Según los ecologistas, la Ley de Cambio Climático es una trampa

A pesar de haber comenzado su andadura en el congreso, tanto los grupos políticos 'verdes' como las organizaciones medioambientales han mostrado su descontento, pues creen que la nueva legislación es más que insuficiente

Cambio Climático 17 de febrero de 2021
Ciudad/Contaminacion

El proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuyas 757 enmiendas se empezaron a debatir la semana pasada en el Congreso, cuenta ahora con un objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de “al menos” un 23% para 2030 y respecto a los niveles de 1990. Así lo pedía la enmienda que habían presentado conjuntamente el PSOE y Unidas Podemos a la ley y que el jueves logró aprobarse por mayoría simple gracias al apoyo de ERC, Bildu y Teruel Existe. El cambio en el texto legislativo supone un aumento del 3% respecto a lo que contemplaba la norma inicialmente, que fijaba un objetivo de reducción de emisiones de un 20% para el final de esta década (de nuevo, con 1990 como año base).

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Sin embargo, una parte del movimiento ecologista se ha mostrado muy descontento ante esta jugada que han calificado como una 'trampa' por parte del PSOE y de UP para aparentar un aumento en la ambición climática de la ley cuando en realidad el objetivo de reducción de emisiones del texto legislativo solo ha igualado el que ya contemplaba el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Además, insisten en que la meta del 23% se queda "muy corta", pues está todavía lejos del recorte que pide la comunidad científica para afrontar la emergencia climática. Esa es, al menos, la visión compartida de las oenegés del "G5 ecologista" —Greenpeace, WWF, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y Amigos de la Tierra— y de los partidos políticos autodenominados verdes: EQUO y Más País.


Al Gobierno del PSOE y Podemos le está temblando el pulso ante el reto climático. Este proyecto de Ley nace viejo y obsoleto


Los grupos conservacionistas y formaciones políticas consultadas por Planeta A coinciden en criticar la “incoherencia” en el hecho de que el texto del anteproyecto de ley, aprobado en mayo de 2020, incluyera de partida unos objetivos de reducción de emisiones inferiores a los que llevaba el PNIEC, la hoja de ruta exigida por Europa y que se había actualizado en enero de ese mismo año con un objetivo del 23% para 2030.

"No tenía ningún sentido que el PNIEC, que es el plan que sirve para cumplir con lo que marca la legislación, tuviera unos objetivos más ambiciosos que la propia ley”, arguye Cristina Alonso, responsable de justicia climática en Amigos de la Tierra. En su opinión, ese desequilibrio “era muy inconsistente y tenían que ajustarlo sí o sí” por lo que elevar la meta al 23% en la ley es para Alonso “una trampa que provoca una desinformación y una equidistancia en cuanto a la necesidad y la urgencia de abordar el problema de la crisis climática”.

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Héctor Tejero, número 4 de Más País y uno de los autores del programa verde del partido, opina que, mientras que el Gobierno podría haber fijado un objetivo de reducción en la ley del 23% desde el principio, porque ya lo contemplaba el PNIEC, apostó por uno más bajo (20%) para poder elevarlo en las enmiendas y “ponerse la medalla”.

“Se trata de aparentar aumento de ambición donde no lo hay, con un copia-pega de unos objetivos comprometidos con la UE previamente a la ley”, arguye por su parte Florent Marcellesi, portavoz del partido verde EQUO, quien añade que “si fuera poco, el PNIEC es un plan pre-pandemia y, desde 2018, han pasado siglos en términos políticos y geopolíticos, sanitarios y climáticos”.

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Al Gobierno del PSOE y Podemos le está temblando el pulso ante el reto climático. Este proyecto de Ley nace viejo y obsoleto y tiene que aprender de la emergencia sanitaria. España necesita una ley climática post-pandemia, y no hay otro camino que aumentar la ambición, asevera Marcellesi.


Desde las ONG se quejan de que el nuevo horizonte de reducción de emisiones no será suficiente para cumplir con el Acuerdo de París, que aspira a limitar el calentamiento del planeta de forma que en 2100 no se supere el 1,5 ºC por encima de los niveles preindustriales. Para lograrlo y evitar los peores efectos de la crisis climática, el grupo de expertos climáticos de Naciones Unidas recomienda recortar las emisiones globales en un 7,6% cada año de esta década. “Esto, para un país industrializado y rico como España, con una responsabilidad histórica, significa que debería reducir sus emisiones al menos un 55% para 2030”, precisa Mar Asunción, responsable de Clima y Energía de WWF.

Javier Andaluz, a cargo de Cambio Climático en Ecologistas en Acción, señala que este es el porcentaje que los ambientalistas llevan pidiendo desde que se empezó a trabajar en la ley: “Dos años después, no se ha movido ni una coma, ni siquiera tras el anuncio de la Comisión Europea de elevar al 55% el objetivo para la reducción de emisiones en la UE”.

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En todo este tiempo, la ley “se ha desinflado muchísimo” hasta llegar a ser "una ley a medias" o "de mínimos", considera Tatiana Nuño, responsable de Energía y Cambio Climático de Greenpeace. Aunque entiende el desafío que implica acordar un objetivo ambicioso con aquellos partidos que tengan una visión climática más débil, Nuño recalca la necesidad de convenir un texto robusto, que facilite “la normativa y las estructuras necesarias para proteger a la ciudadanía de los peores impactos del cambio climático”, algo que según esta experta no pasa solo por fijar un objetivo del 55% en 2030, sino también por poner fin a las ayudas a la aviación y a la bonificación al diésel. Si no, “lo que estamos haciendo son trampas al solitario”, sentencia.

Desde Unidas Podemos, su diputado Juantxo López de Uralde, quien además preside la Comisión de Transición Ecológica en el Congreso, reconoce que el objetivo propuesto por UP en la enmienda conjunta con el PSOE no es lo suficientemente ambicioso, si bien mantiene que en su partido no renunciarán a la ambición. En su programa electoral, la formación morada pedía una ley de cambio climático con una meta de reducción de emisiones del 65% para 2030.

“La ley no es perfecta y tiene lagunas”, admite López de Uralde, quien enfatiza que lo importante ahora es que el texto legislativo salga adelante, pues “existe un riesgo de que no lo haga” teniendo en cuenta que el objetivo del 23% resultaba incluso demasiado alto a algunos grupos políticos, como Vox, el Partido Popular y Ciudadanos. Este último partido proponía una reducción del 33%, pero tomando el 2005 —año pico de emisiones en España— como referencia.

Así las cosas, ¿es viable, política y técnicamente, plantear un objetivo del 55% para 2030? “Tiene que serlo”, defiende Tatiana Nuño. “Estamos en un momento que lo hace especialmente viable. Con la pandemia hemos visto una reducción de emisiones que en España llegará probablemente del 15% en 2020 [respecto al año anterior] y tenemos miles de millones de euros para garantizar una recuperación económica tras la crisis, la cual se pide que esté alineada con el Pacto Verde Europeo y el Acuerdo de París”, subraya.

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Por su parte, Asun Ruiz, directora de SEO/BirdLife, reclama que se ponga fin a la “guerra electoralista” y se apruebe una ley ambiciosa que incluya la creación de un grupo de expertos independiente “capaz de hacer un seguimiento técnico y científico” para implementar la legislación que, recuerda, “era para antes de ayer”. “Estamos ante el proceso legislativo más trascendental de la historia democrática de nuestro país”, juzga Ruiz, quien advierte del riesgo de que “quienes nos representan queden en entredicho con debates estériles sobre si los números son creíbles o no, mientras el país va camino de convertirse en el desierto de Europa”.

Fuente: El Confidencial (.com)

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