Negados por gobiernos pro transgénicos, los docentes rurales no cesan su labor alfabetizadora en los territorios donde manda el agrotóxico. Una historia de sacrificios y abandono oficial
Alimentos y Tóxicos 22/06/2021
Como ese día el veneno estaba para el lado de la escuela, nos pegó en la piel, en la cara. Nos ardía todo. Los chicos empezaron a tener problemas respiratorios en el mismo momento de la fumigación. Empezó la tos, la picazón en la garganta, por lo que inmediatamente los llevamos al aula y los dejamos encerrados. Tanto el fumigador como el arrendatario dijeron que nunca supieron que este lugar era una escuela. En el momento en que echaron agroquímicos los chicos corrían por el patio con sus guardapolvos, estaba la bandera inmensa izada, y además se veía muy claro el cartel que dice ‘Escuela número 66’.
Quien cuenta es Estela Lemes, directora del establecimiento Bartolito Mitre de Costa Uruguay Sur, en el departamento de Gualeguaychú, Entre Ríos. Ella no lo sabe, pero es el primer testimonio de una persona envenenada con agrotóxicos que escucho en directo. Es diciembre de 2012 y la docente me acerca detalles de la fumigación que, junto a sus alumnos, sufriera tres meses antes.
Lemes no lo supo entonces, pero esa charla inició mi primera investigación sobre el impacto socioambiental que provocan los agrotóxicos en la Argentina. Ni ella ni yo tampoco podríamos haber adivinado en aquel momento que esa conversación derivaría, también, en este artículo. Porque sí: la columna que ustedes leen ahora, lo sé en este momento, empezó a escribirse hace casi una década.
El ataque que sufrieron Estela y las chicas y chicos de la Bartolito Mitre fue y es representativo de una práctica que se mantiene como estandarte del agronegocio transgénico: las fumigaciones sobre escuelas rurales. Ejemplo cercano en el tiempo: el 11 de mayo de este año, un vehículo aplicador terrestre –mejor conocido como “mosquito”– arrojó venenos a escasos metros de la escuela 37 de Colonia El Mate, en el partido bonaerense de Trenque Lauquen.
La fumigadora pasó a 5 metros de los juegos que están en el patio. La teníamos prácticamente adentro de la escuela
contó en ese momento, a medios locales, Karina Mazaffra, directora del establecimiento.
La misma escuela ya había sufrido una fumigación en julio de 2017. Otra prueba de la impunidad de la que gozan, sobre todo en la pampa sojera, los amos y señores de la tierra, el poroto, el pesticida y la salud de todos.
La docente que resultó afectada por aquel baño de venenos se llama Marisa Covino. “Fue a las 16, estando los niños en el recreo. El 7 de julio de 2017. El profesor de gimnasia, que justo se estaba retirando, también presenció el acto de la fumigadora. Entré a los chicos a la escuela, traté de atenderlos, tranquilizarlos. Algunos manifestaron ganas de vomitar”, me detalla desde Trenque Lauquen.
El transporte escolar llegó una hora después. Y el chofer dijo haber divisado a la máquina en un extremo del cuadro. También, que sentía un gusto extraño en la boca porque los productos le llegaron a través del aire
agrega.
De regreso en 2021, en la primera semana de marzo un avión aplicador fue filmado sobrevolando una y otra vez sobre la escuela 37 de Paraje Gornatti, municipio de Pergamino.
No hay pausa en este bombardeo tóxico que, como tantos otros males sanitarios y sociales, se intensificó a partir de mediados de los años 90. Recordemos que, a principios de 1996, Felipe Solá, actual canciller, utilizó su liderazgo al frente de la Secretaría de Agricultura para aprobar la primera soja transgénica resistente al cancerígeno glifosato.
Las 61 semillas modificadas genéticamente que siguieron esa variedad inicial multiplicaron por 1.000 la aplicación de plaguicidas en apenas 20 años. Las escuelas rurales estuvieron entre las primeras alcanzadas por ese veneno directo que apadrinó el Estado recaudador.
Y en ese estadio siguen hasta hoy. También el Estado recaudador, por supuesto, que continúa mirando para otro lado cuando se exponen las muertes y enfermedades que genera la máquina agroexportadora que financia proyectos políticos.
Las estadísticas siempre son argumentos clave. Más aún cuando se trata de graficar atentados como el que sufren los docentes y alumnos de establecimientos linderos a campos fumigados. Por eso ninguno de los gobiernos se ha ocupado, al menos hasta ahora, de contabilizar las escuelas y personas que han sufrido contaminación con agrotóxicos.
Pero la razón vaga y superficial que ostentan las gestiones oficiales olvidó, otra vez, la ya longeva tradición combativa y resistente que distingue a los alfabetizadores argentinos. Maestras y maestros, en todo este tiempo de venenos manchando los guardapolvos, no han hecho más que organizarse y acentuar una lucha que se agiganta tanto en el territorio como en los tribunales.
De ese resistir brotó la Red Federal de Docentes por la Vida, una organización que –expone con contundencia en sus espacios de difusión– trabaja “en defensa de los derechos vulnerados de los alumnos, maestros y familias afectadas por el actual modelo agropecuario basado en el uso de transgénicos y agrotóxicos”.
Allí dejó su huella Ana Zabaloy, maestra fumigada de la escuela 11 de San Antonio de Areco, en la provincia de Buenos Aires. Fallecida en junio de 2019, su cuerpo padeció los efectos de venenos como el 2,4-D, bomba química que integró el Agente Naranja utilizado en la guerra de Vietnam.
Somos testigos obligados del costo humano del actual sistema productivo. Vimos a nuestros alumnos sufrir los efectos de las fumigaciones en la salud, así como si la Constitución Nacional y los derechos del niño ni la mismísima ley de educación nacional no fueron aplicables a los niños de las zonas rurales ni a sus familias, todos rociados con venenos por aire y tierra. Sin posibilidad de reclamar porque esto significaría pagar el precio de quedar sin casa y sin trabajo en el mismo instante de abrir la boca. Las docentes rurales somos testigos de esa impotencia y de toda la impunidad de los que producen a costa de nuestra salud, de la salud de todos
escribió Zabaloy en una carta que se divulgó hace algo más de cuatro años.
La gesta encarnada por la Red Federal de Docentes por la Vida que impulsó y militó la docente –y que también integra Daniela Dubois, de ayuda clave para la concreción de esta columna– redundó en actividades como el 1° Encuentro Regional de Pueblos y Ciudades Fumigadas que se llevó a cabo en noviembre de 2018. Fue en esa experiencia, espacio donde se abordó tanto el desastre sanitario como la reacción que originó el mismo dolor, que emergieron cifras y estimaciones totalmente omitidas por el Estado.
Sí: el mismo Estado del que forman parte las escuelas rurales fumigadas.
En el transcurso de la actividad se expuso que en sólo cuatro provincias –Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires– los establecimientos situados en zonas pulverizadas con agrovenenos suman al menos 5.000. Y se estimó “en más de 700.000 niñxs y adolescentes” los alumnos que “son fumigadxs en horarios de clase, mientras ejercen su derecho a la educación en las escuelas rurales del país”, según el material de prensa divulgado en la previa a la actividad.
En ese encuentro alguien recordó lo ocurrido en septiembre de 2014 en inmediaciones de la escuela Martín Fierro, en el paraje El Relincho, municipio de Coronel Suárez. En horario de clases, un productor aplicó 2,4-D y dicamba a menos de 100 metros del establecimiento.
Activada la denuncia judicial, Elisa Loffler, directora de la Martín Fierro entre 2007 y 2012, aportó un testimonio contundente que derivó en la decisión del Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 de Bahía Blanca de ordenar la suspensión de las fumigaciones terrestres a menos de 1.000 metros de la escuela. Elisa dijo haber sufrido diversas pulverizaciones en su etapa al frente de la institución.
Las declaraciones de otro docente rural, Gabriel Molinero, apuntalaron estos dichos. También fue clave el rol de un funcionario que, por acompañar la lucha docente y privilegiar la salud de niñas y niños, perdió su puesto: Emanuel Garrido, por entonces director de medioambiente de Coronel Suárez.
“¿Casi 10 años ya? Mirá que ha pasado de todo. Hoy tenemos 109 alumnos. Se hizo un barrio cerca de la escuela. En aquella época eran 13 gurises. La primera historia clínica que me hicieron, firmada por el doctor (Santiago) Sanfilippo estableció que sufro una neuropatía tóxica por exposición a agroquímicos. A los tres meses de aquella fumigación de 2012 empecé a sentir la falta de aire, la pérdida de equilibrio, los problemas para caminar. Me trataron en el hospital Fernández de Buenos Aires y después me hice análisis en Mar del Plata. La evaluación en sangre me dio positivo en insecticida clorpirifos. Y en la orina me encontraron glifosato. Entre la fumigación y esos análisis transcurrió un lapso de año y medio. Aunque no volví a tener contacto tras esa aplicación, los venenos seguían ahí”.
El miércoles pasado Estela Lemes me habló de consecuencias. Pero también de la cruzada que lleva adelante y que en abril de este año le acercó una buena noticia: la Sala II Laboral de la Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú reconoció que su enfermedad es consecuencia de las fumigaciones y ordenó a la ART del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos que indemnice la a docente y se haga cargo de su tratamiento.
Más allá de esta decisión, el peligro siempre está latente. Sigo siendo la directora de la Bartolito Mitre y el decreto vigente en Entre Ríos permite que los productores fumiguen con agrotóxicos a una cuadra de la escuela. Sigo adelante con una demanda contra los dueños y el arrendatario del campo en el que se hizo la fumigación que me afectó. Pero lo cierto es que una deriva generada por las pulverizaciones que sigue permitiendo la Provincia podría acentuar los problemas de salud que sufro
advierte.
El 3 de octubre de 2017 el tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay condenó a un año y seis meses de prisión –de cumplimiento condicional– a Erminio Bernardo Rodríguez, titular de la firma de pulverizaciones Villaguay Aero Litoral SA, y fijó la misma pena para José Mario Honecker y César Martín Visconti, titular de un campo donde se concretaron fumigaciones y piloto aplicador, respectivamente.
Los delitos corroborados: lesiones leves culposas y contaminación ambiental.
La pena llegó como resultado de una aplicación de plaguicidas que contaminó a la escuela 44 de Colonia Santa Anita, siempre en Entre Ríos, el 4 de diciembre de 2014. El envenenamiento afectó a cinco chicos que estaban en clases y una docente clave en la contienda judicial contra el uso de agrotóxicos junto a establecimientos rurales: Mariela Leiva.
La resolución judicial, hecho histórico para las nunca favorecidas comunidades fumigadas, quedó firme en septiembre de 2018 tras sortear sucesivas apelaciones. Más allá de la victoria obtenida, Leiva no se detiene y hoy su mirada está puesta en la falta de respuestas del Estado ante la situación sanitaria que atraviesan las víctimas de las pulverizaciones.
Quiero hacer hincapié en el abandono que sufren nuestros gurises, nuestros alumnos y los docentes. Esos niños que fueron afectados en 2014 hoy son jóvenes y su salud no recibió ninguna clase de seguimiento por parte del Estado. Son chicos que a la semana siguiente de ocurrida la pulverización siguieron con síntomas como vómitos, dolores de cabeza, de panza, retorcijones, erupciones en la piel
me comenta desde su casa en Basabilbaso.
Para enseguida remarcar: “Nadie se preocupó por ellos. La salud de esos niños no fue seguida. Y hoy esas niñas y niños tienen secuelas”.
Leiva no titubea al definir al Estado como un actor “ausente en tanto los derechos de los niños no están siendo respetados en las escuelas rurales”. Y desnuda, también, una cobardía judicial imperante que, sin inmutarse, hace caso omiso a los pedidos de mayores distancias para las aplicaciones de agrotóxicos.
Organizaciones de las que soy parte como AGMER –sigla que refiere a la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos–, el Foro Ecologista de Paraná, presentamos pruebas ante la Justicia para exigir mayores distancias para las aplicaciones. Por distintos análisis pudimos probar que los niños tienen daño genético. Sin embargo, el gobernador de Entre Ríos nos dio un revés
enfatiza, dando cuenta del decreto al que antes hiciera referencia Estela Lemes.
Hay un dejo de decepción en la voz de Mariela. Pero eso lejos está de significar que Leiva ha frenado su marcha. Por lejos, todo lo contrario. Seguirá yendo hacia adelante. Amparada en una máxima que defiende con el cuerpo, tal como lo hacen sus colegas también fumigadas.
“Poder vivir y trabajar en un ambiente sano es un derecho humano”, dice Mariela. Porque “esta lucha es, también, un antes y un después en nuestras vidas. Y por eso mismo nos toca seguir”.
Por “las docentes y, por supuesto que también, por aquellas comunidades que sufren fumigaciones aunque a veces no sean conscientes de ello”, acota. Porque la vida lo vale y así lo enseña cada educador rural en esa aula que, celosamente, acecha el agronegocio. Y porque, que quede claro, maestra fumigada es la que lucha.
Fuente: Editorial Sudestada (.com.ar)
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