El negocio de hacer sangrar los salares

Quizás lo escucharon. “Ninguno va a venir acá a hacer minería sin cuidar el medioambiente”, dijo Mauricio Macri en enero de 2018. Tres años después, Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo del gobierno actual, agregó: “El desarrollo de esa industria es la clave para que Argentina contribuya a la revolución verde que permita aportar soluciones reales al cambio climático”.

La idea, salvando la distancia temporal y los matices lógicos que diferencian a las plataformas políticas –y simpatías al margen–, es la misma: minería a gran escala. Con foco en uno de los elementos más demandados por las industrias que controlan las chimeneas de esta, la era del crac ambiental: el litio.
Para quienes no han oído demasiado de este material, conviene explicar que se trata de un insumo clave para el desarrollo de baterías y acumuladores de energía. Las tecnológicas de la electrónica hogareña –celulares, computadoras portátiles– fueron las primeras en activar una utilización intensiva del mineral. Corría la primera mitad de la década del 90. Luego, la tendencia fue cooptada a gran escala por las automotrices y cruzada por producir vehículos que prescindan del petróleo (en franco agotamiento) como combustible.

Todos miran al litio

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Bolivia, Chile y Argentina concentran casi el 70 por ciento de las reservas probadas del elemento. Lo reconocen entidades internacionales como el USGS –sigla que hace referencia al servicio geológico estadounidense– y, por supuesto, las mismas compañías que hace más de veinte años comenzaron a instalarse por estos lares.
A su turno, las últimas gestiones políticas han abrazado todas las expresiones acuñadas por mineras y fabricantes de automóviles para referirse a la disponibilidad local de un material que no abunda en gran parte del planeta.

Desde “oro blanco” hasta “Arabia Saudita del litio”, pasando por el regional “Triángulo del litio” –Argentina, Chile, Bolivia, sus integrantes–, la retórica en torno a las regalías que podría acercar la extracción masificada del mineral no escatima grandilocuencia. 
Coincidencia de Estado. Más allá de los gobiernos.

Fronteras hacia adentro, la mayor concentración de litio tiene lugar en los salares de la Puna. Mejor dicho, debajo de ellos. El mineral aparece disuelto en líquidos que la minería denomina “salmueras” y en sociedad con otros minerales como el potasio, el magnesio y el boro. También se lo ha ubicado en rocas de formaciones en Córdoba y San Luis, pero hasta el momento la forma más económica de sacarlo es rompiendo el piso de las salinas.

Es esa acción minera el aspecto que, detallan los expertos que vienen siguiendo de cerca los proyectos de explotación de litio en la Argentina, hace de la actividad un auténtico atentado al ambiente, la biodiversidad y la supervivencia de las comunidades que habitan los territorios que abrigan el metal.

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Ariel Slipak es economista, docente universitario y uno de los investigadores que mejor expone el impacto negativo que genera esta extracción. En una charla que sostuvimos recientemente, y previo a ahondar en los detalles respecto de quienes ostentan la manija privada del negocio, el especialista mencionó la primera gran consecuencia negativa que genera esta actividad: acaba con las pocas reservas de agua disponibles en la Puna, zona de reconocida aridez.

“Se perfora la costra salina y se bombea esa salmuera de distintos niveles según las características del salar. Este se nutre del agua de los hielos y las escasas precipitaciones que ocurren en la región. La salmuera va a parar a un piletón, luego va pasando a otros. En el proceso, además, se utilizan químicos. Ese bombeo genera un desequilibrio hídrico”, me comentó.

Cuando llueve, por ejemplo, parte del agua que cae nutre al salar y el resto queda en las napas a la vera de las salinas. Cuando se hace el bombeo, el salar –que tiene su propio equilibrio hídrico– utiliza para su recarga justamente el agua de las napas cercanas. O sea, termina secando todo lo que está alrededor. Desaparecen las napas que proveen a las comunidades y mantienen la vida de los ecosistemas en la Puna

agregó.

Slipak sostiene que el desastre no termina ahí. “Los elementos químicos que se utilizan en el proceso de separación del litio se acumulan en lodos. Ninguna de las empresas que hacen esa minería en el Norte explicó hasta ahora qué hace con esos residuos. Nadie que realmente hable de sustentabilidad puede justificar una técnica de tanto impacto negativo como el bombeo de salmueras”, dijo.

Silenciar a las comunidades

Según datos del Ministerio de Desarrollo Productivo, la actividad minera en torno al litio suma 2 proyectos en funcionamiento –Fénix y Olaroz–, 2 en construcción –Centenario Ratones y Cauchari-Olaroz–, 10 en etapa de evaluación económica –Sal de Vida, Salar del Rincón, Tres Quebradas, Pastos Grandes y Mariana, entre otros– y 6 en la instancia de exploración avanzada –Sal de Oro, Rincón, Río Grande, Gallego y Kachi–. 

La dependencia oficial también da cuenta de otros “40 proyectos tempranos”. Es decir, en alguna instancia de evaluación. Tanto los que ya están operando como los que aparecen anotados en alguna carpeta extractivista comparten dos particularidades funestas: la primera de ellas, la ausencia de estudios de impacto ambiental que se conozcan.

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La segunda: son impulsados sin respeto alguno por normas como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que, entre otras pautas, establece como obligación la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios.

Nada de eso tiene lugar en la Puna, donde el esquema de mando feudal sigue perpetuándose incluso a la sombra de las urnas.

En el Norte argentino los derechos se secan más rápido que las napas. Y no sólo por obra y gracia de las compañías que cosechan millones a partir del litio que sangran los salares: el escenario vigente no es más que la expresión mejor acabada de una política de Estado que, como ocurre en otros ámbitos también cruzados por el extractivismo, apaña y –en más de un sentido– estimula el saqueo.

Ejemplo reciente de esto último: la decisión de la actual gestión de impulsar una “Ley de Movilidad Sustentable” que habilita beneficios e incentivos fiscales para ‘estimular la inversión privada que permita desarrollar tanto la fase primaria de litio como la industrialización y la producción de baterías y vehículos eléctricos’”. El textual pertenece a un comunicado divulgado por Desarrollo Productivo el 8 de abril de este año.

Los esfuerzos de la política imperante por trastocar el sentido del concepto “sustentabilidad” quedan en evidencia en cuanto se vuelven a repasar las características del método de bombeo de salmueras que utilizan todas las mineras del litio en los salares de la Puna.

“Argentina no ha desarrollado una propuesta general específica en relación al litio y se dispone a propiciar la explotación minera articulada a las corporaciones globales”, puede leerse en “Litio en Sudamérica: Geopolítica, energía, territorios” (Editorial El Colectivo), libro que expone la labor de expertos de CLACSO en torno al impacto que genera esa minería en esta parte del mundo. Coordinada por Bruno Fornillo, la obra –disponible, liberada, para su lectura en Internet–reúne artículos de Melisa Argento, Martina Gamba, Martín Kazimierski, Florencia Puente, Gustavo Romeo, Elaine Santos, Santiago Urrutia y el mismo Slipak, entre otros expertos.

En el volumen se señala que, en lo que hace al desempeño de las mineras que concentran su actividad en la extracción de ese metal, “las empresas solo acercan una etérea responsabilidad empresarial como modo de división y cooptación, desconociendo la necesidad de realizar consultas previas, libres e informadas. Adicionalmente, en este país solo algunas comunidades poseen títulos de propiedad en los territorios y no participan en las decisiones, ni en las ganancias ni en la gestión de los proyectos”.

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“… en la Argentina ni siquiera es posible ingresar a las áreas de explotación para realizar estudios hidrológicos sin el permiso (nunca otorgado) de las firmas extractivas”, se expone en otro apartado. Se señala, además, que el Estado “ha dejado la cuestión ambiental al arbitrio de las empresas extractivas, desconoce la soberanía efectiva de las comunidades y desperdicia su entramado científico”.

Los expertos señalan, también, que todos los salares argentinos tienen pedidos de exploración elevado por firmas extranjeras, lo cual les garantiza el control de esos territorios.  “… muy posiblemente el país se torne en uno de los mayores exportadores de litio del mundo, sino el principal. En las antípodas de considerar eso un logro, será la constatación de la evidente sobreexplotación de su naturaleza, la externalización de las ganancias mientras se ve pasar un “excedente infecundo”, la condena a un intercambio desigual en el marco de un colonialismo verde, y la imposibilidad última de generar el entramado científico-tecnológico que haga de base a una transición socio-energética de raíz local”, se expone sobre el final del libro. 

Litio para qué

Aunque el litio marca presencia en buena parte de los dispositivos tecnológicos que usamos a diario, lo cierto es que su extracción a gran escala cobró forma por la decisión de los grandes grupos automotrices de migrar hacia la producción de vehículos eléctricos.

En la actualidad, ese mercado es hasta 8 veces más grande que el inherente a la generación de pilas y baterías para electrónica de consumo. Por estos días, prácticamente el 40 por ciento del elemento que se extrae termina en las fábricas y laboratorios de las principales marcas comercializadoras de autos y se estima que hacia 2026 ese nicho explicará el 70 por ciento del consumo mundial de litio.

La decisión de garantizarse el mineral es el aspecto que explica la presencia Toyota en el proyecto jujeño de Olaroz, donde mantiene una sociedad fuerte con la australiana Orocobre. La asiática posee el 25 por ciento de las acciones del proyecto, mientras que la empresa de Oceanía controla el 66,5 por ciento. El 8,5 por ciento restante es propiedad de la estatal jujeña JEMSE.

También es la causa detrás del acuerdo de abastecimiento del elemento que, a fines de marzo de este año, rubricaron Livent –controlante del proyecto Fénix– y BMW Group.

La construcción de Cauchari-Olaroz, en tanto, corre por cuenta del binomio Lithium Americas-Ganfeng con, otra vez, participación minoritaria de JEMSE. La primera cuenta con participación accionaria de la automotriz canadiense Magna, mientras que la segunda es un gigante chino que marca el pulso del procesamiento del litio a nivel planetario.

Ganfeng mantiene contratos vigentes de provisión de litio con “pesos pesados” de la producción de automóviles como Tesla, Volkswagen y BMW, para el desarrollo de vehículos híbridos o directamente eléctricos. Por su parte, la francesa Eramet, que aún debate la construcción del emprendimiento Centenario Ratones, posee acuerdos con la también gala Bolloré –produce vehículos eléctricos–.

La venia política a la depredación está explicitada hasta en el material de promoción del litio que la cartera de Desarrollo Productivo distribuye entre los potenciales interesados en el negocio. En una presentación de enero de 2020 el ministerio expone, como atributos domésticos para captar inversiones, los siguientes puntos:

• País pacífico con democracia estable y ausencia de conflictos sociales.
• Entorno emprendedor innovador instalado y altamente calificado para la provisión de bienes y servicios mineros.
• Proyectos de clase mundial de cobre y litio por desarrollar para abastecer el boom de la electromovilidad.
• Legislación sin minerales restringidos, tope de regalías del 3 por ciento y abierta a nuevas inversiones mineras.
• Decisión y gestión política para poner en valor el potencial geológico minero.

“La política utiliza la idea de electromovilidad de la que se habla en el mundo como una excusa para legitimar el avance de decenas de proyectos extractivos. Hablan de instalar plantas de baterías siendo que se van a importar los elementos y no se utilizará la capacidad científica local. Argentina ni siquiera ha ascendido en aspectos básicos de la actividad del litio como el procesamiento de sales”, me dice Slipak.

“Inclusive en la valoración economicista a la que apelan en el discurso están retrocediendo. Orocobre saca carbonato de litio de Argentina y se prepara para transformarlo en hidróxido para baterías en Japón. La empresa ha anticipado esto hasta por escrito. Ese hidróxido luego abastecerá a Panasonic y Toyota. Desde la perspectiva de mostrarse industrialistas, el sector político legitima una mega minería que, incluso en los mismos términos que ellos postulan en sus declaraciones, implica menos valor agregado, menos empleo y hasta menos recaudación fiscal”, afirmó.

Slipak volvió a exponer la nula circulación de datos inherentes a los estudios de impacto ambiental detrás de cada proyecto –que, celosamente, permanecen bajo potestad de las mineras– y, en simultáneo, señaló la violación del convenio 169 de la OIT. “Quieren avanzar con proyectos de estas características en toda la Puna. En el caso de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, el gobierno jujeño está empecinado en avanzar. Al reclamo de las comunidades locales, que han diseñado protocolos como Kachi Yupi, la gobernación de esa provincia respondió con represión”, concluyó.

En esta última semana de junio, Matías Kulfas confirmó la creación de YPF Litio, una división de la petrolera estatal que intervendrá de forma directa en el negocio minero. “En coordinación con la Mesa del Litio que integran Catamarca, Jujuy y Salta”, repitió en varias radios. Los Estados, a las órdenes del mejor postor. En este caso, alineados con los amos globales de la tecnología que aliena y una redefinición del concepto de sustentabilidad que en realidad auspicia el suicidio, la tragedia socioambiental. Dueños, ellos también, de los salares de la Puna. Que hoy sangran para alumbrar el auto del futuro primer mundo.

Fuente: Editorial Sudestada (.com.ar)