Las arenas silíceas poseen un valor estratégico para la industria hidrocarburífera ya que constituyen un insumo indispensable para el proceso de fractura o fracking que se realiza en forma masiva en la provincia de Neuquén.
Minería y Extracción de Recursos 01/12/2022
Marcos Bach
El medio ambiental La Política Ambiental desarrolló un detallado artículo sobre la creciente demanda de arena, la cual se multiplicó en los proyectos extractivos en canteras nacionales, especialmente aquellas ubicadas en Entre Ríos, que se caracterizan por la alta pureza de sílice y bajos cánones impositivos. El ritmo y la escala de producción de Vaca Muerta generó un boom minero en zonas de humedales que despierta preocupación en pobladores locales y organizaciones ambientales por el uso del agua, el deterioro del suelo y la contaminación.
Ante los sucesivos reclamos de vecinos, el Juzgado Federal de Gualeguaychú dispuso en mayo de este año el cese de actividades de nueve canteras de arenas silíceas en Ibicuy y Gualeguaychú por 45 días por reiterados incumplimientos ambientales y, recientemente, la clausura definitiva por contaminación ambiental de la empresa Cristamine S.A, una de las compañías más relevantes del país. Esta medida pone en relieve la necesidad de pensar de forma integral los impactos sociales y ambientales del fracking en Argentina.
Para poder extraer hidrocarburos en formaciones no convencionales, como los de Vaca Muerta, se requiere la aplicación del método de fractura hidráulica o fracking. Esta técnica consiste en perforar verticalmente la superficie y luego inyectar a gran presión agua (95%) mezclada con arena silícea (4,5%) y productos químicos (0,5%) para producir subterráneamente una red de fracturas horizontales interconectadas que permiten que el hidrocarburo fluya desde los poros de la roca hacia el pozo de producción. En este proceso, la arena es indispensable ya que permite mantener abierta la fractura y permite drenar los hidrocarburos hacia la superficie.
En nuestro país la producción no convencional no se detiene y avanza a pasos agigantados. Según los datos oficiales, este año se realizaron 12 mil fracturas que demandaron 3,5 millones de toneladas de arenas silíceas. Es decir que a medida que aumenta la curva de producción no convencional, la actividad minera se expande en diferentes territorios de forma desorganizada y en muchas ocasiones sin cumplir con los estándares ambientales establecidos por ley.
Referido al valor estratégico y económico de la arena, las empresas de hidrocarburos buscan abaratar al máximo los costos y por ende prefieren explotar las canteras nacionales antes que importarlas del exterior, construyendo vínculos sólidos y perdurables con productores mineros para evitar fallas en la entrega del suministro. Incluso, empresas como YPF han desarrollado un sofisticado andamiaje de integración vertical para su autoabastecimiento. De acuerdo a los datos publicados por la Secretaría de Política Minera (2019) hasta 2015 este insumo provenía en gran medida de Estados Unidos y China, incrementando la estructura de costos de los pozos, pero a partir de 2016 es posible identificar un aumento sostenido de la producción nacional liderada por Entre Ríos y en menor medida por Chubut (ver gráfico Nº1).
De este modo, Entre Ríos se posiciona actualmente como la principal productora de arenas silíceas del país, con más de doce empresas privadas que abastecen en un 85% a la industria hidrocarburífera. Entre las localidades que multiplicaron su producción y la instalación de plantas de lavado se encuentran Diamante e Islas de Ibicuy que desde allí trasladan el material más de 1300 kilómetros en transporte multimodal hasta llegar a la capital del fracking: Añelo (Neuquén).
En síntesis, el veloz crecimiento de la demanda generó mayores estímulos para la extracción de arenas nacionales que resultan mucho más económicas en precio que las importadas y por tanto permite abaratar los costos de producción de las fracturas. Sin embargo, el ritmo y la escala de producción no tiene la debida planificación, monitoreo y fiscalización en los territorios provocando cuestionamientos sociales.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por la Secretaría de Política Minera (2019)
El accionar conjunto de la movilización ambiental impactó inicialmente en el nivel municipal. Fruto de esta presión, y mediante un “efecto dominó”, los municipios fueron declarándose “libres de fracking” y limitando la técnica a través de sucesivas Ordenanzas municipales. Entre 2013 y 2017, 37 municipios entrerrianos prohibieron la técnica de fractura hidráulica por los posibles impactos negativos en el ambiente y la salud de las personas, entre los que se encuentran paradójicamente Diamante (2013), Ibicuy (2014) y Gualeguaychú (2016) que hoy constituyen un engranaje indispensable para el desarrollo de Vaca Muerta. Dicha presión desde abajo inició un proceso multiescalar que culminó en la sanción de la Ley Nº 10.477/17 que prohíbe expresamente “la prospección, exploración y explotación de hidrocarburos por métodos no convencionales, incluyendo la técnica de fractura hidráulica” en toda la provincia de Entre Ríos.
Entre Ríos fue pionera en la prohibición del fracking a nivel regional y esto se debe en gran medida a la acción colectiva de diferentes organizaciones socioambientales y vecinos de diferentes localidades que mediante acciones de protesta, legales y judiciales construyeron un andamiaje institucional que restringe la técnica en todo la provincia.
A pesar de la potencia de la movilización ambiental en contra del fracking y su capacidad para legislar en favor de la protección del ambiente, la extracción de arena silícea, insumo estratégico para la industria, comenzó a tener un auge en la región de humedales, modificando el uso del suelo de algunos municipios e impactando negativamente en el ambiente. Mientras el desarrollo masivo de Vaca Muerta cobra impulso, los proyectos mineros de arenas silíceas en Entre Ríos se multiplican sin tener las habilitaciones y certificados de aptitud ambiental aprobados.
La localidad de Ibicuy posee alrededor de 8 mil habitantes y se destaca por las actividades agroganaderas, explotación forestal y la pesca deportiva. En la última década, la extracción de recursos naturales no renovables, como las arenas silíceas, cobró un especial interés por la abundancia y pureza de sílice que abarata el proceso de lavado. Dado el código de minería, las minas de tercera categoría, como la arena silícea, pertenecen únicamente al propietario y el estado provincial no recibe regalías por su explotación sino que se cobran cánones relacionados a la actividad, permisos de inscripción y el cumplimiento de normas ambientales. La flexibilidad del marco regulatorio sobre estos minerales hace que el estado no logre tener un conocimiento fehaciente de cuánto producen las empresas y cuál es el canon correspondiente.
Actualmente se encuentran operando ocho empresas que se ubican dentro del ejido municipal y según los últimos datos relevados las empresas declaran despachar por día, a través de camiones bateas, 4000 toneladas de arena con destino final la localidad de Añelo. En otras palabras, desde Ibicuy salen aproximadamente 250 camiones diarios que permiten fracturar y extraer hidrocarburos en Vaca Muerta.
Ahora bien, en términos económicos ¿cuánto le queda Ibicuy? Del valor total que transporta cada camión (aproximadamente US$ 6000 si tenemos como referencia el valor de la arena en US$200) el municipio recibe por tasa municipal 4 dólares por camión, es decir $800, algo así como tres botellas de Coca-Cola de dos litros por camión, que van a las arcas fiscales del municipio.
Los ingresos fiscales por los derechos de extracción de este recurso natural no renovable constituyen el 9% de los ingresos totales anuales de Ibicuy, y si bien a primera vista parecen caudalosos, resultan insuficientes si analizamos las transformaciones territoriales y los desafíos socioambientales que genera la actividad.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Cálculo de Recursos Analíticos 2020, 2021 y 2022.
El mayor reclamo de los vecinos de Ibicuy es la degradación del principal acceso al municipio, la Ruta 45 (inaugurada en 2012), provocada por el intenso tráfico de camiones bateas que arruinó en pocos meses el pavimento y hasta el día de la fecha continúa con un estado intransitable. El exceso de carga de los camiones no sólo arruina la infraestructura vial (puentes, pavimento o señalización) sino que también conlleva una serie de aspectos negativos para la municipalidad como son los accidentes de tránsito (solo en 2020 fallecieron diez personas en este tramo), mayores demoras de los vecinos para trasladarse, presencia de gran cantidad de arena en la calzada y menores incentivos para la llegada del turismo. Este escenario provocó múltiples protestas de los vecinos y cortes de la ruta nacional 12 para exigir a las autoridades las obras correspondientes y un plan estratégico adecuar la actividad a la vida de los pobladores. Solo para dimensionar el impacto económico que tiene el excesivo tráfico de carga en la infraestructura vial, podemos tomar el costo final la obra de bacheo que se realizó en 2021 que costó $290 millones (el equivalente a diez años de tasa municipal por extracción de arenas) y que al día de la fecha ya está roto nuevamente.
El procesamiento de arena ejerce presión sobre las capas freáticas locales, lo que pone en riesgo a los ciudadanos comunes. El uso del agua potable proveniente de las napas de la Formación Talavera, la misma de la que se abastecen los vecinos, se utiliza para el proceso de lavado de arena. La cantera El Mangrullo (perteneciente a YPF S.A), está consumiendo en solo dos horas de producción lo mismo que todos los vecinos de Ibicuy en todo un día. De aquí surge una real preocupación social referida a la capacidad de carga y filtrado de las napas y la posibilidad de que acumulativamente los nueve proyectos mineros estén afectando un bien común y la vida de las personas. En este sentido la Cooperativa de Agua de Ibicuy solicitó en reiteradas oportunidades información pública a las empresas y presentó un amparo ante la justicia para conocer el estado de situación. Además de la competencia por el agua, los vecinos denuncian la falta de información pública sobre el uso de floculante (para separar la arena de los demás componentes y acelerar el proceso de producción) que puede filtrarse en el suelo.
Las transformaciones del uso del suelo en el municipio son increíbles, pasando de ser una localidad agrícola-ganadera a una minera en poco tiempo. Incluso, proyectos mineros como “La República” perteneciente a la empresa Cristamine, impactaron en los campos de producción ganadera aledaños, provocando inundaciones y contaminación de los cursos de agua. Según el Ingeniero Cadoppi “la extracción de arena en Ibicuy genera la pérdida de la capacidad productiva de los campos a perpetuidad, sea por minería o por la inundación que causa por mala praxis en los procedimientos” (Agencia AIM 2022).
Por último, no hay información clara y suficiente sobre la calidad del aire en las zonas de remoción de arenas, las cuales, como en el caso El Mangrullo, se encuentran a metros de la Escuela Rural Nº30. La aspiración de partículas de sílice puede derivar en serias complicaciones respiratorias tanto para los operarios (Esswein et.al, 2013) como para trabajadores del sector educativo y niños que carecen de medidas de seguridad adecuadas, motivo por el cual las empresas están obligadas a colocar barreras o cortinas forestales.
Ante este escenario, las organizaciones sociales, como la Fundación el Cauce Ecológico, productores agropecuarios y vecinos autoconvocados llevaron a cabo diferentes acciones (legales, contenciosas e institucionales) para exigir información y restringir la actividad en el ejido municipal de empresas que no contaban con las habilitaciones correspondientes y los Certificados de Aptitud Ambiental.
Ante la falta de respuesta de las empresas, durante 2022 la justicia provincial decidió poner freno a la actividad mediante dos acciones. En primer lugar, durante el mes de mayo, el Juzgado Federal de Gualeguaychú, en común acuerdo con la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos, dispuso el cese de actividades de nueve canteras de arenas silíceas y cuatro plantas de lavado ubicadas en Ibicuy y Gualeguaychú por 45 días dados los reiterados incumplimientos ambientales y la falta de respuesta a las intimaciones realizadas (Gobierno de Entre Ríos, 2022). Posteriormente, en el mes de octubre, el Juez Federal de Gualeguaychú ordenó la clausura definitiva de la planta de lavado de Cristamine por contaminación ambiental. Estos acontecimientos acrecentaron las tensiones entre las organizaciones de vecinos y los sectores industriales. Los primeros exigen mayor intervención del estado para fiscalizar y monitorear al sector y temen por los impactos a largo plazo. Mientras que los segundos, temen que las protestas y bloqueos deriven en el cierre de canteras impactando negativamente en los precios y producción de hidrocarburos en la Vaca Muerta.
Por lo general, cuando pensamos en los impactos socioambientales del fracking nos concentramos en las zonas de explotación hidrocarburífera, perdiendo de vista los impactos indirectos que la actividad realiza en otros territorios como la extracción de arena silícea. Necesitamos ver la “película” del fracking en Argentina a la hora de evaluar los costos monetarios e impactos socioambientales.
Es indudable que la técnica de fracking aumentará en el corto plazo la producción hidrocarburífera nacional y por tanto es de esperar que las valiosas arenas de Entre Ríos cobren mayor importancia y continúen aumentando su producción. No obstante ello, lo que también conocemos es que las compensaciones económicas no resultan satisfactorias para pobladores locales ante el riesgo ambiental y sanitario en el que se encuentran: la fragilidad de la calidad del agua para consumo humano, la falta de tratamiento de las aguas residuales, el uso de productos químicos, la calidad del aire y la afectación de campos productivos. Por ello, el gobierno de Entre Ríos en común acuerdo con los niveles inferiores debe definir un rumbo claro para la actividad con mayor fiscalización y monitoreo ambiental.
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