Marcos Bach
Un reciente informe de Greenpeace Argentina reveló una situación alarmante: más de 32.000 hectáreas de bosques andino-patagónicos fueron arrasadas por incendios forestales entre octubre de 2024 y marzo de 2025, lo que convierte a esta temporada en la más devastadora de los últimos 30 años.
A través del procesamiento de imágenes satelitales, la organización ambientalista detectó un aumento en la cantidad de focos y la intensidad del fuego respecto a la temporada anterior. Las provincias más golpeadas por las llamas fueron Neuquén (11.782 hectáreas quemadas), Río Negro (10.218 ha) y Chubut (9.722 ha).
La destrucción alcanzó zonas protegidas y emblemáticas como el Parque Nacional Lanín, el Nahuel Huapi y Los Alerces, todos declarados áreas de alto valor ecológico.
Greenpeace advierte que los bosques andino-patagónicos representan una de las últimas reservas mundiales de bosques templados con escasa alteración humana, y que su biodiversidad los convierte en ecosistemas clave para la salud del planeta.
En febrero de 2025, el doctor Martín Ariel Hadad, investigador de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y el Conicet, la pérdida por los incendios no solo implica la desaparición de especies autóctonas o el daño a paisajes icónicos, sino también la reducción de servicios ecosistémicos esenciales como la captación de agua, la regulación del clima y la conservación del suelo.
"Muchos de estos bosques necesitarán al menos 200 años para regenerarse, si es que logran hacerlo", advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina. En consonancia con lo que dijo, en febrero de 2025, Claudia Nardini, directora del Departamento Educativo de Aves Argentinas.
Según el informe, el 95% de los incendios forestales en Argentina son provocados por acción humana. Ya sea por negligencia —como fogatas mal apagadas, cigarrillos o quemas no controladas para pastoreo— o por prácticas deliberadas vinculadas al negocio inmobiliario o la expansión agropecuaria.
En el caso de los bosques patagónicos, a diferencia de otras regiones del país donde predominan los desmontes por agricultura intensiva, el fuego ha sido el principal responsable de la pérdida de superficie boscosa.
Agregan en Diario Huarpe, la situación se agrava con factores climáticos adversos como altas temperaturas, sequías prolongadas, vientos fuertes y baja humedad, condiciones que hacen que un pequeño foco se transforme en un incendio fuera de control.
Los efectos de los incendios no se limitan a la vegetación. Greenpeace enumera una serie de consecuencias directas e indirectas:
En localidades como Mallín Ahogado (Río Negro) o Epuyén (Chubut), los incendios no solo destruyeron naturaleza sino también hogares. Muchas familias debieron ser evacuadas y algunas perdieron todo.
Esto no es solo un problema ambiental, es también una cuestión social. El Estado debe asumir su responsabilidad y actuar con urgencia.
Argentina vive una emergencia forestal. Entre 1998 y 2023 se perdieron cerca de 7 millones de hectáreas de bosques nativos. Los incendios de esta última temporada evidenciaron las fallas estructurales en el manejo del fuego, tanto en la prevención como en la respuesta.
Desde Greenpeace señalaron que parte del presupuesto del Sistema Nacional de Manejo del Fuego no se ejecutó a tiempo, lo que dejó a brigadistas sin recursos suficientes en los momentos más críticos. Además, alertan sobre la falta de políticas públicas para erradicar especies exóticas —como los pinos— que, por sus características inflamables, aumentan el riesgo de incendios.
El consenso científico es claro: la destrucción de nuestros bosques alimenta el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y crisis humanitarias. Necesitamos penalizar a los responsables, fortalecer la prevención y actuar con una política forestal nacional seria.
Mientras los incendios estaban en la Patagonia, diversos funcionarios minimizaron la falta de prevención y buscaron culpables entre comunidades locales, en especial el pueblo mapuche. Hubo detenciones de brigadistas voluntarios y discursos que, según Greenpeace, se basaron en prejuicios racistas y xenófobos sin pruebas concretas.
En lugar de criminalizar a quienes defienden el bosque, el Estado debería garantizar recursos, educación ambiental y una política clara de conservación.
Greenpeace concluye su informe con una advertencia contundente: si no se detiene el avance sobre los bosques y no se mejora la capacidad de respuesta frente a los incendios, las consecuencias serán cada vez más graves e irreversibles.
En palabras de Giardini: “Continuar con la destrucción de nuestros bosques implica más cambio climático, desaparición de especies, desplazamientos forzados y pérdida de alimentos, maderas y medicinas. Las multas no alcanzan. Es momento de actuar con firmeza y decisión”.
Por último, Greenpeace exige la penalización efectiva de los responsables, la erradicación de especies exóticas, la ejecución total del presupuesto contra incendios y un aumento significativo en infraestructura y brigadistas forestales. Mientras tanto, el bosque espera.
