Dr. José Alberto Esaín: "Puede traer una pérdida de la capacidad de control del Estado…"

En el transitar de conocer más sobre el tema (casi único) que atraviesa a la Argentina, los testimonios de personas con experiencia y conocimiento son imprescindibles a la hora de “poner blanco sobre negro”.

Buscando una mirada más, desde el lado de la apreciación ambientalista, PESCARE  dialogó con el abogado y Master en Derecho Ambiental, Dr. José Alberto Esaín.

Desde el lugar que ocupa el derecho referido al medioambiente, el letrado sostuvo que “básicamente lo que yo observo, está relacionado con que hay un problema muy grave, que es la eliminación del requisito del desembarque en puerto, lo que puede traer como consecuencia es una pérdida de la capacidad de control del Estado, respecto de la actividad que se realiza con relación al recurso, permitiendo tanto transbordo como desembarco en puertos que están fuera del control de la jurisdicción nacional.”

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Ese es un problema muy grande para cualquier mecanismo que el Estado quiere implementar de control, respecto al esfuerzo que se hace sobre el recurso del sistema productivo.

sostuvo el abogado.

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Eso sería en líneas generales podríamos decir, ¿y desde el Derecho Ambiental?

Por una posición ideológica, moral, de Derecho Ambiental, mi posición es una posición que no es una posición extrema, lo que creo es que los recursos se deben utilizar de manera racional, permitiendo la sostenibilidad en el tiempo, permitiendo que las generaciones futuras puedan gozar del mismo recurso para satisfacer sus necesidades que la generación presente.

Esta falta de control puede traer un problema muy grande, que uno no puede tener control respecto a la actividad que se realiza sobre el recurso, y por lo tanto esto puede conspirar contra la pérdida de muchas especies, ponerlas en crisis y provocar una pérdida.

Además tiene un efecto colateral que es este: en el mundo existe una política de lucha contra la pesca ilegal, no declarada, no registrada y no reglamentada si lo ajustamos al nombre técnico.

Los países de la Unión Europea, Estados Unidos, que reciben exportaciones de productos pesqueros, impiden las exportaciones de los países que no tienen una política fuerte en esa materia. Este tipo de retrocesos, este tipo de reformas, pueden provocar un retroceso también en ese sentido. Pueden ser problemáticas porque pueden incidir en la balanza comercial Argentina.

Valdría decir que a la hora de la reforma ni siquiera se ha tenido en cuenta esta última apreciación que usted hace y que también se debería poner sobre la mesa.

Claro, es así, no se hizo una evaluación de la incidencia que tiene la reforma en materia de exportaciones en materiales de exportaciones para la Argentina. Lo mismo pasa con el artículo que reforma la Ley de Bosques. Hay un artículo que elimina la deforestación en las categorías 1 y 2 de bosques, y Europa está exigiendo en el Reglamento de Lucha contra la Deforestación, que los países luchen contra la deforestación, si no, no les deja ingresar, entre otras cosas, carne y soja.

Si se reforman esos artículos, puede tener como consecuencia, siendo pragmático -no hablando de temas de derecho ambiental-, siendo bien economicistas, podemos tener una salida del ingreso, en la pérdida de mercados y la condena a trabajar en mercados que tienen un valor mucho más bajo los productos, mercados mucho menos desarrollados.

Básicamente, en lugar de avanzar o al menos poder mantener algunos mercados, entraríamos en retroceso y Europa exige una política de lucha contra las políticas pesqueras ilegales, no declaradas y no reglamentadas, por eso el Dr. Esain sostiene que “que hay que evaluar desde el punto de vista económico la incidencia que tiene para las exportaciones argentinas”.

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Además la reforma de la Ley de Pesca tiene otros inconvenientes graves. Por ejemplo licúa el poder del Consejo Federal Pesquero, lo reduce, lo erosiona, y ese órgano es el órgano donde las provincias se encuentran representadas.  La ley está pensada para coordinar, para concertar los intereses de las aguas de jurisdicción y dominio de las provincias, con las aguas de jurisdicción nacional.

sostuvo el especialista también abogado de CEPA.

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“¿Cómo hace la ley para resolver eso? forma un consejo en donde están todos los actores, provincias y Nación (Poder Ejecutivo Nacional) para decidir sobre ese sector común. Si uno  bombardea ese órgano, corre el riesgo de licuar los derechos que tienen las provincias para tomar decisiones sobre un espacio común. La Ley tiene sobre el final, un mecanismo de adhesión las provincias. Estas adhieren y envían sus representantes al Consejo”, manifestó el abogado.

Llevando más claridad ante tanta maraña informativa y de conceptos, el jurista que posee un Master en la Universidad del País Vasco, relató que “si esta reforma unilateral por el orden jurídico nacional (porque es una “ley contrato” del formato de las llamadas leyes de adhesión), si una parte, Nación, unilateralmente produce una reforma, las provincias podrían revisar su adhesión, y desavenir a la Ley, porque el órgano en el cual se veían representadas, no está siendo un órgano que tenga la capacidad política de toma de decisión.”

Esta es una las visiones que prácticamente nadie tuvo en cuenta con respecto a la adhesión o no de las provincias. Entiendo que las provincias podrían no adherir, ¿esto es así?

Hoy están adheridas, lo que podrían hacer, es denunciar el Régimen, lo que pueden hacer es: aprobada la reforma, decir “me voy del sistema”. Se corre ese riesgo con una reforma unilateral, aunque alguien podría decir “si los Senadores de las Provincias, aprueban estas reformas, las provincias estarían también adelantando una adhesión”.

El problema central con que arranqué mi explicación era: se licúa el órgano donde las provincias participan. Si le sacan funciones al Consejo Federal Pesquero, las provincias tranquilamente podrían poner el grito en el cielo y desaderir de la ley. Eso traería un descalabro del sistema. Por eso es que la reforma, es una reforma que abre una caja de Pandora. Usted no lo sabe el proceso, en una ley convenio, cómo puede terminar, porque la Ley de Pesca es una ley convenio.

Uno de los problemas que tiene esta Ley Ómnibus, es que está reformulando, reformando muchas leyes de diferente naturaleza, en materia ambiental, desde presupuestos mínimos, en materia de pesca leyes convenio como es la Ley de Pesca. Todas esas reformas de un plumazo, sin considerar el formato que tiene cada una de las normas, es un tema.

Corriéndonos un poco del tema pesquero, aunque tiene vinculación, ¿cómo ve desde su lugar de jurista el tema de las prospecciones offshore que se están realizando?

Hoy hay seis, siete proyectos que están en diferentes estados de tramitación ante el Ministerio de Ambiente de Nación. Los trámites de evaluación de impacto ambiental, en algunos casos se han celebrado en audiencias públicas, en noviembre del año pasado se celebró una audiencia pública por uno de los proyectos. Son proyectos en muy diferentes áreas de jurisdicción nacional en el mar. Algún proyecto está bastante cercano a la costa de Mar del Plata, inclusive más cerca que el proyecto que más ruido trajo, todavía en ese trámite no se convocó audiencia pública, pero es un tema sobre el cual me parece que debería la ciudadanía Mar del Plata, las empresas de Mar del Plata, empezar a poner el foco, no digo para que no se haga, sino para revisar los aspectos técnicos y evitar que traigan impactos y sobre todo consecuencias a las actividades pesqueras o productivas que la ciudad tiene, porque es un proyecto, que a diferencia del proyecto más conocido que estaba como más de 300 kilómetros, este está a alrededor de 170 kilómetros de la costa.

Este sería un proyecto nuevo…

No tan nuevo porque está en trámite hace tiempo, ahora está en instancia de que en algún momento se convoque a audiencia pública. Sería interesante que las autoridades, los sectores productivos, puedan intervenir y corregir si hay aspectos del proyecto que necesitan ser corregidos. No estamos en contra de la actividad, pero lo que sí queremos, es que se realice con todos los recaudos necesarios para evitar que haya impactos que puedan ser graves sobre la población, la salud, el medio ambiente, las actividades productivas de la ciudad.

¿Se tendrían que “dar la mano” la actividad de la exploración offshore con la pesca para sacar esto adelante y que ninguno se vea perjudicado?

Nunca la pesca estuvo peleada, no debería darse la mano con alguien con quien que nunca estuvo peleado, no es necesario.

Se lo digo desde el punto de vista de realizar acuerdos, ya que no han tenido conflictos, y realizara acciones en conjunto en buenos términos y decir: vamos para adelante.

Hablo ahora como abogado de CEPA. Lo que ha hecho la cámara, es ser celoso, revisando que los proyectos no tuvieran consecuencias ambientales, cuando las había las señalamos, muchas fueron tomadas en cuenta y se corrigieron. Se tomó con mucha responsabilidad los trámites y en ese sentido la postura es que las actividades en el mar, nadie puede arrobarse que sea dueña del mar, por lo tanto las actividades en el mar se realizan entre diferentes actores.

Lo único que sí es necesario, es que el Estado intervenga ejercitando el poder de policía y evitando que haya consecuencias para otras actividades productivas, de pesca o las consecuencias que puede tener para el ambiente.

Las consecuencias que se produzcan sobre el ambiente, por la actividad hidrocarburífera, repercutirá también sobre la pesca, porque es la pesca utiliza un recurso que depende del ambiente. Está todo interrelacionado. Esa es la postura que siempre ha tenido CEPA y yo también personalmente. Nunca he estado en contra de la actividad hidrocarburífera.

Ahora sí creo que es una actividad que debe ir desinteresándose, el país debería tener una política de energía renovable, avanzar en eso y pensar en este tipo de actividades en un marco de una transición energética, pero no pensarse como un país, que en el futuro pueda tener este tipo de desarrollo, porque la economía del mundo que viene, es una economía que va a ir desinteresándose de este tipo de energías.