En medio de la controversia que ha rodeado la nueva reforma tributaria propuesta por el gobierno de Gustavo Petro, se presenta una oportunidad significativa para reforzar las políticas ambientales en Colombia y en América Latina. Aunque el borrador filtrado de la reforma ha generado inquietud, es fundamental analizar cómo este proceso legislativo podría transformarse en una herramienta potente para la protección del medio ambiente
Politicas Ambientales30/08/2024
Marcos Bach
El debate actual gira en torno a la posibilidad de modificaciones en los impuestos ambientales, específicamente los artículos 222 y 223 de la Ley 1819 de 2016, que regulan el impuesto al carbono. Este impuesto, que grava la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), es una pieza clave en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, el borrador filtrado sugirió una reducción en la proporción del recaudo destinado a la protección ambiental, lo que levantó preocupaciones sobre una posible disminución en los recursos disponibles para iniciativas ecológicas.
No obstante, es crucial reconocer que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha aclarado que el documento filtrado no representa el proyecto oficial, y que las propuestas están sujetas a cambios antes de su discusión en el Congreso. Este contexto ofrece una oportunidad para abogar por un fortalecimiento de los impuestos ambientales en lugar de una reducción.
Aumentar los impuestos ambientales y asegurar que estos recursos sean utilizados eficazmente podría traer múltiples beneficios. Primero, un incremento en el impuesto al carbono incentivaría a las empresas a reducir sus emisiones, alineándose con los objetivos del Acuerdo de París y contribuyendo a la sostenibilidad global. En segundo lugar, estos impuestos podrían generar ingresos adicionales que podrían ser reinvertidos en proyectos de energías renovables, conservación de la biodiversidad y adaptación al cambio climático.
Explican en La Política Ambiental, que América Latina es vulnerable a los efectos del cambio climático, adoptar un enfoque más riguroso en la fiscalidad ambiental podría sentar un precedente importante. Un marco tributario verde podría impulsar una transición hacia economías más sostenibles y resilientes, además de fomentar la innovación en tecnologías limpias.
En este proceso, es vital que la ciudadanía y las organizaciones ambientales mantengan una vigilancia activa y participen en el debate legislativo. La transparencia en la formulación y en la implementación de la reforma tributaria será clave para asegurar que los intereses ambientales no sean comprometidos. Las discusiones públicas y los foros de consulta son herramientas valiosas para garantizar que las políticas reflejen un equilibrio entre las necesidades económicas y los imperativos ecológicos.
El borrador de la reforma tributaria, aunque aún en discusión, puede convertirse en una herramienta transformadora si se enfoca adecuadamente. La comunidad ambiental y los ciudadanos tienen una oportunidad única para influir en este proceso, abogando por una reforma que no solo asegure la estabilidad económica del país, sino que también fortalezca las políticas de protección ambiental.
En conclusión, mientras se resuelve la polémica en torno a la reforma tributaria, es imperativo que el debate evolucione hacia una discusión constructiva sobre cómo los impuestos ambientales pueden ser una palanca para el desarrollo sostenible en Colombia y en toda América Latina. La protección del medio ambiente debe ser una prioridad en la agenda legislativa, y este es el momento perfecto para hacer valer ese compromiso.
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