Hay buenas noticias en materia de energías renovables en Argentina pero muchos desafíos por resolver

Esa buena noticia es además muy oportuna, dado que nos da la opción que necesitamos para revertir el cambio climático, asociado con el uso y abuso de fuentes de energía que implican altas emisiones de gases efecto invernadero.

Hasta hace no mucho había amplio consenso en la necesidad de llevar adelante la transición energética hacia una matriz más limpia, dando lugar a una reducción en la emisión de los referidos gases, moderando el incremento de la temperatura de nuestra casa común, para luego tender a su disminución; pero las tecnologías renovables no habían alcanzado la competitividad que hoy día reconocen.

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No se agotan allí las buenas noticias. Si consideramos el efecto de tal fenómeno global y lo trasladamos a nuestro querido país, notaremos que Argentina cuenta con enormes recursos de fuente renovable y limpia, suficiente para abastecer las necesidades propias y de buena parte de nuestros vecinos, coadyuvando así a revertir la escasez de divisas, por la doble vía de evitar importaciones de combustibles fósiles y exportar electricidad a partir de fuentes renovables.

Encima Argentina reconoce enormes reservas de gas natural, que es el combustible fósil de la transición.

Envidiable la situación de nuestro país, sin dudas.

Pero las buenas noticias siempre tienen una contrapartida. Se trata de oportunidades que tenemos que saber aprovechar. La oportunidad que nos presenta las buenas nuevas nos obligan a ponernos serios en muchos aspectos, lamentablemente desatendidos en los últimos, digamos, 20 años.

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Sin más voluntad que la de provocar el debate, debemos evaluar un sinnúmero de aspectos, que podemos principiar por intentar listar (venimos planteando esta necesidad hace tiempo, ver Revista Proyecto Energético Nº 100):

1. Debemos volver a los principios que ordenan e inspiran las leyes especiales (15.336, 24.065, 26.190, 27.191, 27.442, por nombrar las más relevantes), partiendo del propio mandato de nuestra Constitución Nacional, que en materia de regulación económica fue actualizado en la última reforma del año `94, reafirmando un modelo basado en la propiedad privada de los medios de producción, el libre mercado y la defensa de la competencia, tal como lo disponen sus artículos 9 a 12, 14, 17, 42 y ccds., de donde surge un criterio rector para nuestras autoridades, formulado en los siguientes términos: “Las autoridades proveerán … a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales…” (art. 42).
2. Las leyes sectoriales se inspiran sin dudas en tal mandato constitucional, pero se han visto superadas por la regulación y legislación de emergencia que, salvo por un breve intervalo, nos acompaña desde 2001. Debemos esforzarnos por superar el estado de excepción que provee la emergencia y construir un camino de estabilidad y certidumbre en las reglas de juego, regulando los monopolios naturales constituidos por la transmisión y distribución de gas y electricidad -fijando tarifas alineadas con los costos de prestación y con las exigencias de calidad que le exigimos a los licenciatarios y concesionarios, así como estableciendo una tarifa social que evite los errores de exclusión e inclusión que se siguen del subsidio generalizado que representa el retraso tarifario- y; asegurando la competencia en los demás segmentos, donde ello es posible, como quedó demostrado no sólo en el mundo sino también en nuestro país (siempre perfectible, esa fue la consecuencia de respetar los principios de las leyes especiales sectoriales cuyos resultados se apreciaron a fines de los ´90, con ofertas energéticas variadas, competitivas y con tarifas que cubrían los costos de prestación, como parece demostrar FIEL en su libro LA REGULACIÓN DE LA COMPETENCIA Y DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS – Teoría y experiencia argentina reciente).
3. Ello nos sugiere la necesidad, y conveniencia, de volver a los principios legales vigentes, por ejemplo, a partir de la apertura a la competencia de la generación eléctrica, donde compitan de igual a igual las fuentes renovables y las llamadas convencionales (fósiles y emprendimientos hidroeléctricos de gran escala). Se debe imaginar el camino de regreso al Mercado a Término, a fin de que demanda y oferta tengan la oportunidad de contractualizar sus prestaciones a largo plazo; posibilidad que mejora las chances de obtener la financiación para proyectos capital intensivos; así como las reglas de juego -ausentes hoy- que permitan “igualar” tecnologías tan disímiles como las renovables y las convencionales, con impactos a todas luces diferentes sobre el país y mundo en el que vivimos. Debemos crear las herramientas para “internalizar” la emisión de gas efecto invernadero de ambas tecnologías. Más allá de la obviedad de que las fuentes fósiles tienen una importante incidencia en tales emisiones, también deberíamos contemplar las emisiones de quienes producen los equipos que permiten generar a partir de fuentes renovables. La diferencia en materia de emisión de las distintas tecnologías debe verse “internalizada” y reflejada en nuevas reglas del despacho técnico del Sistema Argentino Interconectado.
4. También deben considerarse los incentivos de diversa naturaleza que fomentan el desarrollo de las inversiones energéticas en nuestro país, de enorme impacto fiscal, que deben explicitarse, asimismo, a fin de llegar a la “igualación” y “neutralidad” de la regulación y de los incentivos que desde aquí impulsamos.
5. Debemos reconocer que el costo de capital es de enorme relevancia y determinante a la hora de “aprovechar la oportunidad”. Siendo que nuestro país carece de los recursos financieros necesarios, debemos tomar nota de que necesitaremos del inversor extranjero, o del inversor local que tiene sus divisas en el exterior, camino que se debe construir sobre la base de la confianza, la seguridad jurídica y la estabilidad de las reglas, por largos periodos de tiempo (que claramente exceden un mandato presidencial).
6. Ello nos permitirá financiar la construcción de la infraestructura energética necesaria para concretar en nuestro país la transición energética, superando las enormes dificultades que tenemos como sociedad para expandir nuestro sistema de transmisión eléctrica o de transporte de gas natural (hemos abundado sobre la problemática en Revista Argentina de Derecho de la Energía, Hidrocarburos y Minería. FANELLI EVANS, Agustina, SIBOLDI, Agustín: Régimen de ampliación del sistema …»

Hacemos votos desde aquí para que los argentinos pasemos de las buenas noticias, las oportunidades, a su concreción. Por suerte, somos cada vez más los convencidos (mucho de lo cual se lo debemos a quienes primero tuvieron la inquietud: Marcelo Alvarez en INFOBAE)

Fuente: Energia Estrategica (.com)