El Congreso Argentino de Derecho Ambiental es auspiciado por la megaminería.

El próximo Congreso Argentino de Derecho Ambiental que desde hace 9 años organiza la Fundación Expoterra (estrechamente ligada al Ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y al Secretario Ambiental de la misma Corte, Néstor Cafferatta), el próximo mes de Junio de 2023, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, dista mucho de la composición de su  audiencia y los fines propuestos en sus primeras ediciones. 

Efectivamente, en su comienzo el Congreso de Derecho Ambiental de Expoterra se podía acceder abiertamente por el público en general en un ámbito de horizontalidad e intercambio como es el marco propio de una Universidad Pública y con presencia de estudiantes universitarios/as y abogados/as de asambleas de las organizaciones ambientales cuyos casos judiciales le han dado contenido a la doctrina jurídica ambiental y al mismo Congreso. Casos como "Majul", "Kersich", "Sergio Martinez" "Felipa Cruz,", entre otros, han sido objeto de exposiciones en el mismo.

Desde hace 5 años el Congreso empezó a transformarse en un ritual cerrado y selectivo que ve al Derecho Ambiental de un modo muy sesgado que nada tiene que ver con la grave crisis ambiental y climática que se viven en los territorios y que han motivado los reclamos judiciales populares con resultados que han devenido - en los últimos tiempos - en irregulares y principalmente adversos en los tribunales, ante la falta de la especialidad ambiental y/o deliberado soslayamiento del orden público ambiental y climático tanto de las justicias provinciales como la federal (incluída la Corte Suprema).

En esa línea, en las últimas versiones del Congreso se pudo comprobar como fue cambiando la composición de la audición que pasó a tener un predominio significativo de abogados y abogadas de los grandes estudios jurídicos que representan y gerencian los intereses de las mega-corporaciones de los extractivismos que son precisamente las que provocan - con las complacencias estatales - los conflictos socioambientales en los territorios. Conflictos que al no ser resueltos debida y oportunamente, terminan luego en el laberinto tiempista de la Corte Suprema a través de la parsimonia procesal intolerable que la Secretaría Ambiental Cortesana, en manos de Néstor Cafferatta, le imprime a la gestión administrativa de los expedientes judiciales, siendo dicho escenario procesal, funcional a los intereses de las corporaciones extractivistas.

Los expedientes judiciales por los OGM, la Megamineria en San Juan, la contaminación Petrolera en Caleta Olivia, el peligro de extinción del Yaguareté, el Litio de las Salinas Grandes, entre otros, son víctimas de esa parsimonia funcional que coloca a los reclamos judiciales en una suerte de limbo al someterlos a rigidices procesales con sus consecuentes abandonos jurisdiccionales sin el dictado de las medidas cautelares ambientales pertinentes, tal como viene sucediendo, abalándose de tal manera la continuación de la violación de derechos humanos y ambientales, por la misma Corte Suprema de modo unánime y sin disidencias (siquiera parciales) en su nefasta actual composición. 

El detalle que faltaba. Dime quien te auspicia y sabré tus motivaciones.

Esa funcionalidad con los extractivimos de la Corte Suprema en cuestiones ambientales que son transcedentales encuentra ahora un eco no menor en el 9ª Congreso Argentino de Derecho Ambiental que precisamente tiene como "estrellas conferencistas" a dos exponentes cortesanos como Ricardo Lorenzetti y Nestor Cafferatta: la empresa de la Megaminería Blue Pampa Company es una de las principales patrocinadoras del evento.

Blue Pampa Company es una "empresa pantalla" a través de la cual las corporaciones mineras canalizan y gestionan en la Argentina sus intereses y realizan lobby ante los poderes estatales (gobiernos provinciales y nacional) para la obtención de permisos mineros y modificaciones de la normativa vigente sobre la megaminería para acomodarla a sus necesidades. El presidente de la firma es el abogado Martin Serrano quien fuera precisamente el Gerente de GEMERA (Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina) que nuclea a las corporaciones megamineras  Yamana Gold, Blue Sky Uranium Corp., Patagonia Gold, Anddes, Aldebaran Resources, Golden Arrow Resources, ect, todas con proyectos mineros en ejecución o bien en carpeta a la espera del otorgamiento de permisos en Argentina. 

El trabajo operativo y funcional del abogado Serrano a favor de la megamineria, luego de su rol como Gerente de GEMERA, se encauzó en el mes de Abril de 2018 a través de la constitución Blue Pampa S.A.S, con el ardid de ocultar el nucleamiento y canalización de los intereses mineros extractivistas en la Argentina que realmente representa, y procurar una suerte de lavado de cara (greenwashing) de los impactos socioambientales irreparables que provoca la meganinería mediante conferencias y talleres que auspicia y organiza la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM).

Los servicios de Blue Pampa Compañy son precisos a la causa y objeto de su existencia: "Relacionamiento Institucional con Autoridades", "Elaboración del marco normativo tanto legal como de permisos ambientales y operativos a ser cumplimentados en las diferentes etapas de los proyecto", "Actualización normativa en las provincias donde nuestros clientes operan".

El campo de acción y de incidencia de Blue Pampa Company nos muestra en su auspicio del Congreso Argentino de Derecho Ambiental de la Fundación Expoterra, la conexión de las corporaciones megamineras con las fuentes directas o indirectas ambientales de la Corte Suprema. Tal esponsoreo deja expuesto a una revisión de la conducta de los funcionarios cortesanos involucrados al tener - mediante la Fundación Expoterra - un vínculo muy cercano con las corporaciones megamineras mediante la utilización como pantalla de una sociedad cuyo fin es obtener de todos los poderes públicos - a través de su "relacionamiento institucional", sic -  un visto bueno para continuar con una actividad extractivista insostenible en todos los aspectos, que pone en riesgo uno de los bienes ambientales transgeneracionales más importante: el agua. 

Se trata de una conexión espuria reñida con la necesidad del ejercicio de ecuanimidad que recae sobre el poder judicial para asegurar en la población un sentido de transparencia en las decisiones judiciales que despoje cualquier duda. Máxime cuando la actual composición cortesana con la voz ambiental en manos de Lorenzetti como ministro y Cafferrata en su rol de secretario, a diferencia del Máximo Tribunal Chileno que confirmó el cierre definitivo del principal proyecto megaminero de la Barrick Gold en el pais transandino  (Pascua Lama), continúa legitimando el proyecto megaminero Veladero de la Barrick Glod en el lado argentino con arquitecturas burocráticas procesales inoficiosas cuestionables (pedidos innecesarios de informes y posterior declaración de incompetencia con exigencias probatorias rigurosas y argumentos extremadamente rígidos que no se compadecen con la decodificancia (sic) del Derecho Ambiental), ignorando las mismas consecuencias ambientales transgeneracionales que fueron consideradas y valoradas por la justicia chilena para proceder al cese de la actividad de la corporación megaminera.

El esponsoreo de la megaminería - a través de Blue Pampa Company - del Congreso Ambiental de los Cortesanos guarda relación - en contraposición - con una línea argumental distópica de muchos de los exponentes de la Fundación Expoterra (algunos de ellos funcionarios consuetudinarios de tercera y cuarta línea de despachos ambientales del gobierno nacional y de la Provincia de Buenos Aires -OPDS-) en descalificar los reclamos de las asambleas y organizaciones contra los impactos de los extractivismos tanto de la megamineria, agronegocio, fracking y la industria petrolífera, etc, considerándolos expresiones radicalizadas de un ecologismo populista, ecoterrorista o bien de un fascismo ambiental, sic. Los mismos argumentos que exponen las corporaciones extractivistas y contaminantes y también funcionarios judiciales como los integrantes de la Cámara Federal de Mar del Plata.

El pueblo reclama en las calles Democracia y Justicia Ambiental. El Congreso Argentino de Derecho Ambiental hace gala de esos déficits, con su sesgo elitista y antidemocrático.

Desde naturaleza. ar se preguntan válidamente. ¿ De qué van hablar Ricardo Lorenzetti y Néstor Cafferatta en sus respectivas conferencias en el Congreso Argentino de Derecho Ambiental de Junio 2023 ?

¿Del "Caso Foro Ecologista" que refiere a las Escuelas Rurales Fumigadas de Entre Rios, el que la Corte Suprema declaró de poca transcendencia y no lo trató, dejando a suerte y verdad la salud de miles de niños, niñas, adolescentes y personal docente y no docente a las fumigaciones con agrotóxicos a metros de los establecimientos educativos entrerrianos? 

¿Del "Caso Vargas" que la Corte sometió a un derrotero procesal que duró años y a pesar de haberse denunciado una contaminación y la probalidad de un impacto en toda una cuenca hídrica por los derrames de cianuro del proyecto megaminero Veladero de la Barrick Gold, se declaró incompetente con argumentos rígidos en relación al federalismo que por ejemplo no tuvo en consideración para intervenir en asuntos estrictamente del derecho provincial como las cuestiones electorales en los casos recientes de San Juan y Tucumán.?

¿Del "Caso María Teresa López" por agua contaminada con hidrocarburos por las corporaciones petroleras en Caleta Olivia que en la misma línea del Caso vargas, la Corte lo sometió a un estancamiento procesal para definir luego de 4 años que no era competente, violándose por la misma Secretaria Ambiental - a cargo de Néstor Cafferatta  - los presupuestos del Acuerdo Escazú al no darle un tratamiento transparente al expediente judicial, e inaplicando a su vez el tribunal supremo la doctrina Kersich en un caso flagrante de violación del derecho humano al agua potable, condenando a la población a seguir expuesta a contraer graves enfermedades, al no conceder, siquiera, la medida cautelar de asegurar inmediatamente agua segura anta la desidia gubernamental? 

¿Del "Caso Yaguareté" que la Corte tiene en estudio desde hace más de 4 años para definir la competencia originaria mientras tanto se sigue deforestando el hábitat natural (Bosque Chaqueño - Bien Ambiental Interjurisdiccional) de una especie que se encuentra al borde de la extinción?

¿Del "Caso del Litio en las Salinas Grandes", que al igual que los Casos Vargas y Lopez, la Corte, luego de 4 años, también lo somete a esa instancia burocrática procesal perversa de pedidos de informes que ignora la situación de emergencia y gravedad al desestimar sin fundamento las medidas cautelares solicitadas por la parte actora, y con el riesgo de que después de varios años de tratamiento se declare incompetente sobre un Bien Ambiental Interjurisdiccional, con un daño ambiental consumado?

¿Del "Caso Cabaleiro por los OGM" que desde el año 2017 está esperando que se resuelva el Recurso Extraordinario por medidas cautelares en el reclamo judicial por los OGM en que se solicita el cumplimiento del orden público ambiental en lo que refiere a la participación ciudadana y una debida evaluación de impacto ambiental en el proceso de aprobación de los eventos biotecnológicos?

¿Del "Caso Cabaleiro por la situación ambiental del Río Paraná" en el que la Corte desconociendo toda su jurisprudencia en materia de competencia originaria y con el claro fin de minimizar el impacto del agronegocio en un bien interjurisdiccional como lo es la Cuenca del Paraná, con argumentos incongruentes y desopilantes se declaró incompetente?

Seguramente esos casos no serán mencionados  ni comentados, ya que la audiencia del Congreso colmada de representantes de los extractivismos, entre ellos Martin Serrano de Blue Pampa Company, estará ávida de escuchar los señalamientos cortesanos en fallos intranscedentes que no tocan sus intereses o bien sobre los criterios jurisprudenciales establecidos en casos emblemáticos, pero que luego - en la práctica - son desconocidos en los litigios judiciales estratégicos en los que se ponen en discusión las implicancias ambientales y climáticas de las actividades extractivistas.

Tal Congreso espurio tiene su celebración pomposa con el cierre fashion en una cena show en La Trastienda, en San Telmo (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) en la que los y las comensales, muchos/as de ellos/as, representantes de las corporaciones podrán tener un "acercamiento social" con los funcionarios cortesanos y su séquito de obsecuentes/as en un ambiente "relajado y ameno" entre el saboreo de "Bruschettas de pollo deshebrado al ajillo ahumado" y "Cerdo braseado a la barbacoa deshebrado con base de rúcula y coleslaw" y los temas de la banda musical Los Tipitos.

Cuando Los Tipitos toquen uno de sus temas emblemáticos que los catapultó al éxito "Silencio" habrán hecho honor a la práctica cortesana de los últimos tiempos en su ejercicio procesal - ya rutinario - de guardar silencio y mirar para otro lado en los graves conflictos socioambientales de la Argentina sometidos a su revisión (como el caso de las Escuelas Rurales Fumigadas de Entre Ríos) con el acompañamiento - sin disidencia parcial siquiera - del Ministro Lorenzetti, el especialista en materia ambiental en la Corte Suprema.

Un congreso ambiental elitista y antidemocrático.

El ambientalismo que profesa la Fundación Expoterra junto a sus funcionarios cortesanos nada tiene que ver con lo que sucede en los territorios. Además con un congreso cerrado y exclusivo que paradójicamente hace gala de los déficits de Democracia y Justicia Ambiental que padece y reclama la población ante el Estado.  En tal sentido, la ética de la Fundación queda también expresada - además del esponsoreo que recibe de la megamineria -, en la celebración de un Congreso  (en el ámbito de una Universidad Pública) que tiene un vínculo roto con la sociedad y el propio estudiantado universitario. Ergo está atravesado por un sesgo y perfil altamente elitista y antidemocrático al "cobrar entradas" (textual) sic, como si fuera un espectáculo. De hecho los precios de las entradas son altísimos, cuando por tratarse de un evento que se realiza en una universidad pública debió fijarse un arancel accesible como es usual. Máxime en un área del derecho con marcada incidencia social y colectiva que se relaciona con los conflictos judiciales en los territorios que involucra muy principalmente como víctima a la población de los sectores sociales de bajos ingresos, a los cuales el Congreso y el séquito cortesano de la Fundación Expoterra no tratan ni interactúan y prefieren bien lejos. Ello tIene una explicación lógica: los gerentes, representantes legales o patrocinantes juridicos de las corporaciones relacionadas en esos conflictos son el público preferente y selecto del Congreso.

Por ello, desde Naturaleza de Derechos, se expresa el repudio a las autoridades de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la realización de un Congreso Ambiental con un perfil sesgado, elitista y antidemocrático, y el esponsoreo del mismo por la empresa Blue Pampa Company que gestiona, representa y promociona los intereses de una actividad extractivista y contaminante como la megaminería que provoca conflictos socioambientales en los territorios y trata al agua como un mero recurso productivo y no como un bien ambiental transgeneracional esencial para la vida humana, de la naturaleza y las generaciones futuras. La práctica ética de la Fundación cortesana Expoterra a través del Congreso exclusivo y privado no se compadece ni con los preceptos y espíritu del Estatuto de la Universidad de Buenos Aires ni con los reclamos por Democracia y Justicia Ambiental de la población. El Derecho Ambiental se hace con y para el interés general y bien común de la sociedad, no con y para el beneficio de las corporaciones extractivistas.