Francia castigara la Obsolescencia Programada con dos años de Prisión y 300.000 euros de Multa
La ley recientemente aprobada por el Senado francés prevé para la obsolescencia programada el mismo tratamiento que se da a los casos de prácticas comerciales engañosas
Politicas Ambientales01/04/2022
El Senado francés ha aprobado una ley que tipifica como delito la obsolescencia programada, para la que contempla penas de dos años de prisión y 300.000 euros de multa. Pretende así penalizar a los fabricantes que reducen conscientemente la vida útil de sus productos para que los consumidores tengan que remplazarlos con mayor frecuencia.
La decisión se basa en el artículo 22 del proyecto de ley sobre transición energética para el crecimiento verde. Con este artículo se introduce en la legislación francesa la definición de obsolescencia programada.
Añadido en una enmienda en la Asamblea Nacional, el artículo se ha escrito a partir de la definición propuesta en julio de 2012 por la Agencia de Medio Ambiente y Gestión de la Energía (ADEME): “La obsolescencia programada consiste en acortar la vida útil de un producto intencionadamente para que el consumidor tenga que comprar uno nuevo, limitando su periodo de uso por razones del modelo económico”.
Así, aquel que cometa un delito de este tipo será castigado con una pena máxima de dos años de prisión y 300.000 euros de multa, en virtud de un nuevo artículo L 213-4-1, recogido en el Código de Consumo. Se prevé exactamente el mismo tratamiento que en el caso de las prácticas comerciales engañosas.
Como era de esperar, el artículo se aprobó sin ningún cambio. La ministra francesa de Ecología, Ségolène Royal, dijo al respecto que la comisión “ha logrado un buen equilibrio”. Por contra, Benoît Hamon, exministro de Consumo, dijo que no era útil “crear un delito para condenar la obsolescencia programada, ya que ya existe un delito de fraude en las características sustanciales de los bienes”.
En vista de los cambios realizados por el Senado, probablemente se forme una comisión mixta –compuesta por siete diputados y siete senadores– para llegar a un compromiso, una vez que el texto sea aprobado por la Cámara Alta del Parlamento.
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