Empresarios reclamaron políticas de energías renovables al gobierno argentino

La Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) elaboró un punteo con propuestas para desarrollar las energías renovables en Argentina como Política de Estado en el marco de la Transición Energética.

Explican desde Ámbito, el objetivo de la entidad es que todas las fuerzas políticas del país, tanto del oficialismo como de la oposición, tomen a consideración para la planificación de la matriz energética en los próximos años.

CADER, asociación empresaria sin fines de lucro, con más de 15 años de antigüedad, pionera en la representación de la industria de las energías limpias del país, detalló las 20 propuestas para fortalecer la diversificación de la matriz energética nacional.

Desde la implementación del marco regulatorio establecido por la Ley 27.191 en 2015 y la Ley 27.424 en 2016, las energías renovables han demostrado su capacidad para contribuir a la transición energética que requiere transitar el país. El nivel de competitividad que están alcanzando las fuentes renovables ofrece una solución para construir una nueva matriz energética nacional que cumpla con los objetivos de seguridad, equidad, generación de empleo local y mitigación climática.

El rol de planificación del sector público resulta clave para traducir los objetivos nacionales en una hoja de ruta que asegure la continuidad de las inversiones, posibilitando el desarrollo industrial del país y la creación de empleo de calidad en todo el país. Según UNEP las renovables en Argentina no sólo reducen más las emisiones comparándolas con la generación de cualquier otro tipo, sino que son más baratas, reducen 31.000 millones de USD, y generan más empleo local, estimado en 133.000 nuevos empleos vs. sólo 13.000 empleos por inversiones en generación de energía tradicional. Por lo tanto, la discusión debería ser cómo financiamos tecnologías capital-intensivas y no si son más caras o más baratas, ya que ha quedado demostrado que son más eficientes. La mencionada hoja de ruta permitiría acceder al financiamiento internacional climático, que aparece como la forma más realista de atraer financiamiento de infraestructura, accesible en los términos que demanda nuestra economía, para crecer competitivamente y de forma sostenible.

Las energías renovables tienen una contribución significativa a los objetivos de descentralización, diversificación, digitalización, democratización y descarbonización de la matriz energética argentina. El objetivo de consumo eléctrico de fuentes renovables a 2025 está alineado al cumplimiento de la meta de reducción de emisiones GEI comprometida por el país en su “NDC” (National Determined Contribution).

A fin de cumplir los objetivos que plantea la Ley 27.191 para alcanzar un 20% de la matriz eléctrica en 2025 conformada por energías renovables, es necesario adoptar una política de estado de mediano y largo plazo, así como asegurar condiciones macroeconómicas estables, que permitan generar las condiciones necesarias para la financiación de los proyectos renovables y la expansión del sistema de transmisión de electricidad en alta tensión, que constituyen premisas necesarias para el desarrollo del sector.

En este sentido, el horizonte de los objetivos de la Ley 27.191 debería ser extendido a una cuota de, al menos, 30% a 2030 a fin de asegurar un sendero de transición en cumplimiento con el Acuerdo de París y, en línea con la reciente publicación del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación. Esto sería especialmente relevante para dar señales de mediano plazo para la toma de decisiones de inversión en el sector.

La evaluación de la competitividad de las tecnologías de generación requiere la consideración de las externalidades tanto negativas como positivas, que no se encuentran hoy día adecuadamente incorporadas a los precios de la energía. Las tecnologías renovables han logrado una reducción de costos que las convierte en una solución competitiva (más aún a partir de la crisis energética provocada por la invasión de Ucrania) para apoyar los objetivos de seguridad, equidad y mitigación climática de la matriz energética nacional, pero la incorporación de las externalidades sinceraría que su competitividad es aún mayor.

Resulta necesario impulsar la generación distribuida mediante el incentivo a las provincias para que adhieran a la ley federal las que aún no lo han hecho. Establecer las condiciones que posibiliten catalizar el proceso para recorrer la senda de nuestro vecino Brasil, que hoy tiene un mercado interno de alrededor 1.000 veces en tamaño respecto del nuestro, generando empleo pyme y desarrollo regional utilizando la capacidad de las redes de distribución existentes y reduciendo las pérdidas por transporte a la vez que genera conductas virtuosas en el usuario que tiende a racionalizar su demanda. Dentro de la ley federal 27.424 hay espacio para el desarrollo de distintos nichos de mercado: agro fotovoltaico, bombeo de agua, generación comunitaria y generación de escala intermedia en redes de distribución.

Esto tendrá un rol importante en la transición energética y la creación de empleo local, además de un alto impacto en las economías regionales bajando costos y viabilizando la producción competitiva de productos exportables, generando un saldo neto de divisas positivas a nivel nacional.

Simultáneamente, se deben impulsar políticas que estimulen el desarrollo de la cadena de valor industrial de todas las fuentes de energías limpias – eólica, solar fotovoltaica, solar térmica, biogás, biomasa, mini-hidroeléctrica, geotérmica, hidrógeno, entre otras – valorizando el gran potencial de recurso disponible en prácticamente toda la geografía nacional en los casos donde esto resultara competitivo.

Es clave garantizar la seguridad jurídica con el fin de honrar los compromisos asumidos en los contratos de energías renovables. La falta de crédito internacional en términos de tasa y plazos consistentes con la inversión ha impactado al sector desde 2018. Por ello, es necesario revisar lo resuelto por la Res. SE 1260/2021 a fin de desbloquear la capacidad de transmisión ocupada por proyectos afectados por tales circunstancias, que están escalando sus conflictos con el Estado Nacional ante la falta de incentivos adecuados para liberar tal capacidad, hoy ociosa en virtud de tal bloqueo (siguiendo el ejemplo de lo que se hizo para el MATER a través de la Res. SE 551/2021).

Generar incentivos a largo plazo para la ampliación del sistema de transporte de energía eléctrica, acompañando las necesidades de demanda y generación. Promover la creación de herramientas de financiamiento para el desarrollo de proyectos renovables.

Debe concebirse una legislación especial para la investigación, desarrollo, construcción y operación de proyectos de hidrógeno, que fomente tales aspectos a fin de permitir que nuestro país tome provecho del enorme potencial para la producción de hidrógeno, y derivados, y particularmente, hidrógeno producido a partir de electricidad generada desde fuentes renovables no convencionales. El hidrógeno promete ser el vector energético del futuro y el verde, su evolución en el marco de la Transición Energética. No contar con tal legislación condenará el futuro del país en materia de hidrógeno, dado que los inversores optarán por países vecinos que cuentan con similares recursos naturales, normativa de fomento ya establecida, así como una situación macroeconómica estable.

Fomentar el desarrollo de clústeres de energías renovables propiciando el potencial de las economías regionales. Desarrollar políticas que estimulen la investigación, creación de conocimiento, y el desarrollo de nuevas tecnologías renovables que se traduzcan en mayor empleo local y fortalecimiento de proveedores. Asimismo, se fomente el desarrollo y categorización de oferta académica para la capacitación de profesionales de la industria de las energías renovables.

Formalizar las relaciones laborales del sector de las energías renovables e incentivar la incorporación de las últimas novedades tecnológicas y prácticas profesionales, analizando en conjunto entre los representantes del Estado, los gremios y asociaciones empresarias. Es indispensable un plan de reconversión de la fuerza de trabajo del sector de la energía convencional hacia el renovable con el doble objetivo de la equidad social y la potenciación del proceso transformando eventuales focos de resistencia en promotores del proceso.

Las energías renovables pueden contribuir a la seguridad energética sustituyendo importaciones de hidrocarburos. Existe complementariedad entre los recursos energéticos disponibles en el país. La incorporación de energías renovables a la matriz eléctrica contribuye a asegurar el autoabastecimiento energético ante escenarios de baja producción local de gas natural, o bien la maximización de exportaciones energéticas en caso de que el desarrollo del gas natural se acelere en el país.

Las barreras ambientales al comercio internacional representan un riesgo para Argentina. Resulta clave que el país se adelante al posible establecimiento de barreras paraarancelarias relacionadas con la huella de carbono y la intensidad energética de los productos de exportación a través de la implementación de programas de neutralidad de carbono para las empresas y un mercado de certificados ambientales.

En virtud de todo ello y de muchos otros elementos que ofrecemos compartir, desde CADER, impulsamos el debate de una ley que establezca las bases para una exitosa transición energética en Argentina. Este esfuerzo se contrapone con iniciativas aisladas e inconexas, que canalizan intereses sectoriales, antes que concebir un plan estratégico integral para abordar la transición energética. La propuesta legislativa que se impulsa propone dotar al país de un marco lo suficientemente ambicioso y flexible para incorporar a su aplicación aquellos recursos, vectores y tecnologías que hoy día no se conocen, proveyendo las herramientas para ello, a través de la delegación reglamentada en la autoridad que propone crear.

Se avecina una migración en el transporte hacia la movilidad eléctrica y el hidrógeno. En ese sentido, la demanda eléctrica (tanto para la carga de vehículos eléctricos como así también para la electrolización del hidrógeno) experimentará un incremento muy por encima del crecimiento orgánico de la población. Se estima que se requerirá aproximadamente un 40% adicional de generación eléctrica para abastecer todo el transporte terrestre actualmente movilizado por combustibles fósiles. No tendría sentido una migración a la movilidad eléctrica, desde el punto de vista ambiental, si esta fuera alimentada por generación eléctrica de fuentes fósiles en lugar de energía renovable.

El éxito de la política de transición energética nacional dependerá de la construcción de capacidades del sector privado local, la eliminación de las barreras financieras y la estabilidad del marco jurídico y contractual en el largo plazo. En este sentido, el avance logrado en energías renovables hasta el presente es un activo para el país. La curva de aprendizaje transcurrida refuerza la competitividad del sector para contribuir a una transición energética eficiente que apoye el desarrollo sostenible de Argentina.