 2019 por el colectivo Economía Femini(s)ta en el marco de la campaña “MenstruAcción”, las personas que menstrúan destinan el 10 por ciento de sus ingresos a adquirir los elementos necesarios para la gestión del ciclo. En este sentido el proyecto de Ley abarca dos pilares: la gestión menstrual y la salud menstrual integral. “Cuando los ingresos no alcanzan o hay falta de información, muchas mujeres terminan utilizando elementos que pueden generar infecciones o problemas de salud”, señaló Moreau y aclaró que “los productos sustentables y ecológicos son además más económicos”. Según la impulsora del proyecto un ejemplo es la copa menstrual, que dura cerca de cinco años.
El texto establece la entrega gratuita y obligatoria, para quien lo requiera, de “toallas higiénicas reutilizables, copas menstruales, esponjas marinas menstruales, paños absorbentes lavables, ropa interior absorbente y todo aquel producto biodegradable o reutilizable, destinado a la contención durante la menstruación”. También incluye medicamentos --analgésicos, por ejemplo-- que se requieran para atravesar el período menstrual sin padecimientos ni dolor.
Siempre hubo un tabú hacia este tema en los contextos familiares y sociales, relató Moreau, que sumó al proyecto un último artículo para incorporar al Programa Nacional de Educación Sexual Integral contenidos referidos a la menstruación y el cuidado de salud menstrual desde una perspectiva integral y de género, así como información sobre el uso de productos de gestión menstrual sostenible.
Tal como lo anticipa el nombre de la ley, el proyecto prevé no sólo la asistencia económica para las personas menstruantes, sino también un enfoque sostenible de la gestión de la menstruación.
Actualmente se estima que son alrededor de 3.380 millones las unidades de toallitas y tampones que se consumen en la Argentina, para las cuales se utiliza una materia prima a base de celulosa, que proviene de plantaciones forestales. Pero además del daño que suponen hacia el medio ambiente, también pueden representar un peligro para la salud de quien las utiliza: según un informe del Espacio Multidisciplinario de Interacción Socioambiental (EMISA), de la Universidad Nacional de La Plata, en ambos productos se detectaron concentraciones de glifosato, un químico del cual se ha comprobado su toxicidad, y de su derivado, conocido como AMPA.
“Si el estado reemplaza masivamente estos productos tóxicos por otros amigables está haciendo un favor a la comunidad, apostando por un bienestar a futuro”, sostuvo Moreau y remarcó que “es un cambio contundente sobre el impacto ambiental”. Una de las consecuencias del mal uso del tampón es el Síndrome del Shock Tóxico (SST), causado por una bacteria para la cual la menstruación puede servir como medio de crecimiento.
El proyecto, que no incluye a los tampones ni a las toallitas descartables dentro de la lista de elementos de entrega gratuita, establece que el Ministerio nacional de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en coordinación con el de Salud, deberá realizar “evaluaciones técnicas” para garantizar que los materiales utilizados en la producción de los elementos de gestión menstrual “cumplan estándares de protección ambiental”.
“Si de pronto se aprueba un modelo de tampón construido con materia prima orgánica, que no perjudica ni a la salud ni al medio ambiente, el Ministerio de Salud va a poder incorporarlo a la lista de elementos”, explicó la asesora y referente del partido político IgualAr, y aclaró que “por ahora el foco está puesto en garantizar que todas las personas que menstrúan puedan acceder al mismo tipo de cuidados. Es una cuestión de justicia social y de equidad”.
Fuente: Diario Pagina 12 (Argentina)
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