El RIGI bajo la lupa: un informe advierte sobre el altísimo consumo de agua de San Jorge y el fracking

El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, piedra angular de la Ley de Bases del gobierno nacional, se vendió como el salvavidas para una Argentina en crisis. Sin embargo, un riguroso análisis del Centro de Investigaciones en Economía Crítica (CIEC) titulado “RIGI, ¿una vía al desarrollo o a la dependencia?” pinta un cuadro muy distinto: el de una herramienta desesperada para obtener dólares rápidos, que hipoteca la soberanía, los recursos naturales y el futuro de provincias como Mendoza, jaqueada por una emergencia hídrica histórica.

El informe fue presentado este martes en la sala Talampaya del Cricyt (Conicet) de mano de sus autores, Lautaro Breitman Pacheco (sociólogo y miembro del INCIHUSA), Gabriel Olmedo (economista del CIEC), Eliana Canafoglia (socióloga, INCIHUSA) y Gustavo García Zanotti (economista, SEC).

Un régimen a medida del capital extranjero

Sancionado en junio de 2024, el RIGI no es un simple paquete de incentivos. Es una reforma estructural que redefine la relación entre el Estado y el capital. Está destinado a proyectos de más de USD 200 millones en sectores extractivos –minería, petróleo, gas– e infraestructura, que reciben beneficios sin precedentes.

El informe del CIEC los detalla con precisión. Estabilidad fiscal por 30 años, exención de retenciones e impuestos a la importación, y una ventaja cambiaria clave: la “Autorización a liquidar divisas generadas por exportaciones por fuera del mercado de cambios argentino”. En criollo, las empresas pueden quedarse con los dólares que generen, en un país donde la falta de divisas es una enfermedad crónica. Pero la cláusula más polémica, el Artículo 193, les garantiza acceso prioritario a los “insumos” necesarios para exportar, incluso sobre las necesidades de la población.

El RIGI otorga a las grandes inversiones el mismo, e incluso mayor, derecho de acceso a los bienes comunes que a las poblaciones locales, sentencia el documento.

La contrapartida exigida a estos gigantes corporativos es, a todas luces, inexistente. “Argentina no recibe, en contrapartida, ninguno de estos beneficios estructurales”, concluye el informe. No se negocia transferencia tecnológica, encadenamientos productivos sólidos ni empleo de calidad masivo. La promesa de desarrollo se esfuma frente a una realidad de concesiones unilaterales.

Una verdad incómoda: el RIGI como mecanismo de liquidez para la deuda

¿Por qué un país aceptaría un trato tan aparentemente desventajoso? El informe no duda: la urgencia por dólares supera cualquier plan de desarrollo de largo plazo. “Su función central es generar una entrada inmediata de dólares, durante la fase inicial de inversión de proyectos extractivos”, afirma el texto. El plazo perentorio para ejecutar el 40% de la inversión en dos años delata la ansiedad.

Este para qué conduce inevitablemente al por qué. La respuesta, según el análisis, yace en “la estructura de dependencia que impone la deuda externa”.

El informe traza una línea desde la última dictadura militar, que inició un “modelo económico subordinado al capital financiero internacional, sostenido por exportaciones primarias, deuda ilegítima y fuga de capitales”, hasta el presente, donde “la generación de divisas para el pago de deuda se impone por encima de cualquier otro objetivo”.

El RIGI, en esta lógica, es la pieza final de un engranaje perverso: se promueven actividades que aseguren un ingreso rápido de dólares –la extracción intensiva– en un contexto de fuga sistemática de capitales. “Este ciclo de endeudamiento, ajuste y saqueo no solo erosiona la democracia sino que convierte el ‘desarrollo’ en una excusa para profundizar la dependencia”, advierte el CIEC.

Mendoza, la adhesión al RIGI y el proyecto San Jorge

Para Mendoza, la adhesión al RIGI no es una abstracción. La provincia es un blanco perfecto: tiene presión por desarrollar Vaca Muerta en el sur y una larga historia de intentos por imponer la megaminería metalífera en el centro y norte, contra la cual la sociedad se levantó con la Ley 7722.

El informe alerta sobre una confluencia crítica: proyectos altamente demandantes de agua en una provincia que se seca. “Estamos atravesando una profundización del estrés hídrico para la provincia, y los escenarios proyectados prevén que esto se acentúe”, señala el documento, citando la dramática reducción de los glaciares, que “funcionan como una reserva de agua natural” clave, y el aumento de la evapotranspiración.

El Artículo 193 del RIGi, que ignora la jerarquía de usos del agua (primero humano, luego agricultura, industria y finalmente minería), es una sentencia de muerte para la planificación hídrica mendocina.

“Las empresas adheridas al régimen accederían al agua en igualdad de condiciones que las personas que la necesitan para vivir”, algo que “tiene un enorme potencial de conflicto”, indica el documento.

Postal del caravanazo contra San Jorge, el último 2 de agosto, en rutas de Mendoza hacia Uspallata.

Como señalan en El Editor de Mendoza, el caso del proyecto megaminero San Jorge en Uspallata es emblemático. Según el informe, su Estudio de Impacto Ambiental se basa en datos hídricos de hace 15 años, “cuando las condiciones hídricas de la región eran significativamente más favorables”. El fracking, por su parte, requiere millones de litros de agua por pozo, inyectados con químicos en zonas cercanas a ríos vitales como el Salado o el Colorado.

Balance a un año de régimen de beneficios

A un año de su implementación, el RIGI es un fiasco hasta en sus propios términos, señalan los expertos. Solo 15 proyectos presentados, muchos de ellos ya en marcha antes de la ley, que solo recibieron beneficios extras. La generación de empleo prometida es ínfima: “24 veces más empleos perdidos de los que el RIGI promete generar” a nivel nacional desde el cambio de gobierno.

El informe indica que para las provincias que, como San Juan o Catamarca apostaron hace décadas por la megaminería con un régimen similar, el resultado es claro: pobreza por encima de la media nacional, aportes fiscales marginales y empleo escaso. “En ninguno de estos casos la minería se tradujo en beneficios sociales para estas provincias”, sentencia el informe. Neuquén, aunque con mejores números gracias a Vaca Muerta, aún tiene un tercio de su población en la pobreza y un altísimo costo ambiental.

La conclusión del CIEC suena a advertencia final: “Proteger [los bienes comunes] no es un capricho ni un lujo: es una responsabilidad ética, política e histórica”.